La fiscalía de la Haya en el caso de Israel: Dará tiempo pero no renunciará a la investigación – Eyal Gross (Haaretz)

Su investigación se desarrolla lentamente, pero el poder no la disuade, demostrando que su intención es investigar también a los niveles intermedios. Fatou Bensouda, que se crió en una familia polígama, debe decidir cómo y si se procesará a Israel en la Corte Penal Internacional.

La tormenta legal y diplomática que se produjo esta semana giró en torno a la decisión de una mujer, muy apreciada, cuyos pasos influirán durante los próximos años en el conflicto palestino-israelí. Fatou Bensouda, fiscal la Corte Penal Internacional permanente, asumió el cargo en junio de 2012, tras haberse desempeñado como fiscal adjunta durante ocho años. Antes, se había desempeñado en puestos de liderazgo de la Corte Penal Internacional especial para Ruanda – que se creó ad hoc en los años 90′. Este tribunal, junto con el tribunal especial para Yugoslavia, fue la antesala de la Corte Penal Internacional permanente, que comenzó a funcionar en 2002.

Bensouda llegó al Tribunal especial para Ruanda con una rica experiencia legal en Gambia, su tierra natal, donde ocupó varios cargos, entre ellos la fiscal del estado y la asesora legal del gobierno. Estudió derecho en Nigeria y una maestría en derecho marítimo internacional en Malta. En 2012, la revista Time la seleccionó como una de las cien personas más influyentes en el mundo, y la describió como “poseedora de un pensamiento profundo, quien habla suavemente pero con firmeza y que es una voz destacada para presionar a los gobiernos para apoyar la lucha por la justicia”.

Nació en 1961 en una familias polígama: su padre tenía dos mujeres y creció con más de una docena de hermanos y hermanas. “Fui a la escuela de derecho”, dijo en una entrevista hace unos años, “sobre todo porque me di cuenta de que no hay suficientes mujeres abogadas, y vi que muchas cuestiones relacionadas con el género y los asuntos de los niños, pensé que podría jugar un papel importante a la hora de presentar sus casos en la corte”. El deseo principal, declaró Bensouda en más de una ocasión es trabajar por las víctimas.

La Corte Penal Internacional, dijo Bensouda en una entrevista, refleja la idea de que la comunidad internacional tiene algo en común. Hasta su fundación las personas recibieron una exención por los crimenes que hicieron, pero deben saber que ellos pueden enfrentarse a la justicia. A diferencia de los tribunales internacionales anteriores, no se trata de un tribunal que se formara después del hecho, señaló, enviando un mensaje de que la época de la exención se terminaba.

La crítica que más se escucha es que todos los casos presentados ante la Corte se centran en países africanos, pero ésta es una acusación rechazada por Bensouda. Muchos países de África, señaló, se unieron a la corte porque justamente África era quien quería poner fin a la exención de responsabilidad y ellos creían que podían lograr esto a través de la corte. Bensouda indicó que entre los ocho casos que trata la Corte en estos días, todos tratan efectivamente con África: Cinco casos se abrieron a petición de los países africanos que querían que el tribunal interviniese, y otros dos casos (en Sudán y Libia) se abrieron por una solicitud del Consejo de Seguridad. Sólo en dos países – en Kenia y Costa de Marfil, la fiscalía inició sus propios procedimientos.

Es difícil describir las expectativas que acompañaron la llegada al cargo de Bensouda como segunda fiscal en un tribunal joven y vacilante. Después de haber sido reconocida por su talento para escuchar y dialogar, muchos esperaban que contribuirá a mejorar las relaciones conflictivas de la Corte con África. Ella llegó a la nueva posición después cumplir el papel de fiscal adjunta en la primera condena judicial, contra Thomas Lubenga, que fue condenado en marzo de 2012 por su responsabilidad en el reclutamiento de niños y la participación de estos en los combates del Congo. La segunda condena en la corte, también relacionada con el Congo, se ha logrado durante la cadencia de Bensouda, cuando Grameen Katanga fue condenado (marzo 2014) por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Congo.

