La última confrontación Hamas-Israel- Algunos puntos legales pertinentes – por Emb. Alan Baker (24/7/2014)

El fundamento ideológico de Hamas tal como lo establece su Carta Magna, y sus acciones terroristas indiscriminadas dirigidas contra ciudades israelíes, pueblos y ciudadanos, define claramente su carácter como entidad terrorista. Esto se refleja en el hecho que Hamas ha sido prohibida formalmente en varios estados importantes.

Las acciones terroristas de Hamas, entre ellas el ataque indiscriminado contra centros de población civil en Israel y la exposición y uso deliberado y cínico de sus propios civiles, mezquitas, hospitales y escuelas como escudos humanos, son violaciones del derecho internacional humanitario, al que los líderes y comandantes de Hamas son responsables y proseguibles legalmente.

 La ley internacional reconoce el derecho de Israel a defenderse por sí mismo, ya sea a través del derecho internacional convencional de legítima defensa consagrada en la Carta de las Naciones Unidas o a través del derecho consuetudinario internacional a la auto-defensa.

 Las acusaciones de que Israel está castigando colectivamente a la población palestina de la Franja de Gaza no poseen base alguna. Las acciones militares de Israel van dirigidas exclusivamente a un propósito estratégico y táctico, no castigar a la población, sino detener el lanzamiento de cohetes y el terrorismo indiscriminado de infiltración en territorio soberano de Israel.

Las acusaciones dirigidas contra Israel de que utiliza fuerza desproporcionada, es una mala interpretación de las normas internacionales de proporcionalidad en los conflictos armados que tienen por objeto regular la extensión de la fuerza necesaria en relación al reto militar previsto.

 Mucho se ha escrito y hablado de esto en los medios de comunicación internacionales y por los líderes de la comunidad internacional respecto a la reciente violencia entre la entidad terrorista de Hamas en la Franja de Gaza e Israel, sobre todo teniendo en cuenta las imágenes gráficas mostradas por los diversos medios de comunicación. Pero existen puntos legales pertinentes, que no siempre figuran en este aluvión de comentarios y críticas selectivas, a menudo inexactos, e incluso maliciosos.

Los siguientes puntos resumen algunos de los aspectos legales de esta situación:

 

El carácter inherente de Hamas como entidad terrorista

El fundamento ideológico profeso de Hamas, tal como figura en su carta magna, lo alinea de manera integral con la Hermandad Musulmana y claramente la identifica como una entidad terrorista. De acuerdo a la ideología de Hamas, Israel no tiene lugar en el mundo y su objetivo declarado es la destrucción del estado judío: “Hamas se esfuerza por levantar la estandarte de Alá sobre cada pulgada de Palestina”. Además, la organización promueve una ideología antisemita que glorifica el jihad y el asesinato de judíos.

Si la administración de Hamas en la Franja de Gaza se le considera un componente de la Autoridad Palestina, tras el reciente acuerdo de unificación con el jefe de la OLP, Mahmoud ‘Abbas (Abu Mazen) en abril, 2014 o como un “cuasi-estado”, una “entidad no estatal”, o incluso como un “estado” (con fronteras y gobierno), su carácter de entidad terrorista está bien establecida y es universalmente reconocida.

Tal reconocimiento incluye la clasificación formal y legal junto a la prohibición de Hamas como organización terrorista por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Jordania, Egipto, Israel y Japón.

Su declarado modus operandi defiende y propugna el terrorismo contra Israel como el medio para lograr sus fines. Este considera a todo hombre, mujer y niño israelí como objetivo militar legítimo que justifica sus ataques terroristas de misiles, atentados suicidas, asesinatos y secuestros. Admite abiertamente su estrategia de aterrorizar a la población civil de Israel a través del uso de cohetes y misiles indiscriminadamente dirigidos a ciudades y pueblos de Israel. Sus líderes y voceros han admitido públicamente su responsabilidad en estos actos de terrorismo. Así, el lanzamiento de cohetes indiscriminados es coherente con su ideología, que ve a las víctimas civiles israelíes como éxitos militares estratégicos y tácticos.

