El estatus legal y los derechos de Israel respecto a los territorios y los asentamientos en Judea y Samaria – Por Alan Baker

Durante más de cincuenta años, en innumerables resoluciones de la ONU adoptadas virtualmente de palabra, año tras año, sobre diversos aspectos del problema del Medio Oriente, y específicamente sobre las cuestiones relativas a los territorios (Cisjordania), la referencia a Israel es expresada casi exclusivamente en términos de “Israel, la Potencia ocupante” y la referencia a los territorios son llamados como “los territorios palestinos ocupados”. Del mismo modo, la referencia a la política de asentamientos de Israel incluye siempre un elemento de ilegitimidad o ilegalidad.

Estos términos generales y que todo lo abarcan se han convertido en “lingua franca” de las Naciones Unidas – Frases aceptadas que ni generan ni atraen ningún pensamiento o discusión en cuanto a sus exactitudes legales, históricas o políticas. Ni tampoco se conectan con los desarrollos en curso en la región. Simplemente son aceptadas como parte de la realidad de la Asamblea General de la ONU y otros órganos dentro del sistema de la ONU.

A modo de ilustración, solo basta con referirse a catorce de las resoluciones sobre el problema del Medio Oriente adoptadas en la reciente 65° Asamblea General en el 2010 (1), para captar la repetitividad y el uso automático de las frases anteriores en sus diversas cláusulas. Si multiplicamos este número por más de cincuenta años de constante repetición y lavado de cerebro en las resoluciones de la ONU, puede bien percibirse cómo las frases “Israel, la Potencia ocupante” y los “territorios palestinos ocupados”, han de hecho sido aceptados como terminología estándar de la ONU.

Por extraño que parezca, esta descripción no se limita al estatus de Israel en las zonas de Judea y Samaria en Cisjordania, sino, a pesar de la eliminación por parte de Israel de todas sus fuerzas y civiles de la Franja de Gaza en el 2005, incluidos los desmantelamientos de sus asentamientos, estas frases son todavía utilizadas por organismos de la ONU en informes, otras documentaciones y en las resoluciones, para describir el estatus de Israel en la Franja de Gaza (2).

Ante los acontecimientos de los últimos años, incluyendo la firma de los acuerdos entre Israel y la OLP, el apoyo y la afirmación de tales acuerdos por parte de la ONU, y los cambios en el estatus de los respectivos partidos en relación a los territorios que esos acuerdos generan, uno bien puede preguntarse si el continuo uso de esta terminología estándar es exacta o relevante, y si de hecho refleja la realidad internacional, o más bien solo se trata de la continua y ciega “ilusión” de los impulsores de las resoluciones y de los estados miembros que ciegamente y sin pensar los apoyan.

El estatus de Israel respecto a los territorios respectivos ha de hecho evolucionado a lo largo de los años y ha ido acompañado de discusiones constantes en cuanto a su naturaleza.

Después de la Guerra de los Seis Días en 1967, los puntos de vista sobre el estado de Israel se desviaron entre una predominante sección de la comunidad internacional que consideró, por cualquier razón que fuese, de que fue una ocupación clásica, tal como se afirma en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, y otros, predominantemente el propio Israel, que consideran que se había tomado control de los territorios después de combatir una legítima guerra defensiva (3). Otro punto de vista histórico y jurídico muy importante se refiere a la presencia de Israel en las zonas de Judea y Samaria en Cisjordania emanando de los derechos históricos concedidos en Palestina al pueblo judío por la Declaración Balfour y afirmada por resolución de la Sociedad de Naciones en 1922, otorgando a los judíos un hogar nacional en todas las partes del Mandato de Palestina y permitiéndole “asentamientos cercanos en el terreno”. La continuación de la validez de esta resolución, más allá de los días de la Sociedad de Naciones, fue de hecho mantenida por el artículo 80 de la Carta de la ONU, según el cual los derechos concedidos a los pueblos por los instrumentos internacionales permanecen inalterados, y por lo tanto todavía son validos (4).

Sin embargo el estado de Israel podría haber sido percibido como un ocupante, hasta la firma de los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP en 1993, siendo que entonces la naturaleza jurídica y política, tanto de la Franja de Gaza y de Cisjordania, han experimentado un cambio fundamental. El hecho de que la comunidad internacional haya fracasado, e incumpla en reconocer este cambio, y repita los errores y absurdos en las resoluciones de la ONU que están totalmente desconectadas de la realidad, es quizás un indicativo de la ceguera selectiva respecto a Israel y el grado en que la comunidad internacional está siendo manipulada por el estados árabes y musulmanes.

