Atentado en la Embajada de Israel en Argentina – Un cuarto de siglo de consagrada impunidad – Por Juez Franco Fiumara

Hace 25 años, un hecho sin precedentes, cambió radicalmente la historia de nuestro país. El día 17 de marzo de 1992 a las 14.45 horas, un atentado terrorista, transportó a la sociedad argentina en su conjunto a una dimensión, hasta ese momento, desconocida por haber sido elegida por el terrorismo yihadista, para llevar adelante una ideología exterminadora en detrimento de conjunto de personas o Estados que para ellos deben ser eliminados de la faz de la tierra por no aceptar su imposición, o peor aún, el solo deseo de querer destruirlos.

Para ello los criminales se valieron, en principio, de la inexperiencia previa de los organismos sobre esta magnitud de atentados, luego de la inoperancia y desidia de los organismos de seguridad nacional y de la misma justicia, y lógicamente de una red de complicidades de funcionarios del Estado que por comisión u omisión operaron como verdaderas máquinas de impedir en perjuicio de la investigación que motivó que aún hoy no pueda resolverse con certeza quienes fueron los responsables directos y sus colaboradores locales para llevarlos a juicio y aplicarles en caso de corresponder, certeras condenas que en definitiva sirvan para cumplir un fin didáctico en la sociedad que dejen un mensaje directo a la comunidad mundial en su conjunto que crímenes declarados por la justicia nacional como imprescriptibles por ser considerados de lesa humanidad (o genocidio) no queden impunes.

Los sospechosos de cometer los dos atentados terroristas (AMIA 1994) siguen en la actualidad caminando libremente por el mundo y en algunos casos ocupando cargos públicos de relevancia, por varios motivos. Uno de ellos resulta de muy sencilla deducción, y dice “tiempo que pasa verdad que huye” ya que las pruebas se van diluyendo o lo que es peor aún, los motivos de “realpolitik” conducen a nuevas alianzas de política internacional que llevan  como resultado una verdadera complicidad criminal que encubre en definitiva que surja la verdad sobre los acontecimientos.

En otro orden la falta de mecanismos adecuados legislativos y funcionales que sirvan para prevenir atentados de las mismas características, ya que Argentina parece quedar atrapada en su propia historia sin poder mirar hacia el horizonte. Alemania después de la Shoá y en base a su “mea culpa”, construyó utilizando la memoria, la educación, la legislación y la justicia, una sociedad de aceptación e inclusión que sirve de contención a grupos marginales neonazis y/o terroristas que dentro de un orden democrático luchan permanentemente para erradicarlos. Italia, de igual manera, también con una legislación adecuada desarticuló a las Brigadas Rojas y a grupos terroristas que intentan infiltrarse en su territorio.

Pero Argentina aún debe dar un extenso y serio debate sobre esta importante cuestión que en definitiva es un hecho de política de estado de orden nacional con una total incidencia internacional, sobre las notorias deudas pendientes. Y las más notorias son una legislación adecuada articulada entre sí, como la ley de lavado de activos, o la ley de extinción de dominio y de juicios en ausencia o un adecuado protocolo de funcionamiento que pueda desactivar inmediatamente células terroristas que dormidas o activas puedan operar en nuestro territorio nacional. Deben acompañar a estas premisas, una política nacional y continental (OEA-UNASUR) clara y convincente en relación a las alianzas internacionales que lleven explícita e implícitamente un mensaje contundente contra el terrorismo internacional, que en definitiva marque que con los terroristas no se pacta no se firman tratados ni se negocia, ya que ellos se inmolan en silencio asesinando a inocentes infiltrándose impiadosamente en las estructuras de los considerados Estados enemigos para destruir no solo a las personas, sino a la credibilidad de la sociedad en relación a sus mismas estructuras de contención y protección. Por eso como bien enseña la ex fiscal internacional Carla del Ponte, “lo único que un Estado no se puede permitir es no investigar, es decir no juzgar”.

La sociedad argentina en su conjunto y la comunidad internacional organizada necesitan todavía una respuesta. Y la única forma de obtenerla es a través de una rápida operatividad político-legislativa y judicial. De este resultado depende la única forma que tengamos como método de prevención de hechos terroristas futuros y además será el más sentido homenaje para todas las víctimas de los atentados que aún hoy, 25 años después a través de nuestra voces reclaman justicia.

 

Juez en lo Criminal; Doctor en Ciencias Jurídicas; Doctor en Ciencias Políticas; Becario Yad Vashem (Israel); Posgrado Universidad de Bari (Italia); Ufficiale della Ordine della Stella d`Italia; Cursos en Francia, Polonia, Alemania; Becario Personnalité d´ avenir (Francia); Docente, Investigador y Consejero UNLaM; Disertante, con publicaciones de libros y artículos.

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