 

Terrorismo en el Derecho Internacional

La legislación y la práctica internacional prohíben el uso del terrorismo, por cualquier razón o justificación. Esto se confirma en una serie de resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente a raíz de los ataques del 11 de Septiembre, 2001 contra los Estados Unidos.

En su resolución 1269 (1999), el Consejo, en el punto resolutivo primero de la resolución:

“Condena inequívocamente todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, independientemente de su motivación, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, en particular aquellos que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad internacional”.

Más especifico, la resolución 1566 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con fecha de octubre, 2004, aprobada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, establece lo siguiente:

“Condena en los términos más enérgicos todos los actos de terrorismo, independientemente de su motivación y dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, como una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad”. “…. Los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población general o en un grupo de personas o en personas determinadas, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto, que constituye delito en el ámbito y tal como se define en los convenios y protocolos internacionales relativos al terrorismo, son en ningún caso justificables por consideraciones  políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas u otra de naturaleza similar”.

No menos de 16 convenciones y protocolos internacionales han sido adoptados entre 1963 y al día de hoy por las Naciones Unidas, criminalizando todos los aspectos del terrorismo internacional, incluyendo resoluciones históricas significativas de la Asamblea General de la ONU. En conjunto, estos representan el claro consenso de opinión de la comunidad internacional al declarar ilegales todas las formas de terrorismo.

Una de tales convenciones de la ONU, el Convenio Internacional de 1977 para  suprimir los atentados suicidas, determina:

“1. Cualquiera que comete un delito en dentro del significado del presente Convenio quien ilícita e intencionadamente entrega, coloca, arroja o detona un artefacto mortífero explosivo u otro en, hacia o contra un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, un sistema de transporte público o hacia instalaciones e infraestructuras:

(a) Con el propósito de causar la muerte o lesiones corporales graves; o

(b) Con el propósito de causar destrucción significativa de ese lugar, instalación o sistema, donde tal destrucción produce o pueda producir gran perjuicio económico”.

Similarmente, en este contexto, las provisiones operativas de la apoyada unanimidad de 1994 “Declaración de la ONU sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional” no son menos relevantes:

“1. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman su inequívoca condena de todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo, como criminales e injustificables, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre estados y pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los estados;

2. Actos, métodos y prácticas terroristas constituyen una grave violación de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, lo que puede suponer una amenaza para la paz y la seguridad internacional, pone en peligro las relaciones de amistad entre estados, entorpece la cooperación internacional y que conlleva a la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y las bases democráticas de la sociedad;

3. Actos criminales intencionales o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, grupo de personas o en determinadas personas por motivos políticos son en cualquier circunstancia injustificables, cualesquiera sean las consideraciones políticas, religiosas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, o de otra índole que puedan ser invocadas para justificarlas;”

Además de los instrumentos multinacionales que prohíben el terrorismo, existe una extensa serie de convenios regionales de lucha contra el terrorismo, que abarcan la Unión Africana, la OEA, la ASEAN, la CEI, SHARC, la Organización de Cooperación Shanghai, el Consejo de Europa, el Plan de Acción de la UE, la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica.

 

Crímenes internacionales y responsabilidad penal por Hamas

Las acciones terroristas practicadas por Hamas – tanto ataques indiscriminado contra ciudades israelíes, aldeas y civiles, así como la exposición de sus propios residentes como escudos humanos – son violaciones del derecho internacional y de las normas humanitarias aceptadas internacionalmente, específicamente, la violación de la regla de distinción, que requiere de combatientes que limiten los ataques para legitimidad objetivos militares.

Como tales, estos constituyen ambos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, enjuiciables ante la Corte Penal Internacional (CPI), así como también ante los tribunales municipales y tribunales guiados por la jurisdicción penal universal.

Abogar por una guerra santa religiosa cuyo objetivo es crear una entidad islámica regional que abarca la totalidad del territorio de Israel, y el llamado a “liberar Palestina” e  “izar la estandarte de Alá sobre cada pulgada de Palestina” parece ser contraria a las disposiciones de la Convención de 1948 sobre la Prevención de Genocidio.

