Guía para los Perplejos: ¿Sobre qué reformas judiciales debate Israel? – Por Gabriel Ben-Tasgal

Un sistema judicial israelí poderoso es una garantía para mantener a la democracia hebrea entre las mejores del mundo. Además, es una “Cúpula de Hierro” frente a procedimientos en cortes internacionales, ya que bajo el principio de “complementariedad” no se puede interpelar a quien se investiga a sí misma de forma creíble y profesional.

Desde que el prestigioso ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Aharon Barak declarara la “revolución judicial”, encarnada en el “activismo judicial”, el grado de credibilidad de la justicia israelí, a ojos de sus ciudadanos, ha decaído a niveles preocupantes (2.6 sobre 6 en el rubro de confianza en la Justicia, 2.74 en la Suprema Corte, 2.53 en el Asesor Judicial del Gobierno y 2.5 en la Fiscalía, encuesta del año 2020).

Son muchos los que declaran la necesidad de implementar reformas judiciales. A aquellos que solo “sugieren”, sin estar interesados realmente, se los puede detectar ya que son incapaces de detallar lo que prefieren modificar. Son muchos los israelíes que se sienten favorecidos ideológicamente por los resultados prácticos de las actuales decisiones judiciales. Ellos, no desean reformas. Por contrapartida están los que sienten que cada decisión judicial es una afrenta contra sus ideales. Son los mismos que desean desmontar de plano a la justicia israelí sin apreciar la calidad profesional de los jueces nacionales.

Para aquellos que seguimos de cerca las debilidades provocadas por la “revolución judicial de Barak”, la presente discusión en Israel no es ajena ni extraña. A lo largo de los últimos 30 a 35 años se ha producido un desbalance a favor de quienes desean imponer un “Israel democrático” frente a quienes les importa un “Israel judío”. Fueron un cúmulo de pequeñas acciones, victorias o hurtos que desataron un impulso feroz de “contra reforma”, quizás destructivo, como si durante muchos años el péndulo se moviese en una dirección y ahora regresara con ira hacia el otro lado.

El proceso judicial contra Netanyahu ha despertado a muchos aletargados. Están quienes acusan a Bibi de ser el promotor de la falta de credibilidad de la justicia. Otros, consideran que Netanyahu ahora impulsa reformas porque sufre una demanda en su contra cuando durante años hizo poco y nada hizo para retocar lo que estaban funcionando mal.

Lo cierto es que los actuales juicios contra Netanyahu han servido como un catalizador para centrar la atención en las debilidades del sistema. Las alarmas deberían de haberse activado mucho antes, con ciertas sentencias arbitrarias o cuando se producían juicios contra funcionarios públicos que amenazaban al establishment judicial (como lo fueron Yaakov Neeman, Reuven Rivlin y, especialmente, el ministro del Partido Laborista Jaim Ramón).

Presentemos los temas que preocupan a la ciudadanía israelí con relación a su sistema judicial.

  1. El Asesor Judicial del Gobierno – En Israel, el “Ioetz Ha-Mishpatí La-Memshalá” detenta un poder incomparable en relación a otras democracias del mundo. Por un lado, aconseja al gobierno sobre la legalidad o ilegalidad de sus decisiones y, en base a jurisprudencia de los jueces, sus opiniones son “palabra santa”. Es importante recordar que la ley escrita no establece tal “santidad” siendo que, originalmente, se trataba de una opinión profesional y punto (así lo establecía la Comisión Agranatt de 1962). En el marco del expansionismo que experimentó esta función, los asesores judiciales de todos los ministerios pasaron a estar supeditados al liderazgo del Asesor Judicial del Gobierno y, como colofón, y también en base a jurisprudencia, se prohibía a los ministros recibir una defensa legal fuera de la que podía dar esta misma persona en casos en donde se sometiera a interpelación las decisiones del ministro. En otras palabras, el Asesor Judicial del Gobierno se adjudicaba la capacidad de anular cualquier decisión asumiendo un monopolio apropiado a la hora de defender a todos.

El Asesor Judicial del Gobierno disfruta de otra prerrogativa: Es el fiscal general, quien debe autorizar las investigaciones contra ministros y quien aprueba que se someta a juicios a funcionarios de alto rango.