Mientras cada uno de los diversos puntos de vista expuestos anteriormente en cuanto a la situación de Israel en los territorios que ha tenido, y en algunos casos sigue teniendo sus respectivos méritos, nadie en la comunidad internacional – ni siquiera en las Naciones Unidas – puede negar el hecho de que con la firma por parte de Israel y del liderazgo palestino al Acuerdo Interino palestino-israelí de 1995 (5), firmado y atestiguado por los Estados Unidos, la Unión Europea, Egipto, Jordania, Rusia y Noruega, el estatus del territorio cambió, y el estatus de cada una de las partes en el acuerdo respecto al territorio cambió también.

Las circunstancias únicas de los territorios y la naturaleza especial de la relación palestino-israelí

Los acuerdos y memorandos entre los líderes palestinos y el gobierno de Israel, afirmados y reconocidos por la ONU, tanto en su firma como testigo del acuerdo de 1995, así como también en las resoluciones reconociendo los acuerdos (6), han producido un régimen especial – un lex specialis – que rige todos los aspectos de la relación entre ellos, la relación de cada una de las partes en el territorio bajo su responsabilidad y control, y sus derechos y deberes en ese territorio (7).

Estos documentos (8) abarcan todas las cuestiones centrales entre estos incluyendo la gobernabilidad, seguridad, elecciones, jurisdicción de competencia, derechos humanos, cuestiones jurídicas y similares. En este marco, cuando se hace referencia a los derechos y deberes de cada parte en el territorio que permanece bajo su jurisdicción a la espera del resultado de las negociaciones sobre un estatus permanente, no existe ninguna disposición específica ya sea restringiendo la planificación, zonificación y continua construcción por cualquiera de las partes, de ciudades, asentamientos y aldeas, o la congelación de dicha construcción. El artículo 27 del Anexo III (Anexo de Asuntos Civiles) al acuerdo de 1995 establece los términos acordados para la planificación y zonificación, y poderes de construcción en los territorios, y no coloca ninguna limitación sobre cualquier bando para construir en las zonas bajo su respectiva jurisdicción (9).

El artículo 27 del Anexo III (Anexo de Asuntos Civiles) al acuerdo de 1995 no establece ninguna limitación para construir en las zonas bajo su respectiva jurisdicción. En otras palabras, no hay limitación legal para la construcción de viviendas judías en la zona C de Judea y Samaria.

El cambio legal y político central provocado por el acuerdo es el hecho de que las dos partes acordaron, en espera del resultado de las negociaciones sobre un acuerdo de estatus permanente entre ellos, dividir sus respectivas jurisdicciones en Cisjordania en zonas A y B (jurisdicción palestina) y la zona C (jurisdicción israelí) (10).

Ellos definieron las respectivas competencias y responsabilidades de cada bando en zonas bajo su control. En la zona A (las principales ciudades y pueblos y zonas altamente pobladas) Israel transfiere totalmente todos los poderes y responsabilidades a la Autoridad Palestina incluyendo los poderes de seguridad y policiales. En la Zona B Israel transfirió todos los poderes y responsabilidades a excepción de la seguridad, a los pueblos que predominantemente constituían la Zona B. La zona C, sin pueblos palestinos y centros de población, incluyen los asentamientos israelíes y las instalaciones militares. Así, los poderes y responsabilidades de Israel en la zona C incluyen todos los aspectos relativos a los residentes israelíes de los asentamientos e instalaciones militares – todo esto en espera del resultado de las negociaciones sobre los estatutos permanentes.

Esta división de control, poderes y responsabilidades fue aceptada y acordada por los palestinos en el acuerdo de 1995 e incluso reconocidos por la ONU. Como tal este constituye un cambio radical en la situación y naturaleza del territorio. La continua presencia de Israel en la zona C, en espera del resultado de las negociaciones sobre el estatus permanente, goza de la sanción de la OLP. Este no puede, por cualquier medida de manipulación política o acrobacias legales, considerarse “territorio ocupado”, y por lo tanto, Israel no puede ser denominado “la Potencia ocupante”. La presencia de Israel en el territorio de Cisjordania es con la total aprobación de los dirigentes palestinos que componen la OLP.