El Estatuto de Roma 1998, que fundó la Corte Penal Internacional (CPI) declara que el tribunal tiene la intención de hacerle frente a “los crímenes más graves en importancia para la comunidad internacional en su conjunto”. Específicamente, establece la competencia del tribunal respecto a los crímenes antes mencionados, y en ausencia de una remisión por un estado, que permite tanto al Consejo de Seguridad de la ONU y el fiscal de la corte el iniciar investigaciones.

Hamas posee su propia fuerza militar estructurada, instituciones políticas y sociales, y el control de facto sobre un territorio definido, y ha lanzado miles de cohetes hacia ciudades israelíes, aterrorizando y poniendo en peligro la vida de miles de israelíes. Hamas, incluso como entidad no estatal, o parte de una entidad no estatal, es considerado por todos los criterios aceptados, de ser plenamente responsable bajo el derecho internacional humanitario por sus acciones en el desempeño de sus ataques terroristas contra civiles israelíes y por usar sus propios  civiles como escudos humanos. Por consiguiente, su liderazgo, comandantes y combatientes son punibles por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En su artículo “La Responsabilidad de Hamas ante el Derecho Internacional Humanitario” la jurista Sigall Horowitz afirma lo siguiente:

“Según el derecho internacional, los actores no estatales están obligados por las normas de derecho internacional humanitario consuetudinario cuando se convierten en parte en un conflicto armado. Por lo tanto, la Sala Constitucional de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona sostuvo lo siguiente: “está bien establecido que todas las partes en un conflicto armado, ya sean estados o actores no estatales, están obligados por el derecho internacional humanitario, aunque sólo los estados pueden llegar a ser partes en los tratados internacionales”.

Respecto a la responsabilidad penal individual de los miembros de Hamas Horowitz añade:

“… El uso por miembros de Hamas de los cohetes Qassam y Grad en conexión al conflicto armado, puede constituir crimen de guerra según el Estatuto de Roma. Por consiguiente, estos actos pueden determinar la responsabilidad penal individual de los combatientes de Hamas que hayan cometido, ordenado o les hayan asistido, ellos, o de otra manera contribuyeron a su comisión. Estos actos también pueden determinar la responsabilidad penal individual de los jefes militares y dirigentes políticos de Hamas, bajo el principio de responsabilidad superior”.

Además del delito de conspiración y tentativa de cometer genocidio antes mencionado, los siguientes actos de terrorismo llevados a cabo por Hamas constituyen graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional:

El apuntar indiscriminadamente contra pueblos y aldeas civiles israelíes con cohetes

a. Regulaciones de la Haya 1907:

Artículo 25: “Queda prohibido atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos”.

b. Protocolo I de la Convención de Ginebra 1977:

Artículo 48: “A fin de garantizar respeto y protección a la población civil y bienes de carácter civiles, las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares”.

Artículo 51(2): “La población civil como tal, así como también individuos civiles, no serán objeto de ataque. Los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil están prohibidos”.

Artículo 51(4): “Se prohíben los ataques indiscriminados. Son ataques indiscriminados los siguientes:

(a) aquellos que no van dirigidos contra un objetivo militar concreto;

(b) los que emplean métodos o medios de combate que no pueden ser dirigidos contra un objetivo militar concreto; o

(c) aquellos que emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sean posibles limitar conforme exigido por el presente Protocolo; y, en consecuencia, en cualquiera de tales casos, son de naturaleza de ataque a objetivos militares y personas civiles o bienes de carácter civil, sin distinción”.

El artículo 57 exige que la población civil, los civiles y los bienes civiles sean liberados en la conducción de las operaciones militares, y que se tomen todas las precauciones posibles para evitar y minimizar la pérdida incidental de vidas civiles, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil, y el dar aviso anticipado a ataques.

