Una vez más, un organismo de las Naciones Unidas ha acusado a Israel de los crímenes más graves imaginables: esta vez, el asesinato premeditado de niños. Y una vez más, al examinar el informe, las pruebas simplemente no existen.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha publicado un informe de 94 páginas en el que afirma que Israel “atacó deliberadamente” a niños palestinos durante la guerra en la Franja de Gaza, un lenguaje que implica crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos son algunos de los cargos más graves del derecho internacional. Por lo tanto, cabría esperar, como mínimo, un caso claramente documentado: un soldado que identificó a un niño como tal y lo mató sin otro motivo que el de ser niño. Tras 94 páginas, la Comisión no puede presentar ni un solo caso.
En cambio, según una refutación detallada de la organización de vigilancia UN Watch, lo que produce es una serie de suposiciones disfrazadas de conclusiones.
Tomemos como ejemplo principal del informe, expuesto en los párrafos 59-60: un bebé de diez días presuntamente recibió un disparo en la cabeza por un dron israelí mientras era amamantado dentro de una tienda de campaña en el campamento de Nuseirat en abril de 2024. La Comisión argumenta, en sus propias palabras, que, dado que ocurrió a plena luz del día, el operador del dron “habría podido ver dentro de la tienda” y, a partir de esta única inferencia, concluye que el bebé fue atacado deliberadamente. Para que esto fuera cierto, un dron tendría que haber estado suspendido en el aire a nivel del suelo, ver a través de la lona, apuntar a la cabeza de un bebé de 35 centímetros y disparar con precisión, todo ello basándose en una fotografía de una bala, sin cadena de custodia, sin análisis balístico y sin ningún testigo que afirme haber visto un dron. El mismo patrón se repite caso tras caso: el relato de una familia, la suposición de un médico sobre qué arma causó la herida y la conclusión de asesinato premeditado. Nada que conecte los puntos.
En el informe se menciona un incidente que, en un principio, podría parecer más plausible, ya que proviene del relato de un soldado, recogido en una investigación publicada por Haaretz en diciembre de 2024, sobre el tiroteo en el que resultó herido un adolescente palestino cerca de un corredor restringido en Gaza.
La Comisión lo cita como prueba de una cultura que ataca a los niños. Pero el testimonio del soldado dice lo contrario: su unidad disparó al chico bajo una orden general que decía que “cualquiera que cruce la línea es un terrorista, sin excepciones, ni civiles”, abriendo fuego antes de que nadie pudiera verlo. Solo después, al recuperar su teléfono del cuerpo, se enteraron de que estaba desarmado y era “solo un chico, tal vez de 16 años”.
Esta estrategia surgió porque, trágicamente, Hamás suele utilizar a menores de tan solo 16 años como combatientes, y durante esta guerra casi siempre ha vestido a sus combatientes con ropa de civil, no con uniforme, llegando incluso a enviarlos desarmados a recoger armas escondidas previamente en su destino.
Esto dificultó enormemente que el ejército israelí distinguiera entre civiles y combatientes, por lo que se trazaron líneas divisorias y se emitieron advertencias para no cruzarlas. En estas circunstancias, algunos han argumentado que las reglas de enfrentamiento de Israel fueron imprudentes, o que algunos de sus soldados actuaron con excesiva facilidad, lo que provocó la muerte de demasiadas personas inocentes. Pero ni siquiera eso constituiría prueba de una política de asesinato de niños por el mero hecho de ser niños, la acusación mucho más grave que la Comisión está formulando.
El informe se basa en gran medida en médicos, quienes, por lo general, gozan de gran prestigio social. Sin embargo, su formación se centra en tratar heridas de bala, no en identificar el arma que disparó la bala, su procedencia ni el motivo. No son testigos presenciales de los supuestos ataques y no tienen forma de saber la veracidad de la historia que les cuenta un intérprete o alguien que lleva a un niño al hospital para recibir tratamiento.