El tema de los asentamientos

De manera similar, la naturaleza jurídica de los asentamientos de Israel, que también se ha convertido en un cliché en terminología de la ONU de ser ilegales, es igualmente parte de este régimen de ley especial basado en los Acuerdos de Oslo. El liderazgo palestino no puede presentar esto como una supuesta violación por parte de Israel del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, a fin de eludir su aceptación de los derechos y responsabilidades de conformidad con el Acuerdo interino, así como también el reconocimiento de la comunidad internacional a la relevancia de ese acuerdo y su continua validez.

De hecho, incluso en la Declaración de Principios de 1993 entre Israel y la OLP, y que se repite en toda los subsiguientes acuerdos incluyendo el Acuerdo Provisorio de 1995, el tema de los asentamientos es una de las cuestiones centrales determinado por las partes a ser negociado en el estatus permanente de negociaciones (11). Este es un componente mutuamente concertado de los acuerdos entre Israel y los líderes palestinos. Ese liderazgo palestino ha aceptado y se ha comprometido al hecho de que no ejerce jurisdicción respecto al tema del estatus permanente, incluyendo los asentamientos, en la zona C en espera del resultado de la negociación de estatus permanente.

Como tal, los Acuerdos de Oslo no contienen ningún requisito que prohíba, límite, o congele construcciones por Israel en la zona C.

De hecho, durante el curso de las negociaciones sobre el Acuerdo interino en 1995, la delegación palestina pidió que una “carta adjunta” sea agregada, cuyo texto se acordaría, por el cual Israel se comprometería a restringir la construcción de asentamientos en la zona C durante el proceso de la aplicación del acuerdo y las negociaciones subsiguientes. Varios borradores de esta “carta adjunta” pasaron entre los equipos de negociación hasta que Israel de hecho aceptó la formulación de restringir las actividades de construcción sobre la base de una decisión del gobierno que sería adoptada para ese propósito. En última instancia, el liderazgo palestino retiró su solicitud de una carta adjunta.

La legalidad de los asentamientos de Israel

Las cuestiones de la legalidad de los asentamientos de Israel y la razón de ser de la política de asentamientos de Israel han dominado durante años la atención de la comunidad internacional. Esto ha sido evidente en innumerables informes de los diferentes órganos de la ONU, reportes y resoluciones (12), así como también en declaraciones políticas y declaraciones de gobiernos y líderes. En diversos grados, estos consideran que los asentamientos de Israel son en violación del derecho internacional, específicamente el Artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra relativo a la Protección de Civiles en tiempos de guerra, del 12 de agosto, 1949 (13).

Pero más allá de los clichés casi estandarizados, altamente repetidos y comúnmente aceptados en cuanto a la “ilegalidad de los asentamientos israelíes”, o la “flagrante violación” de la Convención de Ginebra, repetida incluso por la Corte Internacional de Justicia (14), ha habido pocos intentos genuinos de elaborar y considerar el razonamiento jurídico de fondo tras este punto de vista. Sin embargo, existe un número de muchos factores relevantes que, inevitablemente, se deben considerar al hacer una acusación tan grave contra Israel.

Estos factores incluyen:

El texto del párrafo sexto del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra y las circunstancias, y razones de su inclusión en el Convenio en diciembre, 1949;

Las circunstancias singulares del territorio y el contexto de la relación Israel-Palestina que, en los términos indicados, se ha desarrollado desde 1993 a través de una serie de acuerdos entre ellos. Estos acuerdos han creado el marco sui generis que tiene primacía sobre las determinaciones generales no relacionadas a ese marco.

¿Es aplicable el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra a los asentamientos de Israel? Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, surgió la necesidad de elaborar una convención internacional para proteger a los civiles en tiempos de conflicto armado ante la cantidad masiva de civiles que fueron obligados a abandonar sus hogares durante la guerra, y la flagrante falta de protección efectiva de la población civil bajo cualquiera de las entonces válidas convenciones o tratados (15). En este contexto, el párrafo sexto del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra establece: “La Potencia ocupante no deportará o transferirá partes de su propia población civil en el territorio que ocupe” (16).

