En los últimos meses, los parlamentos en Irlanda y Chile tomaron medidas sin precedentes que imponen severas limitaciones al comercio económico con los asentamientos judíos en Cisjordania. Aunque en esta etapa estas decisiones no son vinculantes y su impacto directo es limitado, su aceptación refleja la ilegitimidad que muchos actores internacionales atribuyen a los asentamientos y su disposición a tomar medidas concretas contra ellos. Estas decisiones, junto con la posibilidad que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publique pronto una lista negra de compañías israelíes e internacionales activas en los asentamientos, pueden llevar a pasos adicionales que podrían tener un impacto negativo en la posición pública y política global de Israel, su libertad de acción política e incluso su economía. En consecuencia, se deben tomar medidas proactivas para disminuir el impacto de las decisiones ya tomadas y para evitar la adopción de tales medidas adicionales.
El 24 de enero de 2019, la cámara baja del parlamento irlandés aprobó, con una votación de 78 a 45, una propuesta de ley que prohíbe el comercio de bienes y servicios con los asentamientos. De acuerdo con la legislación propuesta, la importación y exportación de bienes, servicios y recursos naturales de los asentamientos (judíos, más allá de la Línea Verde) se considerarán ilegales, y dicha actividad, así como los intentos de perseguir o ayudar a estas actividades, podrían incurrir en una sanción de multas o incluso de encarcelamiento. La propuesta se aparta de la política actual de la Unión Europea, según la cual los acuerdos con Israel no incluyen los territorios ocupados en 1967 y los productos exportados de los asentamientos están marcados como tales. La propuesta fue confirmada en noviembre pasado por el Senado de Irlanda, y para convertirse en ley debe pasar por una revisión adicional y por los votos en la cámara baja del parlamento.
El 28 de noviembre de 2018, la cámara baja del parlamento chileno, con 99 a favor contra 7 en contra, aprobó una decisión que pide al gobierno que revise los acuerdos anteriores con Israel y especifique las fronteras de 1967 en los acuerdos futuros. Además, la decisión pide al gobierno chileno que establezca pautas para los ciudadanos que visitan la región para que eviten apoyar los asentamientos o cooperar con una violación significativa del derecho internacional humanitario. Finalmente, la decisión solicita revisar los procesos diseñados para evitar la importación a Chile de productos de asentamientos israelíes.
Irlanda y Chile han sido durante mucho tiempo una plataforma para la actividad global antiisraelí, incluso para el movimiento BDS. En octubre pasado, 50 legisladores irlandeses, incluido un ministro de gobierno de rango inferior, pidieron un embargo de armas a Israel. En abril de 2018, la Unión de Estudiantes de Irlanda y el Ayuntamiento de Dublín expresaron su apoyo al BDS, y este último incluso adoptó una campaña contra HP. En julio de 2017, el presidente irlandés, Michael Higgins, se reunió con Omar Barghouti, uno de los líderes del movimiento BDS, y expresó su apoyo a su actividad. La Campaña de Solidaridad con Palestina de Irlanda (ISPC, por sus siglas en inglés) se considera una de las organizaciones de deslegitimización israelí más prominentes en el ámbito internacional.
Chile es el hogar de la comunidad más grande de expatriados palestinos fuera del Medio Oriente. La provincia de Los Ríos, en el sur del país, anunció en abril de 2018 que Israel es responsable de crímenes de guerra y de mantener un régimen de apartheid, y pidió al gobierno chileno que condene las acciones de Israel y reevalúe la colaboración existente con el ejército israelí. En junio pasado, el ayuntamiento de Valdivia, capital de la provincia, expresó su apoyo al boicot a Israel y anunció a la ciudad una “zona sin apartheid”. Entre 2016 y 2018, en varias universidades se pidió apoyo para el BDS, y en junio de 2017, por presión de BDS, se cancelaron las conferencias de un profesor israelí.
Aunque ambas propuestas abordan la actividad israelí solo en los territorios ocupados en 1967 y al hacerlo no aceptan la postura oficial de BDS que llama a un boicot completo a Israel, el movimiento BDS, sin embargo, acogió con felicidad las propuestas e incluso las incluyó en su lista de logros notables en 2018. Las iniciativas para boicotear los asentamientos, que a menudo surgen de las críticas a las políticas de Israel en Cisjordania, expresan solidaridad con la lucha palestina y son aceptadas entre muchas audiencias en todo el mundo, pero también permiten que el movimiento BDS, que apunta a deslegitimar a Israel, reclute a los que critican las políticas de Israel. En esta vaga realidad, Israel también, intencionalmente o no, a menudo no distingue entre quienes critican sus políticas y quienes niegan su derecho a existir y actúan para deslegitimarlos.