En la Franja de Gaza, no sería fácil decirle a un médico que el niño que está atendiendo fue baleado por un terrorista de Hamás u otro grupo terrorista palestino. Un informe así expondría a los padres, familiares o cualquier otra persona que llegara al lugar a posibles intimidaciones, torturas o la muerte a manos del régimen terrorista de Gaza. Un médico citado especula que los soldados israelíes usaban a los niños como “blancos de práctica” según la parte del cuerpo alcanzada, pero este tipo de especulaciones y conjeturas no constituyen pruebas.
También hay una artimaña más profunda en juego. A lo largo del informe, Hamás y la Yihad Islámica Palestina —decenas de miles de combatientes que pasaron diecisiete años enterrando armas, túneles y puestos de mando bajo casas, escuelas, mezquitas y hospitales— simplemente desaparecen de la página. Si se excluye al enemigo de una guerra, cada niño muerto parece una ejecución deliberada en lugar de lo que la guerra realmente es: caótica y letal. La Comisión inventa entonces, discretamente, una nueva regla de guerra, considerando cualquier ataque israelí contra una posición con civiles como prueba de la intención de matar a esos civiles. Este es un estándar que ningún ejército en el mundo ha tenido que cumplir jamás.
Nada de esto pretende minimizar la muerte de niños reales, que constituye una auténtica tragedia. Pero una acusación tan grave exige pruebas igualmente contundentes. La Comisión no las tiene y, aun así, optó por publicarlas.
De hecho, ese es el objetivo. Una Comisión de Investigación de la ONU no es solo un comunicado de prensa, sino una especie de operación de lavado de dinero. Por un lado entran denuncias de activistas, testimonios familiares sin verificar y rumores hospitalarios que jamás resistirían un juicio; por el otro sale un documento brillante con el escudo de la ONU y el sello de expertos “independientes”.
Esa credibilidad artificial se presenta ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia como si fuera un hecho comprobado, porque jueces y periodistas dan por sentado que la ONU ya ha realizado el arduo trabajo de verificación. Pero no es así. El público ve «Informe de la ONU concluye que Israel asesinó deliberadamente a niños» y lo acepta como una verdad establecida, cuando en realidad se trata simplemente de una narrativa propagandística con el membrete de la ONU. Así es como el sesgo se disfraza de autoridad, y cómo un país puede ser condenado ante la opinión pública mundial antes de que un tribunal real haya examinado una sola prueba. Peor aún, estos informes se utilizarán como «pruebas» en tribunales reales, y nadie los cuestionará porque provienen de la ONU.
Esto no es nuevo para la ONU, que recientemente atacó a Israel por una acusación distinta, igualmente grave: que las fuerzas y los centros de detención israelíes eran culpables de violencia sexual sistemática relacionada con el conflicto, tan grave que el Secretario General António Guterres incluyó a Israel en una lista negra de la ONU junto con Hamás, el ISIS y Boko Haram. Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa de presentación del informe si había examinado personalmente las pruebas subyacentes, la Representante Especial de la ONU sobre violencia sexual, Pramila Patten, respondió: «No es responsabilidad de mi oficina realizar ninguna verificación». Al insistirle sobre si había visto las pruebas en bruto, simplemente dijo: «No, porque no es mi trabajo».
El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, arremetió contra la organización por este asunto, diciéndole a una funcionaria de la ONU en su cara: «Ustedes son cómplices de la persecución de Israel. ¡Qué vergüenza!». Tenía razón. Una organización que incluye a un Estado en una lista junto a grupos terroristas, sin que nadie en la cadena afirme haber verificado los hechos, difícilmente puede considerarse imparcial, rigurosa o justa.
Israel no está exento de críticas, y su conducta en Gaza merece ser examinada como la de cualquier otro ejército. Sin embargo, un escrutinio basado en especulaciones y testimonios no verificables no garantiza la rendición de cuentas. Los organismos de la ONU dañan no solo la reputación de Israel, sino también la suya propia, al simplemente encubrir acusaciones infundadas con escasas o nulas pruebas, simplemente imprimiendo el nombre de la ONU sobre ellas.
Jonathan Sacerdoti es locutor y escritor especializado en política, cultura y religión.