El comentario autorizado y oficial por parte del organismo gobernante del movimiento de la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó en 1958 con el fin de ayudar a “gobiernos y las fuerzas armadas… y llamó a asumir responsabilidades en la aplicación de los Convenios de Ginebra” (17), aclara esta disposición de la siguiente manera: Se pretende evitar una práctica adoptada durante la Segunda Guerra Mundial por ciertos poderes, que transfieren partes de su propia población a territorios ocupados por razones políticas y raciales o con el fin, tal como afirmaron, de colonizar esos territorios. Tales transferencias empeoraron la situación económica de la población nativa y pusieron en peligro de extinción su existencia separada como raza.

En otras palabras, de acuerdo al comentario del CICR, el artículo 49 se refiere a las deportaciones, que significan el traslado forzoso de la población de una potencia ocupante a territorios ocupados. Históricamente, más de cuarenta millones de personas fueron sometidas a una migración forzada, evacuación, desplazamiento y expulsión, incluyendo quince millones de alemanes, cinco millones de ciudadanos soviéticos, y millones de polacos, ucranianos y húngaros.

El gran número de personas afectadas y los objetivos y propósitos detrás de este movimiento de población hablan por sí mismo. No hay nada que vincule tales circunstancias a la política de asentamientos de Israel. Las circunstancias en las que el Artículo 49(6) de la Convención de Ginebra fue redactado, y específicamente el significado atribuido por el Comité Internacional de la propia Cruz Roja a ese artículo, crean serias dudas sobre la pertinencia de la vinculación y la confianza en el artículo de la comunidad internacional como base y criterio para determinar los asentamientos de Israel como ilegales. Uno puede luego preguntar si esto no es una mala interpretación, incomprensión o incluso distorsión de dicho artículo y su contexto.

El abogado internacional Prof. Eugene V. Rostow, ex decano de la Facultad de Derecho de Yale y Subsecretario de Estado, declaró en 1990: “[La] Convención prohíbe muchas de las prácticas inhumanas de los nazis y de la Unión Soviética durante y antes de la Segunda Guerra Mundial – el traslado masivo de personas hacia y fuera de los territorios ocupados con fines de exterminio, trabajo forzado o colonización, por ejemplo… Los colonos judíos en Cisjordania son más enfáticamente voluntarios. Estos no han sido “deportados” o “transferidos” a la zona por el Gobierno de Israel, y su movimiento implica que ninguno de los efectos atroces o nocivos sobre la población existente es el objetivo que la Convención de Ginebra debe prevenir (18).

El Embajador Morris Abram, miembro del personal estadounidense en el Tribunal de Núremberg y luego implicado en la redacción de la Cuarta Convención de Ginebra, ha declarado en su expediente historial que la convención: no fue diseñada para cubrir situaciones tales como los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, sino más bien la transferencia forzosa, deportación o el reasentamiento de un gran número de personas. (19).

Similarmente, el abogado internacional Prof. Julius Stone, al referirse a lo absurdo de considerar los asentamientos israelíes como una violación del artículo 49(6), declaró: La ironía empujada a lo absurdo en afirmar que el artículo 49(6), diseñado para evitar repetir las políticas genocidas estilo nazi en presentar territorios metropolitanos nazi judenrein (excluidos los judíos), ha llegado ahora a significar que… Cisjordania… debe ser judenrein y debe ser mantenido así, si es necesario por el uso de la fuerza de parte del gobierno de Israel en contra de sus propios habitantes. El sentido común también como contexto funcional histórico excluye tiránicamente una lectura del artículo 49(6). (20)

El Artículo 49 (6) utiliza una terminología que es indicativa de la acción gubernamental en coaccionar a sus ciudadanos a mudarse. Sin embargo Israel no ha deportado por la fuerza o ha transferido en masa a sus ciudadanos hacia los territorios. Este ha mantenido una política de permitir a gente vivir voluntariamente en unas tierras que no son propiedad privada. Su continua presencia está sujeta al resultado del proceso de negociaciones sobre el estatus del territorio, y sin necesidad de perjudicar ese resultado.

En algunos casos Israel les ha permitido a sus ciudadanos que desde hace muchos años son dueños de propiedades o contratos de tierra en el territorio, y que hubiesen sido desposeídos y desplazados previamente por Jordania, regresar a sus propias propiedades. La presencia de asentamientos judíos en estas áreas del Imperio Otomano y los tiempos del Mandato Británico es totalmente ajena al contexto, o reclamos respecto, a la Convención de Ginebra.

