¿En qué situación se encuentra el proceso judicial contra Binyamín Netanyahu? – Por Gabriel Ben-Tasgal

Hace pocos días, los medios de comunicación de Israel informaban que un abogado defensor (de un demandado en el caso “4000”) o bien, los jueces del caso Netanyahu habían propuesto a la defensa y a la fiscalía trasladar el proceso judicial hacia una “mediación penal”. Según los informes, los letrados de Netanyahu no habían rechazado la idea. Siendo así, la Asesora Judicial del gobierno debe decidir aceptar o rechazar tal mediación en nombre de la Fiscalía.

La etapa de pruebas en los juicios contra Netanyahu (casos 1000 y 4000) comenzaron en abril del 2021 (el 2000 aún no comenzó) y, desde entonces, han pasado por el estrado muchos de los testigos “clave”. Algunos de ellos, pasaron de ser “testigos de la fiscalía” a ser declarados “hostiles” por la misma autoridad que había acordado con ellos un contrato de inmunidad previo. Otros “testigos de la fiscalía”, simplemente, han pasado a ser considerados como “reforzadores de la estrategia de la defensa”.

Resulta prácticamente imposible afirmar que los “testigos clave” han suplido las pruebas concluyentes que nos prometieron desde la fiscalía y que fueron ampliamente filtradas y repetidas por sus portavoces en los medios de comunicación afines (Aviad Glikman, Ravid Drucker o Baruj Kara del Canal 13 o Gay Peleg del Canal 12).

Ante esta incapacidad de demostrar una sentencia contundente, surge la posibilidad de una mediación penal.

¿Qué significa una mediación penal?   

Se trata de una intervención secreta, y a puertas cerradas; que en este caso, sería dirigida por un juez distinto a los tres que tratan las demandas contra Netanyahu. El mediador estudiaría todas las pruebas que van a ofrecer las partes (incluso las que aún no han sido escuchadas por los jueces) y, en base a estas, le ofrecerá a la fiscalía y a la defensa una propuesta de sentencia consensuada.

Existe una diferencia fundamental entre una mediación penal que se produce antes de escuchar a los “testigos claves” y otra que se realiza cuando hemos escuchado a buena parte de ellos, como en la actualidad.

Cuando los jueces del caso Netanyahu aconsejan a las partes dirigirse hacia una mediación penal, y lo hacen tras escuchar a los “testigos claves”, se trata de una señal más que evidente que la demanda no ha aportado las pruebas que argumentaban en la carta de acusación. En otras palabras, nos muestra que la fiscalía está en problemas y que los jueces tratan de ofrecerles una escalera para bajarse del árbol.

Desde el punto de vista público, Netanyahu podría aceptar una propuesta de sentencia que lo exculpe totalmente de la demanda de soborno (caso 4000) y que anule la acusación por “abuso de confianza” (Hafarat Emunim) en los tres casos. Sin embargo, si su deseo es borrar de raíz toda mancha penal ligada a estos procedimientos, Netanyahu debería continuar su proceso judicial hasta la sentencia final ya que, de ser declarado “inocente”, estaría en posición de blandir que sus acusaciones, al inicio de este proceso, tenían asidero. Por entonces, Netanyahu había afirmado que “no había caso en su contra” y que la fiscalía había fabricado una demanda para desplazarlo del poder.

¿En qué situación se encuentra el caso 4000?

Binyamín Netanyahu fue acusado de favorecer regulatoriamente a Shaúl Alowitz, ex propietario de la empresa telefónica “Bezek” a cambio de que la página de noticias Wallah!, de misma propiedad, cubriese de forma positiva la cadencia del Primer Ministro del Likud.

Es importante recordar que considerar buena cobertura mediática como una forma de “pago” de un soborno es un delito no tipificado por el código penal israelí (y de casi todos los países del mundo), transformándolo en una innovación jurisprudencial.

La carta de acusación original contra Netanyahu afirmaba que el actual Primer Ministro había recibido buena “cobertura mediática” siendo que la fiscalía presentaba una innumerable lista de ejemplos y el testimonio del director general de Wallah! Ylan Yeshoúa.

La supuesta buena cobertura mediática se demostraba, en muchos casos, como simples informes similares a los que recibe cualquier Primer Ministro ante cualquier acción de gobierno. Además, la cobertura tiene que ser especialmente parcial frente a la que reciben otros. Lo cierto es que durante los testimonios se demostró que el candidato del Laborismo para las elecciones del 2015, Itzjak Hertzog (actual Presidente) había sido favorecido por Wallah! Es decir, Hertzog recibió buena cobertura y no Netanyahu.

