“Juzgamiento en ausencia en Argentina. Una necesidad, una obligación y una deuda” – Por Juez Franco M. Fiumara y Nicolás Grappasonno

Los atentados terroristas de la Embajada de Israel y la AMIA cometidos en territorio argentino son delitos de lesa humanidad; sus consecuencias dolorosas trascienden el interés particular de las víctimas y del Estado en la búsqueda de la Verdad y la Justicia, a toda la humanidad le importa echar luz sobre estas deudas del sistema judicial pues se encuentra en juego toda la comunidad internacional.

Al derrotero judicial se suma la falta de iniciativa y decisión política, a diferencia de otras tragedias y atentados contra la humanidad en nuestro país. Para habilitar este mecanismo se presentaron distintos proyectos en nuestro congreso, siendo uno de los más auspicios aquél elaborado por la DAIA y presentado por los entonces diputados nacionales Patricia Bullrich, Laura Alonso, Pablo G. Tonelli, Eduardo A. Cáceres, y Federico Pinedo. Ahora bien, la temática ha cobrado en los últimos tiempos consenso político y en el senado se está elaborando un proyecto que cuenta con posibilidades reales de transformarse en ley, distintos sectores han llegado a un entendimiento.

No todas las voces de la doctrina aprueban su implementación, empero obvian pensar que ante delitos comunes en nuestro sistema rigen los conceptos de territorialidad, prescriptibilidad, amnistía y conmutación de penas; en sentido contrario, ante la comisión de un delito de lesa humanidad o crimen de guerra se aplica el sistema de garantías previsto por el derecho internacional de derechos humanos, que incluye los principios de extraterritorialidad, imprescriptibilidad, interdicción de toda clase de impunidad penal, de este modo se garantizaría los derechos de las víctimas como ley del más débil.

Claramente impera la obligación de los Estados de investigar, enjuiciar y sancionar a los culpables de graves violaciones a los Derechos Humanos, es una norma internacional imperativa e inderogable [1]. En el caso “AMIA”, el Poder Ejecutivo mediante decreto 812/2005 reconoció su propia responsabilidad por el incumplimiento de los deberes impuestos y el quebrantamiento de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías  judiciales, a la tutela judicial efectiva y al deber de garantía.

Basta recordar que, en el caso del criminal nazi Erich Priebke, por el voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una integración parcialmente diferente de la actual, se otorgó la extradición del nombrado solicitada por la República de Italia, por la responsabilidad de aquél en la matanza de las Fosas Ardeatinas, que fue considerada un delito contra la humanidad, el juicio en ausencia en la República de Italia [2]. Otro tanto ocurrió con el ex capitán de marina Alfredo Astiz, en relación a la última dictadura militar argentina, pues trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires (ESMA), el principal centro de torturas del régimen militar, fue condenado por la Corte Superior Criminal de París en ausencia a cadena perpetua en marzo de 1990 por un tribunal de París por su papel en el rapto, secuestro y la desaparición de Léonid Duquet y Alice Domon.

La Comisión Interamericana entendió que los juicios penales en ausencia por delitos comunes son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto se garantice al imputado un adecuado sistema de revisión de la condena, no se vulnera de este modo el debido proceso (caso “Tajudeen v. Costa Rica”, caso 10.289, informe nro. 2/92, fecha 4/2/1992) [3].

Recordemos también, en alusión al caso “AMIA”, que las personas sospechadas y convocadas a declarar por la nuestra justicia se han sustraído voluntariamente, el proceso está materialmente suspendido “sine die”, atento que no hay posibilidad que puede continuar y arribarse a un pronunciamiento sobre el fondo, en un sentido u otro. Esta situación sella de muerte un compendio de derechos e intereses, dejando al estado argentino vulnerable ante cualquier exigencia de la comunidad internacional, tal cual pusimos de relieve.

Sostener que el juicio en ausencia es “ajeno a la tradición jurídica argentina” es sólo un argumento más para continuar con esta “situación de parálisis”, pues se omite decir que en este caso juegan principios del derecho internacional y no se trata de un hecho que solo compete al Estado adonde aconteció.

