Durante las últimas dos décadas, los actores políticos han dirigido continuamente campañas dirigidas a llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional. Todos estos actores ignoran el terrorismo palestino, pero si destacan las acusaciones de “crímenes de guerra” israelíes.
La mayoría de las iniciativas políticas internacionales bien intencionadas no terminan bien, y la Corte Penal Internacional no es una excepción. La CPI se creó en el contexto de las negociaciones que finalizaron en 1998 con el Estatuto de Roma, y ya en ese momento, estaba claro que Israel sería un objetivo principal, particularmente para los estados árabes y para los grupos antiisraelíes que pretenden promover los derechos humanos. La fachada puede ser legal, pero en la práctica, esta es una institución política.
Durante las últimas dos décadas, estos actores políticos han liderado continuamente campañas dirigidas a llevar a Israel ante la CPI, gastando decenas de millones de dólares, euros y libras. Uno de los líderes de esta industria es Human Rights Watch, que durante todo este período ha sido dirigido por un obsesivo activista antiisraelí (Kenneth Roth). Roth contrató a numerosos activistas antiisraelíes, incluido Omar Shakir. Amnistía Internacional ha realizado un esfuerzo similar, aunque con menos impacto. Paralelamente, una serie de ONG palestinas estrechamente vinculadas a la OLP y a la organización terrorista PFLP se sumaron a la campaña, acompañadas por los grupos israelíes habituales.
La financiación del gobierno europeo ha sido esencial para este proceso. Cuatro ONG palestinas, Al-Haq, Al-Dameer, PCHR y Al Mezan, han sido financiadas directamente por los gobiernos suizo, holandés, sueco y danés y sus subvenciones especifican la documentación de “crímenes de guerra” y acusaciones similares. Otros grupos involucrados en este proceso son financiados por la UE, el Reino Unido, Bélgica, Alemania y otros países.
Las acusaciones hechas por estos grupos han sido copiadas automáticamente y promovidas intensamente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en las plataformas de medios. Los informes comenzaron en 2002 con las falsas acusaciones de “masacre de Jenin”, seguidas de muchas otras, incluyendo el Informe Goldstone 2009 y este año, el informe de la ONU sobre los enfrentamientos en la frontera de Gaza. Todos ignoran; en gran medida; el terrorismo palestino y los ataques con cohetes, pero si destacan las acusaciones de “crímenes de guerra” israelíes.
En teoría, el objetivo de la CPI es proporcionar un marco para responsabilizar a los peores tiranos y criminales de guerra del mundo, particularmente en países donde no hay tribunales o gobiernos en funcionamiento para exigirles cuentas. La campaña masiva diseñada para forzar artificialmente a Israel al centro de la agenda de la corte no solo borra la historia del conflicto, sino que es más importante, es fundamentalmente inmoral.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, y después de 21 años, la decisión del fiscal fue en gran medida predecible. Desafortunadamente, el gobierno israelí tardó en comprender la amenaza y los requisitos para una estrategia exitosa. El enfoque defensivo, liderado por abogados en las FDI y en otros lugares, se basó en intentos de mostrarle a la corte que el proceso judicial israelí hizo redundante la intervención externa. Pero debido a que la CPI es un cuerpo político, estos esfuerzos fueron ignorados.
Por el contrario, una estrategia política y diplomática agresiva, basada en amenazar el presupuesto ya reducido de la CPI y tal vez su supervivencia, puede derrotar este esfuerzo. Estados Unidos, que, como Israel, no firmó el Tratado de Roma, ya ha condenado la medida, pero la presión estadounidense por sí sola probablemente no sea suficiente para disuadir al fiscal.
Washington y Jerusalén necesitan expandir este contraataque a otras democracias cuya soberanía está amenazada por la CPI. El Reino Unido, dirigido por el primer ministro Boris Johnson, es un aliado probable: los soldados británicos enviados a luchar en Afganistán e Irak también son blanco de campañas dirigidas por ONG en la CPI. Australia y quizás Canadá también son potencialmente aliados.
La pregunta es si Europa, a pesar de su apoyo a las ONG involucradas en esta parodia, encontrará la columna vertebral política necesaria. Si países como Holanda, Noruega y Dinamarca le dicen a la corte que su supervivencia depende de poner fin a este anti-Israel y, como muchos argumentan, esta caza de brujas antisemita, todos juntos pueden deshacer parte del daño.
