La semana pasada, Israel Hayom reveló que el primer ministro Binyamín Netanyahu arremetió contra el ministro de relaciones exteriores noruego durante su visita a su oficina, acusando a su gobierno de “entrometerse en los asuntos internos de Israel” al financiar actividades anti-israelíes.
No es sorprendente que la defensa noruega se centrase en que la actividad a la que se estaba refiriendo Netanyahu no era más que trabajo humanitario. La palabra “humanitario” evoca simpatía, y con razón. Está asociado con ayudar a aquellos que fueron lastimados por la Madre Naturaleza o por la guerra. Pero así como las causas de los “derechos humanos” se usan indebidamente para avanzar agendas políticas, también se usa mal la “asistencia humanitaria” para calumniar a Israel.
Cada año, los cofres de las organizaciones gubernamentales se llenan con grandes cantidades de dinero designadas para los objetivos estratégicos definidos por la agenda humanitaria de cada región para ese año. Por ejemplo, el plan para la asistencia humanitaria en Somalia es “salvar vidas y encontrar medios mutuos para reducir el alto nivel de morbilidad”. Salvar vidas es también el objetivo primordial en Yemen y Afganistán.
En las áreas palestinas, el primer objetivo se define como “salvaguardar los derechos de los palestinos que viven bajo la ocupación de conformidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos”.
Pero tales definiciones a menudo oscurecen la maquinaria bien engrasada en la cual la ayuda humanitaria es desviada para fines políticos, tanto por los países que financian las operaciones como por las propias ONG.
Como resultado, los grupos radicales, algunos de ellos incluso vinculados a grupos terroristas, obtienen millones de dólares solo para que puedan documentar la supuesta mala conducta de las tropas israelíes contra los niños palestinos. Las imágenes que toman son utilizadas por aquellos que intentan incluir a las Fuerzas de Defensa de Israel en las listas negras de las Naciones Unidas, una campaña liderada por organizaciones que tienen vínculos con el Estado Islámico, Al Qaeda, Boko Haram y otros.
NGO Monitor publicó un informe la semana pasada que muestra que bajo la apariencia de ayuda humanitaria, el Reino Unido, la U.E. y Noruega “proporcionan millones de dólares anuales al Consejo Noruego para Refugiados para campañas políticas masivas y sin precedentes que explotan el sistema legal israelí”. Este esfuerzo se coordina con la Autoridad Palestina.
El informe dice que el NRC está registrado con una visa humanitaria internacional autorizada por el Ministerio de Servicios Sociales. Los gobiernos extranjeros lo usan para avanzar en su agenda, principalmente en el este de Jerusalén y en áreas palestinas donde Israel mantiene un control militar y civil total.
Según esos gobiernos, el sistema jurídico de Israel viola el derecho internacional humanitario y ha provocado el desplazamiento de miles de palestinos. En lo que a ellos respecta, su intromisión legal está garantizada. La NRC dice que ha llevado a cabo su actividad bajo una “política de baja visibilidad”, y los gobiernos detrás de ella se han negado a revelar detalles sobre lo que eso significa, citando “intereses comerciales” y “seguridad nacional”.
Pero los documentos que hemos obtenido en NGO Monitor explican por qué están tratando de ocultar su actividad. Los documentos muestran que el objetivo es cambiar la política y las prácticas israelíes “interrumpiendo el sistema judicial israelí” con “la mayor cantidad de casos posible” y promoviendo “medidas que tomen las Naciones Unidas y terceros estados para disuadir a la empresa de asentamientos que obstaculiza a los palestinos” acceso a los medios de subsistencia y conduce a la transferencia forzosa”.
Esto ha llevado a que se agreguen cientos de casos a la carga de trabajo de los tribunales israelíes. Entre 2009 y 2014, el NRC proporcionó representación legal en 4.069 casos. La organización dice que en 2018 pretende perseguir “5.399 casos abiertos y continuados de asistencia legal”. Esos esfuerzos legales se llevan a cabo como parte del programa insignia de la NRC y se coordinan con abogados de la Autoridad Palestina.
La asistencia humanitaria requiere imparcialidad, una perspectiva humanitaria y neutralidad. Esto es especialmente cierto en las zonas de conflicto. Inundar el sistema legal israelí con miles de casos cuyo único propósito es promover una agenda política y cambiar las políticas de una nación soberana, mientras colabora con una de las partes en un conflicto, es una clara violación de esos mismos principios y va en contra de normas internacionales que rigen las relaciones entre las democracias.
Los esfuerzos humanitarios de socorro deben ser para salvar vidas. Pero la ayuda humanitaria que se envía a los palestinos se usa para la guerra política contra Israel y contra las FDI.
Liora Cohen es investigadora de NGO Monitor, un grupo de vigilancia que promueve una mayor transparencia entre las organizaciones no gubernamentales israelíes financiadas con fondos extranjeros.