Israel nunca ha expresado intención alguna de colonizar los territorios, confiscar tierra, ni desplazar a la población local por razones políticas o raciales, ni alterar la naturaleza demográfica de la zona.

Tal como se mencionó anteriormente, los acuerdos firmados con los líderes palestinos han colocado la totalidad del tema del estatus del territorio, así como los asentamientos de Israel en la mesa de negociaciones – un factor que demuestra la falta de intención de colonizar o desplazar. El hecho de que Israel decidió unilateralmente desmantelar sus asentamientos y retirar a sus ciudadanos de la Franja de Gaza en el 2005 es una prueba más de ello.

Durante la negociación sobre el Estatuto de Roma – 1998 de la Corte Penal Internacional (21), los países árabes iniciaron una alteración en el texto de la lista del estatuto del tribunal como una grave violación de las leyes del conflicto armado, el crimen de guerra de “transferir, directa o indirectamente, parte de la población civil hacia los territorios ocupados” (22). La adición deliberada de la frase “directa o indirectamente” al texto original de 1949 pretendía adaptar por ellos el lenguaje original de la Convención de Ginebra de 1949 a fin de hacerlo aplicable a la política de asentamientos de Israel. Esto en sí mismo es indicativo de los proponentes y del reconocimiento de la comunidad internacional de que el artículo 49(6), en su redacción en 1949 fue simplemente no relevante a las circunstancias de los asentamientos de Israel.

Conclusión

La propensión de la comunidad internacional, ya sea a través de la constante repetición en la documentación y resoluciones anuales de la ONU u otros medios, de etiquetar a Israel como la “Potencia de ocupación”, y los territorios de Cisjordania y Gaza como los “territorios palestinos ocupados”, así como también el etiquetado automático de los asentamientos de Israel como “ilegales”, son indicativos de una obstinada negativa ante las realidades de la situación en el Medio Oriente.

Al permitirse a sí mismos ser accionados por ciertos estados con una agenda política clara, de hacer caso omiso a acuerdos serios importantes y vitales entre la OLP e Israel en el que el estatus de la Franja de Gaza y los territorios de Cisjordania sean redefinidos mutuamente; e ignorar los antecedentes legislativos y la lógica detrás de la Cuarta Convención de Ginebra relativo al traslado forzoso de pueblos, esos estados miembros de las Naciones Unidas que apoyan este tipo de resoluciones y determinaciones están dañando a la ONU como un cuerpo creíble en la sociedad y de ley internacional, y socavan el proceso de paz en el Medio Oriente.

La comunidad internacional no puede seriamente seguir enterrando la cabeza en la arena e ignorar estos factores. Ya es hora de que los estados responsables y afines traten de restaurar la credibilidad de la comunidad internacional en general y de la ONU en particular, y traerlo de vuelta a la realidad como un cuerpo viable capaz de cumplir con los fines para los que fue creado.

 

 

Notas al Final:

(1)  Véase, por ejemplo, las resoluciones más recientemente adoptadas en la 65ª Sesión de la Asamblea General en el 2010, incluyendo A/RES/65/202 sobre “El derecho del pueblo palestino a la libre determinación” (en el séptimo y noveno párrafos del preámbulo); A/65/179 sobre “Soberanía permanente del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y de la población árabe en el ocupado Golán sirio sobre sus recursos naturales” (en prácticamente todo el preámbulo y párrafos sustantivos); Resolución A/65/134 sobre “Asistencia al pueblo palestino”; Resolución A/65/105 sobre las prácticas “israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental”; Resolución A/65/104 sobre “las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios ocupados de Palestina, incluido Jerusalén Oriental”; Resolución A/65/103 sobre la “Aplicabilidad del Convenio de Ginebra relativo a la protección a civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto, 1949, al territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y los otros territorios árabes ocupados”; A/65/102 sobre la “Labor del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados”; A/65/100 sobre las “Operaciones Socorristas y de Obras Públicas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente”; A/65/98 sobre “Asistencia a los refugiados de Palestina”; A/65/17 sobre “Jerusalén”; A/65/16 sobre el “Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina”; A/65/15 sobre “Información especial del programa sobre la cuestión de Palestina del Departamento de Información Pública de la Secretaría”; A/65/14 sobre la “División para los Derechos de los Palestinos de la Secretaría”; A/65/13 sobre el “Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino”.

