La liberación del segundo linchador de Ramallah de la cárcel de Israel viola las leyes internacionales – Por Prof. Louis René Beres (BESA)

RESUMEN: Todos los estados comparten una obligación común y vinculante de capturar y castigar a terroristas. Aunque Israel permanece en la línea frontal de esta normativa y hace todo lo posible por cumplir con los términos operacionales, posee la imperante obligación de mantener en prisión a los terroristas asesinos que fueron sentenciados. Cuando fue liberado Haitham Muari, uno de los asesinos pertenecientes a Hamás condenados por los grotescos asesinatos por linchamientos de dos israelíes en Ramallah, la acción colocó a Israel en la lamentable posición de impulsar, una vez más, la liberación de otro terrorista condenado. La explicación oficial desde Jerusalén, es que Muari “sólo” estuvo involucrado en la golpiza previa a la mutilación del Sargento Mayor Yosef Avrahami y, por lo tanto, debería ser liberado luego de un período mucho más breve de encarcelamiento, es injustificadamente exculpatorio, legalmente inventado y nacionalmente auto-destructivo.

Imagen: Aziz Salha gesticula con sus manos durante linchamiento en Ramala, (vía Wikipedia)

Israel acaba de liberar a uno de los tantos palestinos condenados en el linchamiento de dos soldados de las FDI en octubre, 2000 en Ramallah. Haitham Muari fue condenado en el 2004 por el grotesco asesinato y mutilación de una de las dos víctimas, el Sargento Mayor Yosef Avrahami y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, nuevas evidencias supuestamente sugirieron que Muari fue “sólo” cómplice en la golpiza previa a la mutilación de los soldados. Este ataque ocurrió debido a una entrada accidental de los dos reservistas a la ciudad de Ramallah y su detención totalmente injustificada por policías de la Autoridad Palestina.

Junto a la cooperación activa del cuerpo policial de la AP, por lo tanto, este lugar “oficial” palestino se convirtió en el lugar de ambos asesinatos en Ramala.

Aparentemente, esta última acción de liberar a un terrorista por parte de Israel es legalmente inaceptable. El haber admitido ser “sólo” cómplice de asesinato en este caso, un homicidio salvajemente ritual que implicó que el perpetrador introdujo literalmente sus manos dentro de los órganos internos de las víctimas no es exculpatorio. Ni tampoco fue ésta la primera vez que Israel violó el ‘jus cogens’ o las expectativas perentorias de todo sistema jurídico civilizado nacional. Esta norma también fue violada durante el “intercambio” de prisioneros Guilad Shalit en el 2011, cuando Aziz Salha, el otro asesino palestino, quien fue descabelladamente vitoreado cuando, desde la ventana de la estación policial de la AP, levantó con orgullo sus manos en un gesto perverso de victoria. Empapado en la sangre de sus ‘víctimas’, fue liberado por Israel.

Todos los países, incluyendo Israel, coexisten bajo la autoridad de una amplia ley de naciones planetaria. Un elemento central del derecho internacional de larga data es la normativa ‘Nullum crimen sine poena’, o “Ningún crimen sin castigo”. Este principio inmutable fue fuertemente reafirmado con particular importancia por el autodefinido Estado judío en los juicios de Núremberg de 1945-46 posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Este principio impone a cada estado la obligación básica de perseguir y castigar a los terroristas en virtud de las leyes internacionales. “Ningún crimen sin castigo” está directamente codificado en muchas fuentes jurisprudenciales y también puede deducirse de los Principios de Núremberg (1950). De acuerdo al Principio No. 1, “Toda persona que cometa un acto que constituya ser un crimen de conformidad con las leyes internacionales es responsable y por lo tanto puede estar sujeto a ser castigado”.

“Ningún crimen sin castigo” sigue siendo una parte conspicua de los sistemas legales nacionales civilizados, tal como debería ser. En junio, 2003 Shurat HaDin, o el Centro de Leyes de Israel, condenó la intención por parte de Israel de liberar a 100 terroristas palestinos en anticipación astuta a mayores liberaciones terroristas planificadas. Luego, fueron liberados casi cinco veces más de esta cifra por el Primer Ministro Ariel Sharon. En una carta dirigida al Primer Ministro, la Directora de Shurat HaDin Nitsana Darshan-Leitner, escribió que liberar erróneamente a terroristas sólo reavivara el terrorismo árabe en contra de hombres, mujeres y niños judíos indefensos.

Darshan-Leitner demostró estar en lo cierto. Poco después, varios terroristas vinculados a Fatah lanzaron múltiples ataques suicidas con bombas en Israel. En uno de estos ataques, el “objetivo militar” de los “combatientes” palestinos fue un café repleto de madres y sus pequeños hijos.

