Informe de Amnistía Internacional: Acusaciones de Apartheid y negación del derecho de Israel a existir – Por Pnina Sharvit & Baruj Ori Beeri (INSS)

El informe extremista publicado recientemente por Amnistía Internacional, que acusa a Israel de ejercer un régimen de apartheid en todo su territorio, niega esencialmente el derecho de Israel a existir como Estado nación del pueblo judío. Este sesgo flagrante expone la agenda de los autores y hace que sea más fácil rechazar los cargos del informe sobre bases fácticas y racionales. Sin embargo, el informe de Amnistía es parte de un intento creciente de calificar a Israel en el ámbito internacional como un estado de apartheid. Esta tendencia debe tomarse en serio y entender sus implicaciones potenciales.

El 1 de febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe acusando a Israel de cometer el crimen de apartheid contra los palestinos. Israel condenó enérgicamente las conclusiones del informe, declarando que era “falso, sesgado y antisemita”. El extremismo del informe facilita su rechazo, ya que expone la agenda de sus autores, que no es defender a los palestinos y sus derechos frente a los desafíos de una realidad compleja, sino denunciar a Israel y negar su derecho a existir como Estado del pueblo judío. Sin embargo, la tendencia de etiquetar a Israel como un estado de apartheid es preocupante y requiere la atención adecuada por parte del gobierno israelí. Esta tendencia refleja el desafío que la política de Israel hacia la cuestión palestina plantea en el ámbito internacional. En general, los informes que retratan a Israel como un estado de apartheid deberían servir como una señal de advertencia para el futuro. Mientras tanto, la descripción distorsiona la realidad.

El 1 de febrero de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe acusando a Israel de implementar un régimen de apartheid contra los palestinos y de cometer el crimen de lesa humanidad del apartheid. Israel condenó enérgicamente los hallazgos del informe, declarando que era “falso, parcial y antisemita” y que “niega el derecho del Estado de Israel a existir como el Estado nación del pueblo judío”. Además, “al publicar este informe falso, Amnistía del Reino Unido utiliza dobles raseros y ejecuta una demonización para deslegitimar a Israel. Estos son los componentes exactos de los que se compone el antisemitismo moderno”.

Tal como se define en el derecho internacional, el apartheid se refiere a un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro grupo racial, con la intención de mantener dicho régimen. La definición se deriva de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) (1965), la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CCI) (1998). El argumento básico del informe de Amnistía es que, desde sus inicios, Israel ha impuesto medios de opresión y dominación sobre los palestinos, con el objetivo de mantener la hegemonía judía dondequiera que Israel ejerza un control efectivo. Se afirma que Israel trata a los palestinos como un grupo racial inferior no judío, con la intención de impedir la igualdad de derechos al pueblo palestino. La distinción racial se hace de manera sistemática e institucionalizada a través de leyes, políticas y prácticas diseñadas para negar a los palestinos los derechos que disfrutan los judíos israelíes. Aunque la intensidad del régimen de opresión y discriminación difiere en el Estado de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, existe en todos ellos, con Israel trabajando para preservar a la mayoría judía y maximizar los recursos en beneficio de la población judía a expensas de la población palestina. En este contexto, dicen que los judíos expulsaron a los palestinos y se apoderaron de sus propiedades en 1948, y continúa con su política abusiva contra los palestinos en los territorios ocupados en 1967.

El informe detalla los elementos de la política represiva, que incluyen la fragmentación territorial, la negación de la ciudadanía y la igualdad de condiciones, las restricciones a la circulación, las restricciones a la reunificación familiar, el uso del gobierno militar, las restricciones a la participación política y la resistencia popular, la expropiación de tierras y bienes, la restricción del desarrollo humano y la negación de los derechos económicos y sociales. Además, se enumeran los actos inhumanos de lesiones y homicidios ilegítimos, traslados forzosos, detención administrativa y tortura, privación de libertades básicas y persecución.

Según el informe, por definición, el objetivo fundamental de Israel de mantener la mayoría judía y la identidad judía del país produce un régimen de discriminación y opresión. Así, la Ley de Retorno y la Ley de Nacionalidad, que otorgan el derecho a emigrar y convertirse en ciudadanos sólo a los judíos, se ponen como ejemplo de discriminación sistemática contra los palestinos. La Ley del Estado-Nación se presenta como prueba de que la discriminación a favor de los judíos es una política declarada de Estado. El informe también insiste enfáticamente en el derecho al retorno de todos los refugiados palestinos y sus descendientes a sus antiguos hogares.