En este punto, el impacto directo de ambas propuestas no es significativo. La propuesta chilena no es vinculante. La propuesta irlandesa, aunque es detallada y vinculante, requiere pasos adicionales para convertirse en legislación, y en realidad podría encontrarse con obstáculos procesales y políticos que pueden neutralizarla por completo o eliminar su obligatoriedad. El gobierno minoritario en Irlanda expresó previamente su desaprobación a la propuesta, y el Ministro de Asuntos Exteriores irlandés dijo que la cuestión del comercio cae en la Unión Europea y que Irlanda no actuará de manera unilateral. Incluso si la propuesta se convierte en ley, su impacto directo potencial en la exportación israelí será muy limitado. El valor total de las exportaciones de Israel a Irlanda es insignificante ($ 105.6 millones entre más de $ 62 mil millones en 2018), y más allá de eso, la propuesta solo se enfoca en productos de los asentamientos, mientras que la mayoría de los productos fabricados por israelíes en Cisjordania están destinados al mercado israelí y no para la exportación.
Sin embargo, en el mediano y largo plazo, el impacto de ambas propuestas podría ser significativo. Las propuestas resaltan la ilegitimidad que los diferentes países atribuyen a las actividades israelíes en Cisjordania y la creciente voluntad de tomar medidas sustantivas contra ella e incluso brindar apoyo moral a las organizaciones que deslegitiman al Estado de Israel. Confirmando las propuestas en el contexto de los informes que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicará una lista negra de empresas que operan en los asentamientos podría motivar a organizaciones y activistas antiisraelíes a promover campañas similares en otros países y foros, algunos de los cuales podrían ser más importante para Israel y también podría llevar a la adopción de decisiones más severas. Además, existe una preocupación creciente por el hecho que una decisión oficial sobre boicotear los productos de los asentamientos pueda fomentar boicots formales o informales adicionales sobre empresas israelíes asociadas con los asentamientos, por ejemplo, a través de la actividad de bancos israelíes que otorgan préstamos e hipotecas con fines residenciales y comerciales en los asentamientos. Aceptar tales decisiones también podría apoyar otras propuestas (algunas de las cuales ya se han planteado), por ejemplo, cambiar las políticas de la Unión Europea y algunos de sus estados miembros con respecto a los asentamientos, listas negras adicionales, desvío de inversiones extranjeras de las compañías israelíes, evitar actividades comerciales en Israel, e incluso sanciones y limitaciones para las entidades israelíes y otras que operan en Israel.
Para evitar el posible impacto negativo de las propuestas irlandesas y chilenas y otras similares, si se presentan, se deben tomar varios pasos.
Renovar las discusiones políticas con los palestinos o al menos expresar un interés significativo en hacerlo podría limitar el apoyo a los llamamientos para boicotear los productos de los asentamientos y diversas actividades contra Israel, y podría permitir que los tomadores de decisiones internacionales y las organizaciones se opongan a tales medidas. También se espera que la respuesta de Israel al “acuerdo del siglo” del presidente Trump afecte las actitudes globales.
Ya sea como parte de un proceso político amplio o independiente de él, la promoción de actividades económicas conjuntas para israelíes y palestinos podría permitir a diversos actores globales vías adicionales para la participación, la influencia y la colaboración. Estos pueden servir como una alternativa atractiva a los boicots y una forma de compensar el impacto de los boicots, como parte de un esfuerzo diplomático público para evitarlos por completo.
Además, deben realizarse actividades más enfocadas con respecto a los proyectos de ley propuestos. En Irlanda, las discusiones deben garantizar que el gobierno esté realmente en contra de la propuesta y que se comprometa a tomar medidas para eliminar o detener significativamente los procedimientos legales, suavizar su redacción o evitar su implementación. Confiar en la política de la Unión Europea con respecto al comercio con Israel podría ayudar a neutralizar los aspectos vinculantes de la propuesta. Paralelamente, la validez de la propuesta debe examinarse a la luz de los diversos acuerdos comerciales mundiales que Irlanda e Israel son parte (por ejemplo, en el marco de la OMC) y también de conformidad con las normas de terceros (por ejemplo, proyectos de ley aceptados por 26 estados de los Estados Unidos que se oponen a boicots específicos de productos de asentamiento). Si bien no es vinculante, la propuesta chilena podría convertirse en un punto de partida para decisiones más severas y, por lo tanto, es importante instar al gobierno chileno a no seguir adelante con la acción de acuerdo con la propuesta; en paralelo la discusión debe tener lugar con elementos dentro del parlamento. Esto puede no neutralizar la influencia palestina, pero al menos podría reducir su impacto radical.
Además, el esfuerzo enfocado en identificar los objetivos y las arenas para las actividades futuras de las organizaciones de deslegitimación y los activistas podría prevenir o reducir el impacto de las propuestas futuras desde el principio, antes de que reciban un amplio apoyo. En este contexto, las instituciones de la Unión Europea deberían apuntar en un esfuerzo por evitar cualquier posible cambio en sus políticas y la posible aprobación de decisiones que coincidan con el proyecto de ley irlandés propuesto. Esto puede ocurrir a través de la discusión con la Comisión Europea y el reclutamiento de países que apoyan a Israel para que tome medidas para influir en las políticas de la UE a este respecto.