 

El uso de civiles como escudos humanos

Almacenar deliberadamente y el lanzamiento de cohetes desde el interior o en las proximidades de hospitales, mezquitas, escuelas y casas en zonas densamente pobladas, tanto para proteger y camuflar cohetes y con el fin de generar deliberadamente acciones militares israelíes en contra de tales emplazamientos y con ello poner en peligro a palestinos civiles, constituye crímenes de guerra

El almacenamiento de cohetes en una escuela del UNRWA en Gaza es quizás un ejemplo típico de este crimen, que generó una declaración de condena por la propia UNRWA.

El uso de una de las mezquitas centrales en Gaza – la Mezquita Al-Farouq en el campo de refugiados de Nuseyrat – por almacenar cohetes y armas y, como instalación para las operaciones de Hamas es un ejemplo más de esta crimen.

El Artículo 51(7) de los Protocolos de 1977 a la Convención de Ginebra establece:

“La presencia o movimientos de la población civil o de personas civiles no podrán ser utilizados para hacer ciertos puntos o zonas inmunes a operaciones militares, en particular en intentos de cubrir objetivos militares  de ataques, o cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares. Las partes en conflicto no podrán dirigir los movimientos de la población civil o de personas civiles para tratar de escudar objetivos militares de ataques o cubrir operaciones militares”.

El artículo 58(b) requiere evitar situar objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas.

Las siguientes disposiciones del Estatuto del CPI se refieren a este tipo de crímenes:

Artículo 7: crímenes contra la humanidad – la comisión múltiple de “ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil”.

Artículo 8: crímenes de guerra – comisión a gran escala, como parte de un plan o política de ataques intencionales contra la población civil o contra civiles y bienes de carácter civil; Lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que tal ataque causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles; atacar o bombardear ciudades, pueblos o edificios que no son objetivos militares; aprovechar la presencia de civiles para colocar ciertos puntos, zonas o fuerzas militares inmunes a operaciones; y la utilización de niños menores de quince años en la participación de hostilidades.

 

El derecho de Israel a la autodefensa

El derecho internacional reconoce dos derechos fundamentales a la auto-defensa, el derecho internacional convencional tal como se establece en el artículo 51 de la Carta de la ONU:

“Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inherente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de que ocurra un ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas…”

La segunda razón es que el derecho internacional consuetudinario, basado en el caso Caroline (1837), que establece el derecho a la legítima defensa frente a una necesidad que es “inmediata, abrumadora, sin dejar opción a medios, y ningún momento a deliberación”.

El derecho de Israel a invocar el artículo 51, el derecho a la autodefensa respecto a los ataques terroristas contra sus ciudades y pueblos, curiosamente fue negada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su Opinión Consultiva del 2004 sobre el caso27 de la Valla de Seguridad Israelí bajo el cual la amenaza sólo puede venir de otro “estado”. Esta extraña conclusión ha sido rechazada tanto por los jueces de la corte, así como también por juristas internacionales.

Tal como ha sido señalado por la Jueza Higgins (Reino Unido):

“No estoy de acuerdo con todo lo que la Corte tiene que decir sobre la cuestión de la ley de autodefensa. En el párrafo 139 la Corte cita el artículo 51 de la carta magna y luego continúa: “El artículo 51 de la carta magna reconoce así la existencia de un derecho inherente a la legítima defensa en caso de un ataque armado de un estado contra otro estado”. No existe, con respeto, nada en el texto del artículo 51 que de este modo se estipule que la legítima defensa sólo está disponible cuando un ataque armado es hecho por un estado. La cuestión es sin duda en donde reside la responsabilidad para el envío de grupos y personas que actúan en contra de civiles israelíes y la gravedad acumulada de dicha acción…..

Esto es formalismo de un tipo no-imparcial”.

De manera similar, el juez Buergenthal (Estados Unidos) criticó la conclusión anterior como “dudosa” y declaró:

“…La carta magna de las Naciones Unidas, al afirmar el derecho inmanente a la autodefensa, no hace que su ejercicio dependa de un ataque armado por otro estado”.