La incapacidad de demostrar que había existido buena cobertura mediática llevó a la fiscalía a pedir una corrección de la carta de demanda. Ahora argumentaban que Wallah! había accedido de forma poco habitual a las exigencias de la oficina del Primer Ministro.

Desde otra faceta del procedimiento, la fiscalía tampoco pudo demostrar que existió una reunión en donde Netanyahu le había indicado al director general del Ministerio de Comunicaciones, Shlomo Filber, beneficiar a “Bezek” (para recibir esa buena cobertura mediática). La fiscalía solicitó a los jueces que declarasen a Filber como hostil (antes, era “testigo clave de la fiscalía”), pedido que fue rechazado por los jueces.

Ante esta situación, la fiscalía volvió a solicitar una corrección de la carta de acusación ya que no pudieron demostrar que existió una orden directa de Netanyahu a Filber. Esta vez, los jueces rechazaron el pedido aunque acotaron que, teóricamente, podrían llegar a sentenciar negativamente a Netanyahu incluso sin que se demostrase que existió una reunión.

La estimación del autor de estas líneas es que la acusación por soborno contra Netanyahu, en base a los testigos presentados hasta el momento, NO se ha demostrado.

¿En qué situación se encuentra el caso 1000?

El Primer Ministro actual ha sido demandado por “abuso de confianza” al recibir regalos (por valor de un millón de shekalim – 300.000 dólares, a lo largo de una década y en habanos, alhajas y champagne) de manos de los millonarios Arnón Miltzen y James Packer. A cambio, Netanyahu promovió ciertos beneficios para Miltzen (se acusa a Netanyahu de interceder para que Miltzen reciba visa de Estados Unidos).

El juicio por el caso 1000 inició su fase de pruebas el 21 de noviembre de 2019. La testigo principal de la fiscalía, Hadass Klein (secretaria personal de Miltzen y Packer) acumuló todas las boletas de todo lo que gastaron ambos y calculó “a ojo” que el 65% de los gastos habían sido destinados en regalos para Binyamín y Sara Netanyahu. La defensa presentó pruebas que Packer fue vecino de Netanyahu en Cesárea solamente medio año y que el séquito australiano del empresario fumaba todas las noches y bebían champagne en sus suites en Tel Aviv. Por ende, parecería imposible concluir la cifra argumentada por Klein (o sea, no sería posible que de los 507 habanos, la inmensa mayoría fueron destinado como regalos a Netanyahu). Klein también argumento que el 70% del champagne que adquirió Miltzen fueron destinados al actual Primer Ministro. La defensa, liderada por el brillante abogado Amit Hadad demostró que el conductor de Miltzen, Yonathan Jasón, entregó no más de 25 paquetes en 6 años en regalos de bebidas para Netanyahu en su casa de Primer Ministro (Balfour). En esos seis años entregó 10 paquetes de habanos solamente, declaró Jasón.

Existe una importante diferencia en las cifras que presentó la fiscalía y la respuesta de la defensa. De acuerdo a los números de los abogados de Netanyahu, los regalos al amigo de Miltzen y Packer, Binyamín Netanyahu, fueron destinados a la pareja y no solamente a uno de ellos, en el marco de regalos mutuos (aprobados en una carta consultiva de abogados respetables que le dijeron a Netanyahu que entre amigos se pueden hacer regalos) y cuyo monto no supera el 15% de lo presentado en la demanda. Es decir, los abogados afirman que los habanos y champagne recibidos por la pareja Netanyahu no superan los 150.000 shekel (42.800 dólares).  

¿Qué debería preocupar a los defensores del estado de derecho?

El caso contra Netanyahu ha despertado espesos nubarrones que manchan a la fiscalía israelí. Últimamente, la absolución de la acusación por asesinato de Roman Zadorov dañó aún más la imagen de los abogados públicos. Hablamos de un israelí mantenido en prisión por 16 años, en donde la fiscalía se obsesionó por mantener su culpabilidad sin las pruebas suficientes. Es posible decir que la fiscalía israelí vivió sus días más corruptos y lúgubres bajo el liderazgo de Shay Nitzán.