Cuando asumió el cargo dijo: “Nuestra atención se centra en la responsabilidad penal individual contra víctimas inocentes”, agregando que “la ley protege a los más débiles, no es éste un club para los poderosos, y nadie me va a desviar del camino de la justicia”. Es posible que las expectativas eran demasiado altas. Los procedimientos que impulsa la fiscalia continuan moviéndose lentamente, sólo unas pocas pruebas e investigaciones preliminares y algunas acusaciones que han madurado en juicios y condenas. Más aún, la cadencia de Bensouda está marcada por varias crisis. La primera fue el colapso de la causa contra el presidente keniano, Uhuru Keniata, el mes pasado. Los jueces consideraron que no habían pruebas suficientes contra Keniata y exigieron que la fiscalía proporcione pruebas que justifiquen el juicio. Bensouda acusó al gobierno de Kenia de frustrar sus intentos por investigar los crímenes y de violación del derecho de las víctimas a conocer la verdad. Según ella, el gobierno de Kenia no ha transferido al material a la fiscalía para que ella sea capaz de probar la responsabilidad de Keniata. También acusó al gobierno de Kenia de ejecutar una campaña diseñada para intimidar a los testigos. Para empeorar las cosas, a principios de este mes mataron a un testigo que iba a declarar en otro juicio pendiente contra el vicepresidente de Kenia.

Pocos días después del cierre de la cartera contra Keniata, Bensouda anunció que suspendía la investigación sobre los crímenes de guerra en Darfur (Sudán), debido a la falta de cooperación de las Naciones Unidas. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, fue acusado en 2009 por sospechas de crímenes de guerra, pero se negó a reconocer la autoridad de la corte y sigue en libertad. “Se necesita un cambio dramático en el enfoque del Consejo de Seguridad para detener a los sospechosos en Darfur”, dijo Bensouda en el Consejo de Seguridad de la ONU y anunció la suspensión de la investigación.

Estos dos casos demuestran la dependencia de la Corte en la cooperación de los acusados. Algunos afirmaron que Bensouda no trabajó correctamente, pero todavía sigue siendo muy respetada y hasta se ha fortalecido por estas crisis, cuando acusó a los líderes de Kenia de socavar el caso contra Keniata y a los miembros del Consejo de Seguridad por el fracaso contra el presidente sudanés. Las decisiones sobre estos temas, así como en otras cuestiones, fueron vistas como decisiones profesionales y no políticas.

Parece que más que una crítica a su persona, muchos entienden las limitaciones de ésta ambiciosa institución. Bajo el liderazgo de la fiscal Bensouda se están realizando investigaciones preliminares por denuncias de tortura supuestamente cometidas por las tropas británicas en Irak y norteamericanas en Afganistán y tambien por crímenes cometidos por Rusia en Georgia. Rusia, que no es parte del tribunal, cooperó con la investigación. Esta misma semana fue trasladado al Tribunal Dominique Ongwen, líder de la organización Ejército de Resistencia del Señor en Uganda, quien ha sido acusado, junto con otros líderes de la organización (incluyendo al infame Joseph Kony), por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tras una orden de arresto emitada hace diez años.

Las investigaciones continúan adelante junto a investigaciones preliminares como la que se ha abierta contra Israel. En noviembre 2014 la fiscal cerró el caso de la deminada por la toma de control de Israel del barco Mavi Marmara y la muerte de civiles allí, y declaró que, si bien el tribunal tenía jurisdicción para tratar el tema (debido al consentimiento de las Islas Comoras, cuya bandera viajaba el Marmara), lo cierto es que el caso no tenía el grado de gravedad requerido para abrir una investigación real.

Podemos aprender sobre la política de la fiscalia leyendo el plan estratégico esbozado por su oficina en 2012, en el cual se explicaba que su oficina pasaría de analizar investigaciones puntuales a investigaciones más profundas y abiertas a lo largo del tiempo, que les permitiese rastrear una variedad de temas. También hizo hincapié en que el programa será gestionado incluyendo investigaciones no sólo en los niveles más altos sino también contra los niveles intermedios. La fiscalía comprendio que en algunos casos resultaba más simple conseguir pruebas en los niveles más bajo y luego ir subiendo. Otro cambio es el paso de depender de testigos, a dependen de pruebas adicionales como las pruebas escritas, científicas y parecidas. Todas estas consideraciones servirán de guía para la fiscalía a la hora de trata el caso palestino-israelí.

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2546697

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