Tras su regreso a la Casa Blanca, el presidente de EE.UU. impuso duras sanciones contra la Corte Penal Internacional que emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Ahora, en la CPI admiten: “Altos funcionarios renunciaron por miedo a ser arrestados, organizaciones dejaron de respondernos los correos y no se pueden realizar acciones básicas. Es difícil imaginar cómo sobrevivirá el tribunal los próximos cuatro años”. Microsoft cerró la casilla de correo del fiscal general Karim Khan, y sus cuentas bancarias en el Reino Unido fueron congeladas.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya perdió el acceso a su correo electrónico, y sus cuentas bancarias fueron congeladas. El personal estadounidense del tribunal, que opera en la ciudad holandesa, fue advertido de que si viajan a EE.UU. podrían ser arrestados. Varias ONG dejaron de cooperar con la corte, y líderes de una de ellas ni siquiera responden correos del personal de la CPI.
Estos hechos, según informó esta mañana (jueves) la agencia de noticias AP, son solo algunos de los problemas con los que se enfrenta la CPI desde que el presidente Trump decidió en febrero imponer sanciones al fiscal Karim Khan. Las sanciones llegaron después de que la CPI emitiera en noviembre órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra, incluyendo ataques deliberados a civiles en Gaza —las primeras órdenes contra líderes de un país occidental y democrático.
Entrevistas de AP con funcionarios pasados y actuales, abogados internacionales y activistas de derechos humanos revelan que las sanciones de Trump han hecho extremadamente difícil realizar incluso tareas básicas, y mucho más aún llevar justicia a víctimas de crímenes de guerra y genocidio. Liz Evanson, de Human Rights Watch, dijo que estas sanciones “evitarán que las víctimas obtengan justicia”.
La orden ejecutiva de Trump prohíbe al fiscal Khan y a los 900 empleados no estadounidenses de la CPI entrar a EE.UU., y amenaza con multas o prisión a cualquiera que le brinde asistencia financiera, material o tecnológica.
Microsoft cerró la cuenta de correo de Khan, forzándolo a usar ProtonMail. También se congelaron sus cuentas bancarias en el Reino Unido. Una ONG involucrada en recopilar evidencia retiró fondos de sus cuentas en EE.UU. por miedo a que fueran confiscados por el gobierno. Dos ONG de derechos humanos dejaron de cooperar con la CPI, y una incluso dejó de responder correos por temor a represalias.
Funcionarios de la CPI se preguntan abiertamente si el tribunal podrá sobrevivir los próximos cuatro años bajo esta presión. Un alto funcionario dijo: “Es difícil ver cómo el tribunal sobrevivirá cuatro años más”.
Dentro de la corte, el personal usa humor negro para sobrellevar la situación, bromeando que no pueden ni prestarle una lapicera a Khan sin aparecer en el radar de EE.UU.
El tribunal ya enfrenta crecientes casos de falta de cooperación por parte de países que antes eran firmes aliados. La CPI no tiene poder de ejecución propio y depende de los Estados miembros. El año pasado, tres países —dos de ellos miembros de la UE— ya se negaron a ejecutar órdenes de arresto del tribunal.
Además, semanas antes de que Khan anunciara las órdenes contra Netanyahu y Gallant, dos denuncias internas alegaban que Khan acosó sexualmente a una asistente. Khan lo niega categóricamente. La ONU lleva adelante una investigación, y se lo acusa de vengarse del personal que apoyó a la denunciante.