En este orden de ideas, si se pretendiera dar crédito a aquella clase de voces, con un razonamiento análogo jamás habrían existido los juicios de Nüremberg por considerarse que el tribunal fue creado con posterioridad a los hechos y porque la normativa que se aplicó no fue anterior a los sucesos juzgados. Nótese que en ese marco fue condenado en ausencia Martín Bormann [4], defendido por un abogado -en nuestro sistema sería un defensor oficial. Las sentencias allí dictadas y el Estatuto del Tribunal Militar Penal Internacional para dichos juicios fueron reconocidos por la resolución 95 de Naciones Unidas y son actualmente conocidos como los principios de Nüremberg, siendo Argentina parte de este conjunto de naciones y acata en consecuencia las resoluciones emanadas por el organismo internacional supremo. Con esta misma línea de pensamiento, es importante tener presente que la creación de los Tribunales Penales Internacionales “ad hoc” de la antigua Yugoslavia, de Ruanda y del Líbano. A su vez, de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos no prohíbe esta clase de juicio con ciertas características [5].

Ahora bien, mientras tanto ¿el descubrimiento de la Verdad y el afianzamiento de la Justicia han de depender de la ausencia adrede de los sospechosos? No. La afectación que se colige de la defensa en juicio ante el juzgamiento en ausencia resulta proporcional con el alto objeto de tutela, asimismo a través de distintas técnicas procesales puede buscarse en favor de los sospechosos y/o condenados una compensación procesal.

Lamentablemente, aquello que no puede compensarse son los muertos, la barbarie, el terrorismo, la falta de Verdad y Justicia, un peligroso e  inconmensurable cuadro de incertidumbre y caldo de cultivo, ante en un mundo que recrudece la violencia y los extremistas recurren una y otra vez a este mecanismo vil y cobarde para aterrar a las poblaciones civiles.

 

Sobre este mismo tema… Mario Cimadevilla, titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA, fue entrevistado por Radio Jai para hablar sobre el Juicio en ausencia que impulsa el gobierno argentino.

http://www.radiojai.com.ar/OnLine/notiDetalle.asp?id_Noticia=85207

 

[1] caso “Arancibia Clavel”, Corte Suprema, Fallos 327:3312; Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, Estatuto de Roma -aprobado por ley 25.390 y ratificado el 16/1/2001.

[2] Caso “Priebke, Erich s/ solicitud de extradición-causa N° 16.063/93”, Fallos 318:2148, sentencia del 02/11/1995.

[3] En sentido similar caso “Sheik Sahib Tajudeen v. Costa Rica”, nro. 10.289, Informe No. 2/92, Inter-Am. C.H.R., OEA”, del 04/02/1992,  publicado en Informe Anual de dicha Comisión, año 1991, pág. 77/84, Secretaría General, OEA.

[4] En su carácter de Secretario del Partido Nazi alemán en reemplazo de Rudolf Hess y Secretario personal del Führer Adolf Hitler en la Cancillería del Reich desde 1942, recibía órdenes directas  del Führer en su mayoría de forma verbal (Führerprincip: lo que el líder decía se cumplía) y este retransmitía a los demás jerarcas las mismas. En varios hechos criminales ordenado por el Führer, Bormann documentó las directivas, y su juzgamiento en ausencia sirvió para aprobar en forma directa las órdenes remitidas y como se construyó la escala burocrática nazi para la “Solución Final de la cuestión Judía” y demás hechos criminales cometidos. Fue defendido por el abogado alemán Friedrich Bergojd quién logró en base a las pruebas aportadas por la Fiscalía y por su defensa, que sea absuelto del primer cargo (conspiración contra la paz, etc.) y condenado por los delitos Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad Hechos 3 y 4. Pág. 121, 125, 126, 130 y 132 de “Educación y justicia como métodos pacíficos de prevención”; Análisis histórico y judicial de la Shoá, genocidios de los siglos XX, XXI y terrorismo. Autor Franco M. Fiumara. 2016 Editorial UNLaM.

[5] Caso “Mbenge  v. Zaire”, N° 16/1977, ver “Decisiones seleccionadas del Comité de Derechos Humanos bajo el Protocolo Opcional, vol. 2, UN-Doc. CCPR/C/OP/2, at 77ff”; y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en “Colozza vs. Italy”, 89 Eur. Cr. H.R., ser. A, 1985 (“Hacia el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional”, http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6414/6470).

 

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