(2)  Para un análisis completo del estatus de Israel en la Franja de Gaza, véase el capítulo en este libro de Pnina Sharvit Baruch, “¿Está la Franja de Gaza Ocupada por Israel?”

(3)  Para un análisis completo de la situación de Israel tras la guerra de 1967, véase el capítulo de este libro por Nicholas Rostow, “Los Contextos Legales e Históricos de las Fronteras de Israel”.

(4) Véase el capítulo de este libro de Martin Gilbert, “‘Un estado con una inmensa mayoría judía” de la Declaración de Balfour al Mandato Palestino”.

(5)  h t t p : / /w w w.mf a . g o v . i l /MFA / P e a c e + P r o c e s s / G u i d e + t o + t h e + P e a c e + P r o c e s s / T H E + I S R A E L I –

PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm. Véase también las resoluciones de la Asamblea General de la ONU A/RES. 50/21, A/RES.50/29 y A/RES.50/ 84 de diciembre, 1995 en la que la ONU dio la bienvenida y expresó su apoyo al Acuerdo Interino.

(6)  Véase el anexo al documento de la ONU A/48/486-S/26560 de fecha 11 de octubre, 1993.

(7)  Véase el Acuerdo Provisional Israelí-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza 28 de septiembre, 1995, en el artículo XVIII, párr. 1, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.

htm.

(8)  Declaración de Principios Palestino-Israelí, 13 de septiembre, 1993 Canje de Cartas entre el Acuerdo del Primer Ministro Rabin y el Presidente Arafat el 9-10 septiembre, 1993 sobre la Franja de Gaza y la zona de Jericó, 4 de mayo, 1994 Acuerdo Interino entre Israel y los palestinos, 28 de Septiembre, 1995 Acuerdo sobre la Presencia Temporal Internacional en Hebrón, 9 de mayo, 1996, El Memorando de Wye River, del 23 de octubre, 1998. El Memorando del Cronograma de Implementación de los Compromisos Pendientes a los Acuerdos Firmados y la Reanudación de las Negociaciones sobre Estatus Permanente, 4 de septiembre,

1999, Protocolo Relativo Al Paso Seguro Entre Cisjordania y la Franja de Gaza, 5 de octubre, 1999. Todos estos documentos son referidos en http://www.mfa.gov.il/mfa/peace%20process/reference%20documents.

(9)  http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Gaza-Jericho+Agreement+Annex+II.htm.

(10)  Id., Artículo IV (Tierra).

(11)  La Declaración de Principios Israel-Palestina a un Gobierno Autónomo Provisional del 13 de septiembre, 1993 Artículo V, párr. 3, así como también el artículo XXXI, párr. 5 del Acuerdo Interino, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/Declaration+of+Principles.htm.

(12)  La ampliación de la Asamblea General Resolución A/RES/3005/(XXVII) del 15 de diciembre, 1972 a través de las Resoluciones del Consejo de Seguridad

446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), hasta la más reciente resolución de la Asamblea General del 10 de diciembre, 2010, A/RES/65/105.

(13)  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287.

(14)  La Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva del 2004 sobre la valla de seguridad de Israel. Véase http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf en el párrafo 120.

(15)  Véase Comentario del CICR a la Cuarta Convención de Ginebra, editado por Jean S. Pictet (1958), pp. 3-9, para un amplio resumen del razonamiento tras la redacción de la convención.

(16)  Id., P. 278.

(17)  Prólogo al comentario del CICR, en n. 13 arriba.

(18)  American Journal of International Law – Revista Norteamericana de Derecho Internacional, Vol. 84, 1990, p. 719.

74

(19)  Embajador Morris Abram, en una discusión con embajadores árabes en Ginebra, 1 de febrero, 1990.

(20)  Citado en David M. Phillips, “El mito de los asentamientos ilegales”, Comentario, diciembre, 2009.

(21)  U.N. Doc. A/CONF.183/9*.

(22)  La parte pertinente del artículo 8, párrafo 2(b)(viii), enumerando los diversos crímenes de guerra, dice lo siguiente: “El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su propia población civil al territorio que ocupa” (énfasis no en el original).

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