El 11 de julio de 2018 el gobierno de Argentina tomó su primera acción contra Hezbollah al congelar los activos financieros de 14 individuos que pertenecen al clan Barakat en Sudamérica. La semana pasada, la Policía Federal de Brasil arrestó al líder de este clan Assad Ahmad Barakat, quien fue sancionado y señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OCAE) de la Tesorería de Estados Unidos en el 2004 y es considerado uno de los financistas más importantes de Hezbollah. Estas recientes acciones contra Hezbollah en Latinoamérica señalan un cambio en las prioridades de los gobiernos regionales, con la ayuda y el apoyo de Washington.
La presencia de Hezbollah en una subregión de Sudamérica conocida como el Área de las Tres Fronteras (ATF), en la encrucijada entre Brasil, Argentina y Paraguay, ha sido conocida siempre por las autoridades regionales, pero recientemente algunos factores han estimulado acciones. Uno de los elementos fue la extradición en junio de 2017 desde Ciudad del Este a Miami del individuo libanes-paraguayo Ali Issa Chamas, por cargos de envío de cocaína a través de puertos y aeropuertos estadounidenses.
Muchas circunstancias contribuyen a una extradición de alto nivel pero, fundamentalmente, ambas naciones necesitan armarse de voluntad política para llevar a cabo este tipo de operaciones. La administración Obama fracasó repetidamente en extraditar a agentes de Hezbollah cuando se les presentó la oportunidad. Por ejemplo, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado en la administración Obama fracasaron en llevar al narcotraficante sirio-venezolano Walid Makled a los Estados Unidos en el 2011 tras este proveer evidencias significativas de vínculos de Hezbollah con funcionarios venezolanos en el envío de drogas a Europa y a Estados Unidos. Y en el 2016, Ali Fayad, un traficante de armas libanés-ucraniano acusado en un tribunal de Nueva York por “conspiración para asesinar a oficiales y a empleados estadounidenses”, fue liberado de prisión en la República Checa y devuelto al Líbano.
El año pasado, en un artículo de impacto la publicación ‘Político’ acusó a la administración Obama de hacer caso omiso a las actividades ilícitas de Hezbollah en favor del acuerdo nuclear con Irán, aunque los miembros de la administración Obama niegan vehementemente que este fuese el caso. El Presidente Trump le está enviando un mensaje diferente a Sudamérica respecto al tema Hezbollah, con resultados que ya comienzan a mostrarse.
Los gobiernos regionales han comenzado a tomar medidas muy enérgicas contra las actividades criminales de Hezbollah, es decir, dentro del financiamiento ilícito. La reciente congelación financiera por parte de Argentina que afecta a los miembros de Barakat es un reconocimiento oficial de parte del gobierno argentino que Hezbollah es de hecho una organización terrorista. Dado que Argentina aún no cuenta con un mecanismo legal para designar a Hezbollah como tal, su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) utilizó el marco de prevención al financiamiento del terrorismo dentro de su ley antiterrorista para emitir las sanciones. Esto llevó a redadas posteriores en casinos, hoteles y casas de cambio en el verano pasado en el ATF que condujeron a la captura de Assad Ahmad Barakat en Brasil.
Barakat estuvo encarcelado en el pasado en Paraguay, condenado por cargos de evasión de impuestos en el 2002. Pero esta vez el campo de juego político es diferente y es muy probable que la administración Trump ejerza enormes presiones sobre Brasil para extraditar a Barakat a la Argentina o a Estados Unidos.
A fin de adelantarse al problema, el Fiscal General Jeff Sessions creó el Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de Hezbollah (EFNTH) en enero, 2018 dirigido por el veterano fiscal John Cronan en el Departamento de Justicia. Este grupo de trabajo interinstitucional, encargado de combatir la financiación del terrorismo generado por Hezbollah, se enfoca no solo en procesar a los agentes de Hezbollah tanto en los Estados Unidos y, con la cooperación de fiscales regionales y de las agencias de cumplimiento de leyes, en los países latinoamericanos.
Con la elección del Presidente Trump y el establecimiento del EFNTH, existe una diferencia notable en las actitudes de los gobiernos latinoamericanos hacia Hezbollah. En las semanas previas al arresto de Barakat, varios expertos estadounidenses fueron invitados por las autoridades locales a participar en una conferencia sobre la convergencia en el tema del crimen-terrorismo en el ATF organizada por el Departamento de Justicia y la Embajada de los Estados Unidos. Se llevaron a cabo seminarios similares en los últimos meses en Panamá, Perú y Colombia, algunos de ellos patrocinados por el Departamento de Defensa en cooperación con sus homólogos locales.
El Congreso también intervino, celebró varias audiencias sobre el tema y aprobó la Ley de Enmiendas para la Prevención a la Financiación Internacional de Hezbollah del 2017. El Representante Robert Pittenger (R-N.C.), vicepresidente de un nuevo subcomité sobre terrorismo y finanzas ilícitas, ayudó a allanar el camino para una mayor cooperación regional celebrando un Foro de Seguridad de Inteligencia Parlamentaria con la UIF en Argentina en noviembre, 2017.
América Latina le está prestando mucha atención al enfoque de un gobierno integral que se ha formado en Washington. Todavía queda mucho por hacer para frenar las actividades criminales terroristas de Hezbollah y las acciones de nuestros socios regionales son fundamentales para este éxito. El reciente arresto de Barakat demuestra que Latinoamérica está lista para actuar si se le da el apoyo político y técnico. Sería muy sabio que el Presidente Trump aproveche este impulso y le otorgue prioridad a Latinoamérica en nuestros esfuerzos globales en contra del terrorismo.
Joseph M. Humire es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y miembro del Foro del Medio Oriente. Es coeditor de “Penetración Estratégica de Irán en Latinoamérica”.