“Los ataques a Israel procedentes de todo esa línea [verde] deben, por lo tanto permitir a Israel ejercer su derecho a la legítima defensa contra este tipo de ataques, siempre y cuando las medidas que adopte sean por lo demás compatibles con el legítimo ejercicio de este derecho”.

En varias resoluciones claves, el Consejo de Seguridad ha dejado claro que “el terrorismo internacional constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacional”, y ha afirmado el derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas ante tal terrorismo.

Esto ha sido reiterado en la resolución 1368 (2001), adoptada sólo un día después de los atentados del 11 de Septiembre, 2001 en los Estados Unidos, en la que el Consejo de Seguridad invoca el derecho a la legítima defensa en pedirle a la comunidad internacional combatir el terrorismo. Del mismo modo, en la resolución 1373 del (2001) adoptada en virtud del Capítulo VII de la carta magna, el Consejo “reafirmó el derecho inherente a la legítima defensa, individual o colectiva, reconocido por la Carta de las Naciones Unidas y confirmado en la resolución 1368 del (2001)”.

De manera obvia, ninguna de estas resoluciones imponen límite a su aplicación en los atentados terroristas con sólo los actores estatales, ni tampoco hubo suposición en ese sentido implícito en estas resoluciones.

 

Reclamaciones que se están realizando en contra de Israel

 El castigo colectivo

La afirmación de que Israel está castigando colectivamente a la población de la Franja de Gaza, enunciado por el vice primer ministro del Reino Unido Nick Clegg es a la vez errónea y se basa en supuestos jurídicos engañosos. Tal como se indicó anteriormente, las acciones de Israel van dirigidas hacia un propósito estratégico y táctico – y no castigar a la población, sino detener el lanzamiento de cohetes indiscriminados y el uso de túneles de infiltración para llevar a cabo actos de terrorismo contra la población civil.

Mientras que el derecho internacional prohíbe el “castigo colectivo”, ninguna de las acciones de combate de Israel contra Hamas constituye castigo colectivo, ya sea en forma de imposición de sanciones a individuos o grupos sobre la base de la  culpa de otro, o la comisión de actos que de otra manera violan las reglas de distinción y/o proporcionalidad.

Sin embargo, la exposición deliberada y sistemática por parte de Hamas de sus residentes a las actividades de combate israelíes, en lugar de permitirles entrar en los refugios y túneles, y la intimidación sistemática y amenaza terrorista a través de ataques diarios con cohetes indiscriminados dirigidos contra ciudades y pueblos israelíes, constituye un castigo colectivo a millones de ciudadanos israelíes y residentes palestinos de la Franja de Gaza y, como tal, son violaciones flagrantes y dolosas de las normas del derecho internacional humanitario.

 

Ataques deliberados contra residencias

 Israel está siendo acusado falsamente por las Naciones Unidas y otros de forma deliberada e intencionalmente por tener como objetivo residencias.

Trágicamente, una de las muchas violaciones de Hamas a las normas humanitarias internacionales es el ejercicio de sus actividades terroristas dentro de las áreas residenciales a través de las ciudades y pueblos de la Franja de Gaza, incluyendo el uso de las propias casas de los comandantes, donde sus familiares y otros civiles pueden residir. Estas casas han sido utilizadas para el almacenamiento de armas, comandos, control, y centros de comunicación.

El uso de casas, viviendas y otras estructuras residenciales para fines militares pone en peligro a estos y hacerlos blancos militares legítimos según el derecho internacional.

El artículo 52(2) del Primer Protocolo37 de Ginebra se refiere específicamente a la obligación de limitar los ataques a objetivos militares – “objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización en las circunstancias del caso para el momento, ofrece una ventaja militar definida”;

Con el fin de determinar con precisión los objetivos militares, el ejército israelí utiliza métodos avanzados, incluyendo varios niveles de inteligencia, la prestación de asesoramiento jurídico; y una amplia formación previa prevista para los comandantes de operaciones. Incluso cuando una casa es considerada por todos los criterios jurídicos pertinente de ser un objetivo militar legítimo, las fuerzas israelíes minimizar el daño potencial a la población civil circundante a través de la cobertura visual en tiempo real con el fin de evaluar la presencia de civiles en un blanco; la provisión de alerta anticipada antes de atacar un objetivo; y la cuidadosa elección de las armas y municiones a fin de minimizar el daño a civiles.

