El 29 de noviembre de 1947, la ONU votó a favor del plan de partición de la Tierra de Israel en dos estados – uno judío y otro árabe. Inmediatamente después de la votación histórica, se vio la negativa de los líderes árabes para resolver el conflicto de esta manera, y su rechazo acompaña la historia de nuestro país desde hace 71 años. Desde entonces, todas las soluciones giran en torno al principio de la división, y la principal solución es quizás la que ha diseñado la realidad actual es el acuerdo de Oslo. Una de las consecuencias de tal acuerdo, quizás de la que menos se habla, es una floreciente “industria” de los “derechos humanos” y la asistencia humanitaria en las zonas de la Autoridad Palestina y la Franja de Gaza, y su considerable influencia a la hora que logren y hasta se formulen soluciones alternativas.
Desde el establecimiento de la Autoridad Palestina se ha multiplicado el número de ONG con un interés en la perpetuación del conflicto. La ayuda humanitaria y los mecanismos de financiación internacionales se han convertido en un fin en sí mismo y no un medio para promover una solución. Esto crea un nuevo grupo social cuya existencia es totalmente dependiente de los fondos de la ayuda extranjera.
A lo largo de la historia moderna, la sociedad civil es la que ha sentado las bases para la construcción de las instituciones del Estado y son las que allana el camino para la gobernabilidad. En la sociedad palestina se produjo un proceso inverso – con el establecimiento de la Autoridad Palestina se instalaron más organizaciones de ayuda en detrimento de las instituciones estatales eficaces y con autoridad. Esta realidad llevó a sendas desviaciones de las actividades tradicionales de las ONG que se instalaron en múltiples áreas del tejido de la vida palestina. Por ejemplo, en un documento publicado en agosto de 2016 por ONGP – una organización que agrupa a 130 organizaciones no gubernamentales palestinas – se informó que después del establecimiento de la Autoridad Palestina, las organizaciones de la sociedad civil eran las encargadas del suministro de 60 por ciento de los servicios de salud y los seguros médicos. En otras palabras, la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil palestina no sólo perpetúan el conflicto, sino que inhibe significativamente el desarrollo de la autoridad institucional.
Por otra parte, en lugar de promover cualquier proceso para resolver el conflicto, estas organizaciones operan constantemente trabajando para su profundización: Código de Conducta publicado en 2008, y firmada por 200 organizaciones palestinas, exige a sus miembros “ponerse en línea con la agenda nacional que prohíbe cada paso de la normalización con el ocupante, tanto en el área político-seguridad como en los campos del desarrollo, y la cultura”. Debemos hacer hincapié en que no hay organizaciones palestinas que puedan colaborar y promover proyectos conjuntos israelíes y palestinos.
En setiembre pasado publicó AIDA – una red de 80 organizaciones de ayuda en la Autoridad Palestina – un documento titulado: “25 años de los Acuerdos de Oslo: nuevo tiempo para una nueva narrativa”. Cínicamente, y tal vez incluso ingratamente, el informe dice que los programas de ayuda internacional intentaron encubrir el fracaso del proceso de Oslo y las violaciones del derecho internacional por parte de Israel”. Ellos argumentan que los programas de asistencia deberían venir de la mano con esfuerzos de una presión judicial y política – no hacia la Autoridad Palestina, por supuesto, sino en contra de Israel. “La paz, el desarrollo y la seguridad de millones de palestinos sólo pueden tener lugar si se colocan los derechos en el centro de las futuras conversaciones de paz y asegurarán una protección para ellos”, afirmó el documento. Ni una palabra sobre una solución que ponga fin a la violencia o el establecimiento de instituciones, sino que se trata, de nuevo, en un esfuerzo desesperado para mantener la industria de la ayuda con el pretexto de proteger los derechos humanos.
Los Acuerdos de Oslo, quizás lo más parecido a un acuerdo el plan de partición, es lo que llevó al auge de las organizaciones que atraen su fuerza de la debilidad del acuerdo. La industria de los derechos humanos y de la ayuda humanitaria consiste en mil millones de dólares durante 25 años, con cero resultados. El informe del Banco Mundial de este año muestra que la ayuda no puede mejorar aún más la calidad de vida de los residentes de la Autoridad Palestina, sino que sólo contribuirá al fortalecimiento de la élite de las ONG. En el aniversario de la partición de Palestina de noviembre 1947, y a 25 años siglo de los Acuerdos de Oslo, la ONU haría bien “si hace que los países donantes en vez de mantener la industria de la ayuda”, invirtiese recursos y energía en la búsqueda de una solución duradera al conflicto israelí-palestino, una solución mutuamente aceptable.
Odelia Azoulay es investigadora del desk israelí de NGO Monitor
