Es apropiado anteponer una observación sobre el juicio de Netanyahu en sí. Las investigaciones de Benjamín Netanyahu comenzaron hace aproximadamente nueve años. El juicio se abrió hace unos cuatro años y medio, y su final no se ve en el horizonte. Esta situación es intolerable. Un juicio de este tipo ante un jurado habría terminado en Estados Unidos o en Inglaterra en unas pocas semanas. Entre nosotros debería haber concluido en unos pocos meses, como máximo dentro de un año.
La fiscalía tiene ciertamente culpa en el embrollo que se creó. El escrito de acusación engorroso, que se expande (con sus anexos) por unas 90 páginas, es irrazonable en su extensión. También la negativa de la fiscalía a aceptar la observación de los jueces sobre el colapso del delito de soborno contribuye a la prolongación del proceso. Sin embargo, la conducción del juicio recae en el tribunal. Por lo tanto, la responsabilidad principal por la demora intolerable recae sobre el panel de jueces, y especialmente sobre la presidenta del panel, la jueza Rivka Feldman-Friedman. El enorme daño causado al Estado de Israel como resultado de esta demora, fruto de la gestión defectuosa del juicio por parte de los jueces, supera en su magnitud todo lo que puede aceptarse. Los jueces, como es sabido, gozan de inmunidad.
De aquí al tema del indulto. La Ley Fundamental “El Presidente del Estado” establece que “al Presidente del Estado le corresponde la autoridad de indultar a delincuentes…”. ¿Puede el presidente indultar a alguien que no ha sido condenado? La respuesta evidente es que si puede otorgar indulto a quien ha sido condenado, con mayor razón puede otorgarlo a quien aún no ha sido declarado culpable. Esto era entendido de forma natural en los años posteriores al establecimiento del Estado.
En una sentencia de 1951 determinó el juez Shimón Agranat: “El Presidente tiene el poder de indultar a delincuentes tanto antes como después de la condena” (el énfasis fue añadido). En otra sentencia, emitida en 1962, el juez Tzvi Berinson señaló: “Me parece que su autoridad (del presidente) es válida para indultar a cualquier delincuente incluso antes de que sea llevado a juicio”. El juez Haim Cohn expresó la opinión de que la facultad de indulto debe interpretarse de manera amplia. En resumen, de forma clara y contundente. Es importante subrayar que ni Agranat ni Berinson condicionaron la autoridad de indultar a una confesión por parte del acusado o del sospechoso.
En junio de 1985, el asesor jurídico del gobierno, Itzjak Zamir, publicó una directriz errónea según la cual el presidente solo está facultado para otorgar indulto a una persona condenada, alegando que las palabras de los jueces Agranat y Berinson eran meras observaciones incidentales. A mi juicio, se requiere no poca arrogancia por parte de un funcionario público, incluso de alto rango como el asesor jurídico del gobierno, para atribuirse la autoridad de recortar las facultades del presidente, en contradicción con lo expresado —aunque sea incidentalmente— en sentencias del Tribunal Supremo. Lo que ocurrió desde entonces puede entenderse a la luz de la revolución judicial que comenzó a dar sus primeros pasos en aquellos años. Un componente importante de esa revolución, destinada a consolidar el dominio de los juristas (lo que algunos llaman “el imperio del Estado de derecho”), fue recortar las facultades de las demás autoridades, en este caso la autoridad del presidente para conceder indultos.
El siguiente paso ocurrió en el caso del autobús de la línea 300, que fue secuestrado por terroristas en abril de 1984. Algunos de los terroristas murieron en el combate por la liberación del autobús, pero dos de ellos fueron capturados con vida, entregados al Shabak y ejecutados. El asesor jurídico Zamir ordenó abrir una investigación policial, y el gobierno —que era un gobierno de unidad nacional encabezado por el Likud— consideró que eso destruiría al Shabak, que era esencial para la lucha contra el terrorismo. Zamir fue reemplazado entonces por un nuevo asesor jurídico, Yosef Harish, y la solución —en forma de indulto— fue propuesta por Yoram Aridor, exministro de Finanzas. En una reunión celebrada en la oficina del primer ministro Shimon Peres, con la participación de los abogados Rami Caspi y Yaakov Ne’eman, se adoptó esta solución. El gobierno recomendó otorgar indulto, y el presidente Haim Herzog (padre del actual presidente) aceptó la recomendación, condicionándola a la renuncia del jefe del Shabak, Avraham Shalom.