El terrorismo es un delito muy grave según las leyes internacionales. El delito concreto que compone este crimen se encuentra, entre otros, en el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo. A pesar de las garantías del gobierno israelí que esto no ocurriría, algunos terroristas palestinos liberados han sido culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes de la misma categoría que los de Núremberg son tan manifiestamente atroces que los perpetradores son conocidos por las leyes como Hostes humani generis, o “enemigos comunes de la humanidad”.

El derecho internacional supone solidaridad entre todos los estados en la lucha común contra el crimen, incluyendo el crimen del terrorismo. Esta presunción de larga data fue mencionada ya en el siglo XVII, en el libro ‘La Ley de la Guerra y la Paz de Hugo Grotius (1625). Aunque Israel posee inequívocamente una clara jurisdicción de castigar todos los crímenes terroristas cometidos en su territorio, también puede tener el derecho de actuar bajo ciertos principios más amplios de “jurisdicción universal”. [1]

En los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto, 1949 se encuentra, entre otras fuentes, el caso de Jerusalén a una jurisdicción más amplia, que derivaría parcialmente de una expectativa legal razonable de solidaridad interestatal. Estas convenciones imponían a las partes contratantes la sobria obligación de castigar todas las “Graves Violaciones” de las leyes humanitarias internacionales.

Ningún gobierno posee derecho alguno legal de liberar terroristas como un gesto supuestamente pragmático. Más bien, el terrorismo es siempre una violación penalmente sancionable del derecho internacional, nunca sujeto a ni siquiera las modificaciones nacionales mejor intencionadas. En los Estados Unidos se desprende claramente de la Constitución que el poder de perdón del presidente no abarca las violaciones del derecho internacional. Este poder siempre tiene limitaciones muy escuetas y sin mucha ambigüedad a “delitos contra los Estados Unidos”.

En su captura y castigo de origen a los terroristas palestinos de Ramallah, Israel actuó, aunque involuntariamente, en nombre de todos los estados civilizados. Ningún estado posee ninguna autoridad para indultar las violaciones a las leyes internacionales, especialmente las violaciones singularmente crueles cometidas por Haitham Muari y Aziz Salha en Ramallah en el año 2000. Independientemente de lo que pudiera ser permisible bajo las propias leyes básicas de Israel, cualquier liberación de terroristas por parte de Israel debe ser siempre juzgada inadmisiblemente.

En este reciente caso, por muy bien intencionado que sea, la decisión estrechamente legalista por parte de Israel de liberar porque el perpetrador “sólo” participó en la golpiza previa a la mutilación es peor que utilizar meras triquiñuelas. En el mejor de los casos, es totalmente confuso y pasa por alto las implicaciones totales de la decisión.

Un principio fundamental ha sido establecido en la ley de que por virtud de tal liberación injustificada, el estado que produce tal liberación debe asumir por sí mismo la responsabilidad legal directa de los actos criminales pasados ​​pertinentes, así como también los futuros. Bajo normativa del derecho internacional, por lo tanto, la liberación de Haitham Muari por parte de Israel, efectivamente análoga al perdón nacional de un criminal internacional, implica a Israel en un caso de “negación de justicia”.

Esta implicación pudiera tener profundas consecuencias tanto prácticas como jurisprudenciales. Aunque es discutible que el castigo, siempre central ante la justicia, no necesariamente disuada crímenes futuros, la liberación indefendible de los asesinos linchadores de Ramallah por parte de Israel, socavará sin embargo la irremediable obligación del país de incapacitar a los terroristas.

Una última pregunta es planteada. ¿Qué tipo de gobierno nacional acordaría en repetidas ocasiones liberar a asesinos no arrepentidos de sus propias mujeres e hijos sin ninguna esperanza remotamente plausible de paz recíproca o justicia? En muchos sentidos, este tema no jurídico es aún más importante que los asuntos críticamente pertinentes de las leyes internacionales.

¿Pero quién en Jerusalén se atreverá a responder?

 

 

Louis René Beres es profesor emérito de Derecho Internacional en Purdue y autor de doce libros y varios cientos de artículos sobre estrategia nuclear y guerra nuclear. Su libro más reciente es ‘Sobrevivir A Pesar del Caos: La Estrategia Nuclear de Israel (Rowman y Littlefield, 2016).

 

[1] Un derecho similar de jurisdicción universal fue invocado por Israel durante el juicio contra el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1961. La acusación pertinente fue “crímenes contra la humanidad” basados ​​en Núremberg, incluidos como complemento universal de los “crímenes contra el pueblo judío”.

 

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