El caso contra Netanyahu se ha transformado en un procedimiento que pone en tela de juicio a la fiscalía y a la policía israelí. Filtraciones a la prensa que violan el principio de “Subjudice”, una investigación que se abrió sin la autorización legal necesaria del Asesor Judicial del Gobierno y una suma de procedimientos que violan el principio del “Fruto del árbol envenenado”. Aunque no está tipificado como un delito el conseguir pruebas incriminatorias violando la ley, el hecho que la policía israelí exponga a un testigo frente a su amante para darle a entender que si no les decía lo que querían escuchar destruirían a su familia, o bien detener a una anciana enferma para su hijo declare lo conveniente… son procedimientos que cuestionan si la alianza entre la policía y la fiscalía efectivamente buscaban conocer la verdad, o bien, perseguían la cabeza del actual Primer Ministro. En este sentido, una de las testigos claves fue la Dr. Ifat Ben Jai Seguev, directora entre 2014-2018 de la comisión de cables y emisiones satelitales. En su testimonio, Jai Seguev acusó literalmente a la fiscalia-policía de exigir la cabeza de Netanyahu manipulando su testimonio.

¿Tiene que ver todo lo aquí expuesto con la iniciativa para una reforma judicial?

La respuesta es afirmativa pero no por lo que suelen declarar los que se oponen a la reforma. Dichos portavoces suelen argumentar que, en caso de revisión de la causa contra Netanyahu, los futuros jueces podrían llegar a ser designados por ese consejo de la magistratura que desean confeccionar políticamente desde el actual gobierno.

A la luz de los expuesto en este artículo, no está del todo claro que se llegue a esa etapa. Las pruebas que justifican la acusación de soborno (caso 4000) parecen haber sido descartadas mientras que la demanda por “abuso de confianza” es una nebulosa ya que no queda del todo claro a que se refieren dicha tipología por lo que los jueces se arriesgan a ser acusados por los “Bibistas” como que se inventaron la ley y por los “Anti-Bibistas” como que no cumplieron algo que, de todas formas, no queda claro a qué se refiere.

El caso a Netanyahu destapó varias falencias del sistema judicial en Israel. Por un lado investigaciones selectivas a algunos políticos que deseaban hacer reformas o que no eran de la casa (como Gal Hirsch, Jaim Ramón o Yaakov Neeman) mientras que otros, que deberían haber sido demandados, fueron arropados por el sistema (como Yair Lapid, Eitan Kabel o Tzipi Livni).

El autor de las presentas líneas considera que Binyamín Netanyahu dio “luz verde” a los que ideológicamente consideran que el activismo judicial actual perjudica a la democracia israelí (el Ministro de Justicia Yariv Levin y el presidente de la Comisión de Leyes del Parlamento, el diputado Simja Rotman) y lo hizo tras “quemarse con leche”. En otras palabras, mientras enjuiciaron a otros se presentó como un defensor del establishment judicial mientras que cuando lo llevaron a juicio a él modificó su postura.

A modo de cierre

Me declaró admirador de Menajem Beguin. El anterior Primer Ministro de Israel culminó su cadencia en 1983 y no poseía hogar propio para morar los últimos años de su vida. Era tan modesto y medido en relación al dinero público como lo vemos en las fotos en donde viaja en un avión de linea. Es cierto, eran otras épocas.

Recibir regalos cuando uno es funcionario público, cuando uno es millonario o cuando se supone que se espera algo a cambio es un mal ejemplo y Binyamín Netanyahu no se ha presentado como un líder digno de imitar en este aspecto. Por otro lado, la obsesión de Netanyahu hacia la prensa, esperando ser respetado y mimado, tampoco es un aspecto sano de su personalidad. Es cierto que la prensa israelí, en su gran mayoría, sufre de una enfermedad llamada “Bibifobia” y que, mientras el periodista Ben Caspit ha sido fuente crucial ofreciendo cifras en el caso 1000 otros comunicadores han violado las normas de ética profesional más básicas (Subjudice).

Hasta el momento, las demandas contra Binyamín Netanyahu han expuesto a muchos israelíes a sus naturalezas más insanas. Para quien escribe estas líneas, un verdadero defensor del estado de derecho debería exigir una Fiscalía que demande a cualquiera, incluso a un Primer Ministro en funciones, con pruebas contundentes y no que sostenga su acusación en el arrope que recibe de la prensa, en los votantes que desprecian al Primer Ministro o en la suposición que tras exhibir una carta de acusación el Primer Ministro renunciará sin llevar el tema a juicio.  

Esa es la verdadera ¡Busha! (vergüenza) a la que nos viene exponiendo el juicio contra Netanyahu.    

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