Dado que ya estábamos después del inicio de la revolución judicial, estaba claro que el asunto llegaría al Tribunal Superior de Justicia, como efectivamente ocurrió. El Tribunal Superior dictaminó por mayoría (el presidente Meir Shamgar y la vicepresidenta Miriam Ben-Porat) que el indulto era válido. Shamgar señaló que también en otros países se reconoce la autoridad de indulto incluso respecto de personas no condenadas, y rechazó por completo la opinión de Zamir. El juez disidente, Aharón Barak, adoptó la interpretación de Zamir, rechazó el fallo de los jueces Agranat y Berinson, se aferró a la palabra “delincuentes”, a la que se refiere la facultad de indulto, y determinó que, en ausencia de condena, la presunción de inocencia permanece, y por lo tanto, sin condena, no hay lugar para el indulto, incluso en casos de confesión de culpabilidad. Es evidente que esta interpretación restrictiva estaba destinada a recortar la facultad del presidente y dejar el control del caso en manos del sistema judicial.
Los ataques en los medios contra el asesor jurídico Harish, que no detuvo la medida, y contra el presidente Haim Herzog, perdieron todo freno. Pero el indulto fue justificado y, a pesar de los ataques mediáticos, obtuvo un amplio apoyo público. En su libro “Derej Jaim” (“Camino de vida”), Herzog criticó la conducta de Zamir y relató que entre el 90% y el 95% de las expresiones en los medios eran en su contra, mientras que el 92% del público lo respaldaba.
A esto puede agregarse que el indulto está destinado, por supuesto, a delitos y a delincuentes, pero el intento de restringirlo no tiene ninguna base. Como señaló la jueza Ben-Porat, el caso clásico para otorgar un indulto es una condena en un tribunal que es claramente injustificada. En tal caso, el indulto se otorga a una persona inocente. Además, según la jurisprudencia antiliberal del Tribunal Supremo, un acta de acusación constituye una prueba administrativa de la culpabilidad de la persona (por lo tanto, el tribunal lo descalifica para ejercer como ministro y para otros cargos públicos). Si es así, está claro que basta el acta de acusación para cumplir con la exigencia del “delincuente”.
Además, en casos de duda, en los que una persona afirma ser inocente, pero la fiscalía sostiene su culpabilidad, el presidente está facultado para indultarlo. Si es inocente, el indulto no tiene significado ni efecto; pero si es culpable, el indulto tiene plena validez.
Y ahora al derecho estadounidense
La Constitución de Estados Unidos faculta al presidente a indultar “delitos” (to grant… pardons for offences). Que yo sepa, nadie en Estados Unidos ha planteado jamás el argumento absurdo que aquí se dice abiertamente, según el cual se requiere una sentencia que determine que se cometió un delito o una confesión del sospechoso respecto a cualquier delito. El hecho es que el presidente Gerald Ford otorgó un indulto total a su predecesor Richard Nixon, quien renunció debido al caso Watergate. Nixon no fue condenado ni confesó.
En este contexto puedo contar que en 1977, algunos años antes del caso de la línea 300, me reuní con el ministro de Justicia Jaim Zadok. En esos días, el caso de los dólares de la esposa del primer ministro Itzjak Rabin estaba en pleno desarrollo. Le dije que podía otorgarse un indulto al primer ministro. Zadok planteó la pregunta de si podía concederse un indulto antes de una condena. Expliqué que no veía ninguna dificultad, y mencioné el indulto a Richard Nixon. Zadok respondió que incluso si la medida era posible, no le parecía apropiada. Con ello, esa posibilidad quedó descartada.
Respecto del actual presidente, Itzjak Herzog, hasta donde sé, no ha mostrado hasta hoy una generosidad excesiva en materia de indultos. Hasta ahora no ha accedido a la solicitud de indulto de Ehud Olmert por el delito de soborno, aunque existen todas las razones para hacerlo. Olmert cumplió su condena por ese delito, cuya condena carecía de fundamento (Olmert fue condenado en el tribunal de distrito por dos delitos de soborno. Ninguno de ellos tenía base. En su momento me referí en la prensa al error en la condena principal por soborno, de la cual fue absuelto en el Tribunal Supremo. Pero, al parecer, no quedó en el Supremo suficiente valor para absolverlo también de la segunda condena absurda).