 

Por lo tanto, Israel no tiene una política de atacar deliberadamente civiles o bienes de carácter civil, y hace todo lo posible para avisar con medios eficaces ataques inminentes que podrían afectar a la población civil.

A pesar de la política deliberada y prácticas de Hamas de usar civiles a la fuerza, incluyendo niños, para proteger sus cohetes y emplazamientos de armas, Israel ha hecho todo lo posible para responder a los ataques con cohetes de Hamas y asegurar el mínimo daño a tales civiles. Esto incluye proveer alertas tempranas a las personas que residan o estén situados en o las proximidades de las casas atacadas debido a su utilización para fines de planificación de actos de terrorismo, almacenamiento de armas o como emplazamientos de cohetes, y los llamados públicos a los no combatientes a distanciarse de tales objetivos.

 

La afirmación de fuerza desproporcionada/bajas

Las denuncias en los medios de comunicación internacionales y de las organizaciones internacionales y algunos representatives40 gubernamental que las acciones de Israel son “desproporcionadas” y, por tanto, en violación del derecho internacional, son tanto fáctica y jurídicamente incorrecta.

El requisito de proporcionalidad en los conflictos armados es una medida de la magnitud de la fuerza necesaria en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. No es una comparación entre las víctimas de las partes involucradas, ni de los daños ocasionados durante el combate.

Una monografía titulada “Aplicación del Principio de Proporcionalidad en Operaciones de Combate”, publicado por el Instituto Oxford para la Ética, Derecho y Conflicto Armado, afirma:

“… El daño a civiles no es ilegal en sí mismo. Una lesión a civiles o daños causados ​​a bienes de carácter civil tales como efectos secundarios de una operación militar puede ser permisibles proveyendo que sea proporcional a la ventaja militar anticipada de la operación.

Este principio es considerado parte del derecho internacional consuetudinario, que obliga a todos los estados. Ese se ha convertido en parte del derecho positivo de los conflictos armados (DIH) con su codificación en el Primer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1977. El Artículo 51 párr. 5b) afirma que “[un] ataque que se prevea cause incidentalmente muertos, lesiones a civiles, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que sería excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”, está prohibido”.

El hecho trágico y lamentable que haya más víctimas civiles y daños a la propiedad dentro de la Franja de Gaza de lo que hay en Israel no es una función al uso desproporcionado de fuerza por parte de Israel, o el uso de armas desproporcionadas, sino de los hechos, tal como se ha señalado, que Hamas utiliza a la fuerza y ​​deliberadamente a los civiles y las estructuras civiles y hogares como escudos humanos. Los edificios son utilizados para sus emplazamientos de cohetes y centros de mando, exponiendo así a conciencia a los residentes al daño físico con miras a prevenir ambas acciones de Israel en contra de sus lanzamientos de cohetes y otras instalaciones militares, y para cínicamente hacer desfilar civiles muertos frente a las cámaras de televisión que transmiten estas imágenes horripilantes alrededor del mundo subtituladas culpando a Israel.

Al hacer esto, Hamas está cometiendo un doble crimen de guerra al atacar deliberadamente a civiles israelíes, mientras que al mismo tiempo  incorpora sus armas, líderes, operarios e infraestructuras en el centro de civiles palestinos no involucrados.

Del mismo modo, el hecho que Hamas impide el acceso de civiles a su red subterránea de túneles y refugios antiaéreos, reservándolos para sus comandantes militares y para el almacenamiento de cohetes, y el hecho de que Israel ha desarrollado un extenso marco de refugios, así como su sistema defensivo antimisiles “Cúpula de Hierro”, no puede utilizarse como base para acusar a Israel del uso de fuerza desproporcionada.

