“Muchos, muchos” activistas y organizaciones no-gubernamentales pro-boicot participaron en la creación de una base de datos propuesta por las Naciones Unidas y el organismo internacional no investigó a ninguna de las empresas señaladas, menciona un activista del BDS.
En una entrevista realizada en marzo del 2020 publicada en un portal no-convencional, el activista del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones Shir Hever reveló nuevos detalles sobre la creación y operación de la lista negra de las Naciones Unidas que alimenta la campaña BDS.
La entrevista realizada a Hever plantea las afirmaciones ya comunes del BDS relacionadas a la lista: de que negociar en zonas de conflicto y situaciones de ocupación es ilegal; de que Estados Unidos e Israel fueron responsables por los tres años de retraso en la publicación de las listas – de hecho, la Unión Europea y muchos otros gobiernos también se opusieron a la creación de la lista y trataron de cancelarla; y que dicha lista no era ninguna anomalía porque las Naciones Unidas ya habían prepararon listas similares para la República Democrática del Congo y Myanmar – nuevamente, estas comparaciones son absolutamente falsas.
Sin embargo, en la entrevista, Hever también hizo algunos reconocimientos muy notables y sorprendentes.
Basado en varias reuniones que tuve entre los años 2016 y 2019 con funcionarios de las Naciones Unidas responsables de elaborar la lista en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y tal como se refleja en las citas de los informes pertinentes de las Naciones Unidas, las ONG y activistas al BDS trabajaron en estrecha colaboración con dicha oficina el ACNUDH en la elaboración de la lista.
En su entrevista, Hever confirma dicha colaboración, señalando que este estuvo involucrado junto a “muchos, muchos, otros activistas”. En otras palabras, el contenido de la lista negra parece haber sido determinado con la ayuda de las ONG políticas seleccionadas y grupos lobistas elegidos por el ACNUDH, en violación a los requisitos básicos de debida perseverancia.
Otro importante reconocimiento hecho por Hever tiene relación con las preocupaciones que yo planteé en múltiples ocasiones a través de cartas dirigidas al ex-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad al-Hussein y a la actual Comisionada Michelle Bachelet y también en persona con otros funcionarios responsables.
Fue evidente que las Naciones Unidas hicieron poco o nada en investigar a las empresas señaladas y no tenían capacidad alguna para hacerlo. De hecho, Hever afirma que si una empresa le decía a las Naciones Unidas que no tenía participación alguna en Cisjordania, las Naciones Unidas “la eliminaban de la lista sin realizar ningún tipo de verificación” y que las empresas estaban incluidas en la lista porque “no se molestaron en responderle al Comité de Derechos Humanos”.
Particularmente, la lista negra empaña a todas las empresas con el mismo nivel difamatorio y no provee pruebas que respalden las denuncias de las Naciones Unidas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Hever señala que la lista fue compilada hace tres años, demostrando de esta manera otra preocupación sobre el debido proceso que yo le planteé a Bachelet y a sus subalternos.
Hever también menciona el extraño caso de Alemania. En el año 2018, las Naciones Unidas emitieron su primer informe sobre la lista. En ese momento, las Naciones Unidas no nombraron a las empresas seleccionadas, sino que publicaron un cuadro desglosando el número de empresas por país.
Los países fueron notificados a través de cartas enviadas por el ACNUDH señalando a las empresas ubicadas en su jurisdicción. En el informe del 2018, Naciones Unidas dijo haber identificado siete empresas alemanas para su posible inclusión. Sin embargo, en la publicación de la lista realizada en el 2020, no apareció ninguna empresa alemana. El hecho de no incluir a ninguna empresa alemana plantea varias preguntas sobre si Alemania estuvo involucrado en acuerdos secretos con las Naciones Unidas para que sus empresas fuesen eliminadas de la lista o si presionó a dichas empresas para que no inviertan con el propósito de retirarlas de la lista. El gobierno alemán debería responder a estas preguntas.
Los grupos a favor del BDS están buscando desesperadamente poner la lista negra en acción con la esperanza de que las universidades, los grandes fondos de pensiones y los gobiernos adopten la lista en su totalidad y se deshagan de las empresas que están en la lista – a pesar de la naturaleza difamatoria de la lista negra y las violaciones manifestadas al debido proceso involucradas en su compilación. Estos también buscan lanzar campañas internacionales contra las empresas señaladas para obligarlas al cierre de sus operaciones.
Como era de esperar y para estar de buenas con ambos bandos, Bachelet permitió la publicación de la lista, pero al mismo tiempo trató de minimizar su impacto. Su funcionario adjunto apareció en el canal de televisión France24 luego de su publicación, alegando que el ACNUDH se había “cuidado de no ir más allá de lo remitido” por el Consejo de Derechos Humanos y que la base de datos “no es, tal como algunos afirman, una lista negra, ni tampoco califica como ilegal las actividades de ninguna empresa”.
Sin embargo, el propósito de la lista está muy claro para activistas tales como Hever: “Por supuesto, nadie puede verle algún tipo de uso a dicha lista excepto para organizar un boicot, desinversión y sanciones contra estas empresas en particular, así que, por supuesto, la tal lista si tiene algo que ver con el movimiento BDS… el movimiento BDS ahora tiene la responsabilidad de tomar esa lista y hacer uso de ella”.
Anne Herzberg es asesora legal de la Organización No-Gubernamental Monitor, un instituto de investigación en Jerusalén y representante de las Naciones Unidas para el Instituto de Investigación de Organizaciones No- Gubernamentales.