A esto se suman los hechos de que se trataba de acciones que ocurrieron antes de la elección de Olmert como primer ministro (a pesar de la abundancia de investigaciones contra él, nadie alegó falta de integridad alguna durante su mandato como primer ministro). Durante su período en el cargo, Olmert tuvo logros extraordinarios, entre ellos el bombardeo del reactor nuclear en Siria, manteniendo absoluta confidencialidad; una solución a largo plazo para el problema de la desalinización del agua en Israel; superar de la mejor manera posible la crisis económica mundial de 2008; y más. Pero, como se ha dicho, el asunto sigue estancado.
Con las reservas necesarias
Ahora parece que el presidente salta con plena determinación a tratar el asunto de Netanyahu. No está claro por qué el tema surge precisamente ahora. Quizás porque Netanyahu se encuentra actualmente en una etapa de contrainterrogatorio que no es agradable ni cómoda, o quizás porque ha logrado involucrar a Donald Trump, quien ya decide por nosotros en los asuntos de la guerra con Irán, en el Líbano y en Gaza. Y si es así, ¿por qué no incluir también en ese paquete su asunto personal, de aquel que recomendó que Trump recibiera el Premio Nobel?
Sin embargo, esta vez el presidente del Estado de Israel deberá tratar el asunto sin ayuda internacional. Como se ha dicho, su autoridad no está limitada a quienes han sido condenados o han confesado. Es claro que el presidente puede presentar al solicitante del indulto una serie de condiciones cuyo cumplimiento lo persuada de aceptar la solicitud, entre ellas una exigencia de que el solicitante confiese culpabilidad. Pero el asunto queda a discreción del presidente.
El interés de Netanyahu es evidente: un indulto sin condiciones y sin restricciones. En resumen, “victoria total”: si no en Gaza, al menos ante el presidente. Pero esta es una solución inadmisible. Netanyahu es el responsable y principal culpable de la catástrofe del 7 de octubre. Es el padre de la política de apoyo a Hamás y responsable de la transferencia de millones de dólares a esta organización terrorista. También es responsable del acuerdo en el que fueron liberados unos 1.000 terroristas —entre ellos Yahya Sinwar— a cambio de un solo soldado: Gilad Shalit. Y ahora evita el establecimiento de una comisión estatal de investigación para esclarecer las causas del desastre.
En la guerra actual hubo logros significativos que Netanyahu puede atribuirse, pero se prolonga demasiado tiempo y estamos lejos de una victoria total. Netanyahu también es responsable del colapso total del estatus de Israel en la arena internacional, al igual que es responsable de la grave fractura interna del país. Las posibilidades de que Netanyahu repare la devastación causada a Israel en el mundo son extremadamente bajas. Es un orador talentoso, pero no una figura querida en todo el mundo.
En estas circunstancias, un indulto sin restricciones no es aceptable. Requiere, por supuesto, una discusión con la asesora jurídica del gobierno sobre el caso que se está tramitando contra él en el tribunal (y también habrá que decidir respecto a los otros acusados en el mismo caso). Debe recordarse que el indulto en el caso de la línea 300 estuvo condicionado a la renuncia del jefe del Shabak a su cargo y fue otorgado con el apoyo de un gobierno de unidad nacional y de la mayoría del público (aunque no de los medios ni de quienes luego fueron llamados por el presidente Rivlin “la banda del Estado de derecho”, que ya entonces comenzaba a formarse).
En mi opinión, no es necesario exigir una confesión de culpabilidad o una declaración de indignidad. Es suficiente con que el indulto esté condicionado a la renuncia de Netanyahu a su cargo y a la vida política por un período de al menos cinco años. Su renuncia permitirá la formación de un nuevo gobierno, cuya función será suturar las fracturas en el país, restaurar la posición internacional de Israel y renovar el proceso de paz en nuestra región. También deberá actuar para cancelar las órdenes de arresto absurdas emitidas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Yoav Gallant.
Su renuncia permitirá la formación de un nuevo gobierno, cuya función será suturar las fracturas en el país, restaurar la posición internacional de Israel y renovar el proceso de paz en nuestra región. También deberá actuar para cancelar las órdenes de arresto absurdas emitidas por la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y Yoav Gallant.
Articulo original – https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1261507