 

La comparación de bajas

Tal vez una de las prácticas más reprobables de los medios internacionales es la denominada comparación del “conteo de cuerpos”, y la triste conclusión de que la desproporcionalidad es ejemplificada por el hecho de que más palestinos son asesinados que israelíes. La absurda suposición de que esta comparación hace que más víctimas israelíes sería preferible a fin de “nivelar” el recuento. El sistema de defensa de misiles de Israel “Cúpula de Hierro”, que ha protegido a miles de potenciales víctimas civiles israelíes de los cohetes de Hamas, se le culpa de ser la causa de esta disparidad en las bajas.

Es evidente que a Israel no se le puede responsabilizar por dicha ecuación. Al igual que en cualquier conflicto armado, y en especial ante las circunstancias de la actual, civiles mueren trágicamente y hay muchos heridos. A diferencia de Hamas, Israel no tiene una política de atacar deliberadamente a la población civil, pero lamentablemente, ya sea debido al hecho de que Hamas expone deliberadamente a la población civil para proteger sus objetivos, o debido al error humano ocasional u orientación de mapeo inexacto, los civiles son víctimas.

Israel tiene políticas muy estrictas en investigación de estos casos, y en casos de presuntos crímenes de guerra o negligencia, tomando las medidas legales y disciplinarias correspondientes.

 

Amenazas a instituto de acción contra líderes israelíes en la Corte Penal Internacional (CPI)

Entre los medios instigadores y las declaraciones políticas de los líderes palestinos y elementos antiguos de la comunidad internacional, existe una ola constante de amenazas para iniciar procedimientos por presuntos crímenes de guerra contra los líderes de Israel y comandantes militares ante tribunales penales internacionales y nacionales.

Tal como se señaló anteriormente, el código de la ley militar y la estructura de mando de Israel requiere de estricta conformidad con las normas internacionales humanitarias y los alegatos de violación de dichas normas por parte de soldados o comandantes sean debidamente investigados y en su caso, las acciones judiciales pertinentes son instituidas dentro del marco de justicia militar de Israel. Como tal, las amenazas para instituir una acción en la Corte Penal Internacional no son realistas y no tienen en cuenta los requisitos del estatuto del CPI.

Sin embargo, la flagrante y los abiertamente admitidos crímenes de guerra cometidos por Hamas y sus líderes tal como se detalla en este documento y la falta de cualquier voluntad, capacidad, marco legal o medios dentro de la estructura legal palestina o de Hamas en investigar y juzgar estos delitos, requieren que sean remitidos a la Corte Penal Internacional a fin de garantizar que los líderes e instigadores de la infraestructura terrorista de Hamas sean llevados ante la justicia penal.

 

Puntos finales

Este documento tiene la intención de colocar el actual conflicto Hamas-Israel dentro de las proporciones de la ley y la práctica internacional, con miras a disipar algunas de las exageraciones de los medios de comunicación, y las declaraciones y acusaciones selectivas y parciales que se hacen en contra de Israel.

Los conflictos armados en ninguna circunstancia implican situaciones en las que civiles son lamentablemente afectados. El derecho internacional tiene como objetivo limitar el daño a civiles inocentes, garantizando que las partes involucradas conduzcan las hostilidades de acuerdo a las normas humanitarias, a fin de prevenir, en la medida de lo posible, víctimas civiles.

Israel, un estado soberano con un ejército que se comporta de acuerdo con las normas, está haciendo todo lo posible para cumplir con ellas, a pesar de la flagrante, voluntariosa e indiscriminada violación por parte de Hamas, tanto respecto a su propia población, así como también respecto a la población de Israel.

Es de esperar que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos por los líderes y comandantes terroristas de alto rango de Hamas no quedaran impunes, y que la comunidad internacional actúe para garantizar que no se beneficien de la impunidad.

 

 

Instituto de Asuntos Contemporáneos – Fundado en forma conjunta con la Fundación Familia Wechsler – Nº 602 Julio-agosto 2014 –  Traducido por Roby Ka para Hatzad Hasheni

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