Más allá de las críticas de Israel, Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña expresaron reservas con respecto al informe. Varias organizaciones, incluida ONG Monitor, también expresaron fuertes críticas contra el informe. Los críticos subrayaron que el informe distorsiona el derecho internacional al malinterpretar el crimen del apartheid y sus componentes, incluida la raza y el control, y niega la propia identidad judía del Estado de Israel y el derecho de los judíos a la autodeterminación. El análisis sostiene que el informe elige hechos de manera tendenciosa y selectiva para pintar una imagen distorsionada de la política de Israel, mientras ignora casi por completo la realidad de la seguridad, las rondas de los combates y los actos de terrorismo contra Israel, con todas las restricciones sobre los palestinos que son consecuencias de la violencia pero que en el informe son presentadas como una expresión de las políticas racistas de Israel. Además, el informe desdibuja la distinción entre el estatus de los ciudadanos palestinos del estado y el estatus de los palestinos en los territorios, e ignora el progreso en la integración de los ciudadanos palestinos de Israel en este estado.

Más allá de estas críticas, la principal tergiversación del informe está en presentar un conflicto nacional entre pueblos, que incluye rondas de lucha y terrorismo, como un régimen de segregación racial, en el que un grupo trata al otro como inferior. Otros conflictos nacionales, comunes en todo el mundo, no se definen como regímenes de apartheid.

El informe encarna un enfoque que niega la identidad judía del Estado de Israel, independientemente de sus fronteras. Según Amnistía, la existencia misma del Estado de Israel como el Estado del pueblo judío es una idea racista, y lo que se requiere es la abolición total de la esencia judía del Estado, lo que incluye permitir el regreso de todos los refugiados palestinos y sus descendientes a sus antiguos hogares. También está claro que una solución de dos estados no es aceptable para los autores del informe, y que los propios Acuerdos de Oslo se consideran parte de la iniciativa racista de Israel para separar y gobernar a los palestinos.

El informe insta a la ONU, a los países del mundo, a las organizaciones internacionales y a las entidades comerciales a ejercer presión sobre Israel, en parte imponiendo un embargo a la exportación de armas a Israel y aplicando la jurisdicción universal en los tribunales de los países en relación con el crimen de apartheid. El fiscal de la CPI está llamado a investigar este crimen. Este informe sigue a los informes publicados por Human Rights Watch (HRW) en abril de 2021, B’Tselem en enero de 2021 y Yesh Din en julio de 2020, que también afirman que Israel mantiene un régimen de apartheid, pero están redactados de manera menos extremista. Por ejemplo, HRW afirmó que el crimen del apartheid tiene lugar solo en Cisjordania y Gaza, mientras que en territorio israelí existe una discriminación contra los palestinos que no alcanza el umbral requerido para la definición de apartheid.

Estos informes deben verse como parte de una campaña más amplia que busca calificar a Israel no solo como un estado que comete crímenes de guerra en el contexto de un conflicto nacional, sino como un estado que implementa una política racista relacionada con su propia existencia como estado judío. Este encuadre también se conecta con la transición entre los líderes de la lucha palestina de las demandas por la realización de los derechos nacionales en el marco de una solución de dos estados a las demandas por la realización de los derechos civiles en el marco de una solución de un solo estado. La campaña se conecta con las iniciativas de BDS para boicotear y condenar a Israel, así como con los esfuerzos para buscar varios canales en la arena internacional, con un intento de acusar a Israel de apartheid.

El primer canal es la investigación en la CPI, que se abrió en marzo de 2021 y se centra en los crímenes de guerra cometidos en “Palestina”, es decir, en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza desde el 13 de junio de 2014. El crimen de apartheid figura en la lista de crímenes de lesa humanidad del estatuto de la Corte. Los autores de los informes pretenden presionar al fiscal para que avance en la investigación y también incluya este delito en la investigación.

El segundo canal es la Comisión de Investigación del Comité de Derechos Humanos de la ONU establecida después de la Operación Guardián de los Muros en mayo de 2021. El mandato de la comisión adoptó recomendaciones incluidas en dicho informe de HRW publicado aproximadamente un mes antes. El mandato es significativamente más amplio que el de las comisiones de investigación anteriores en tres parámetros: el período de tiempo examinado: el comité está autorizado a examinar las violaciones en curso sin fecha de finalización y a publicar informes anuales; aplicación territorial – también violaciones dentro del territorio israelí y no solo en Cisjordania y Gaza; y el alcance del examen, incluidas las denuncias de discriminación y represión sistemáticas y no solo violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Los tres miembros designados del comité tienen puntos de vista claramente sesgados contra Israel. Se estima que el primer informe de la comisión, previsto para junio de 2022, incluirá acusaciones de apartheid contra los palestinos.

El tercer canal es ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de ICERD. La Convención requiere que los estados miembros impidan cualquier forma de discriminación por motivos de raza, color, estado civil, origen nacional o étnico de diferentes grupos, y aborda explícitamente el apartheid. En 2018, “el Estado de Palestina” presentó una denuncia contra Israel por discriminación contra los palestinos en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza desde 1967. El comité rechazó las afirmaciones de Israel sobre la falta de autoridad y la falta de admisibilidad, y en diciembre 2021 ha anunciado el nombramiento de cinco miembros de una comisión de conciliación ad hoc que escucharía a las partes y prepararía un informe con recomendaciones. El informe se espera sea presentado durante este año. Esta es la primera vez que el comité espera un informe sobre una queja entre países.

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