La combinación de las dos funciones le otorga un poder desconocido en las democracias occidentales. En Francia, o en Alemania, las dos funciones se dividen y nadie pone en duda que hablamos de democracias admirables.

A la luz de lo señalado, se han multiplicado las acusaciones contra Asesores (como Meni Mazuz) que amedrentaban a ministros que no se alineaban a sus deseos bajo la amenaza de autorizar procedimientos judiciales en su contra o bien, no cerrar causas pendientes que no tenían sustento para conformar una acusación.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Que se desdoblen las funciones en dos autoridades separadas y que se establezca en una ley clara (que hoy no existe) cuáles son las funciones y poderes que disfruta el Asesor Judicial del Gobierno.

2. La Fiscalía – Es, quizás, la autoridad más denostada en el sistema judicial israelí, especialmente tras la cadencia del problemático fiscal Shay Nitzán. A la fiscalía de Israel se la acusa de una serie de negligencias: a) Ejecutar políticas de “señalización de dianas”, es decir, se desea derrocar a alguien del poder o neutralizar una candidatura a un cargo importante entonces se le abre una causa y así se desbarata el nombramiento.  El caso más alevoso fue la causa que le abrieron al candidato a jefe de Policía Gal Hirsch o el proceso en contra de Rafael Eitan. En base a jurisprudencia (nuevamente) se estableció que si se abría una demanda contra un ministro (no rige para el primer ministro) entonces el susodicho debe renunciar, incluso si después se demuestra que era inocente (antecedente Deri-Pinhasi); b) Investigaciones selectivas, o sea, se investiga solamente a quien atenta contra el sistema o quien puede proveer a la Fiscalía de una estirpe de paladines de la justicia. Tomemos el caso 4.000 contra Binyamín Netanyahu: En esta demanda se acusa al primer ministro actual de haber favorecido regulatoriamente al dueño de la telefónica Bezek para que el mismo hombre, que era el dueño de la plataforma de noticias Walla!, le regale buena cobertura mediática. Es decir, se acusa a Netanyahu de recibir soborno (en forma de buena cobertura mediática, una innovación legal a nivel mundial) y, a la vez, de “incumplimiento de fidelidad a su cargo” (Hafarat Emunim – que significa algo así como actuar de manera incompatible en un cargo público, un delito que no es claro ni para jueces ni menos para abogados).

Supongamos que la Fiscalía y el Asesor Judicial del Gobierno están convencidos que poseen pruebas suficientes para lograr una condena y por eso han decidido iniciar un proceso legal en contra de Netanyahu en el caso 4.000… ¿Cómo explican entonces que no han abierto un proceso similar en contra de Tzipi Livni y de Eitan Cabel que promovieron una ley contra un periódico (Israel Hayom) a cambio de buena cobertura mediática? ¿Cómo justifican no abrir una investigación contra Yair Lapid (líder del opositor Yesh Atid) cuando éste recibió un especial mimo de uno de los diarios favorecidos por la misma propuesta de ley que él mismo promovió? ¿Cómo se justifica que Lapid no haya sido procesado cuando fue él, como Ministro de Economía, fue quien se reunión en su casa con un ex jefe suyo (Arnon Miltzein) para sopesar la posibilidad de extenderle la eximición de impuestos por diez años más, una acción que es la madre y el padre del “incumplimiento de fidelidad a su cargo”? Lamentablemente, la cantidad y calidad de casos en donde la fiscalía demuestra “selectividad” preocupan al observador honesto; c) Porcentaje de acusaciones que terminan en sentencia ilógicas para un país democrático. Si tomamos en consideración la cifra de 88% de condenas que nos ofrece la Central de Estadísticas de Israel (hasta 2010), uno podría suponer que la Fiscalía nunca se equivoca u otras opciones menos benévolas; d) Filtraciones interesadas a la prensa. Durante el proceso contra Netanyahu la fiscalía ha violado sistemáticamente la prohibición de Subjudice. Los relacionistas públicos de la fiscalía se han ocupado consistentemente de filtrar a ciertos periodistas selectos (Gay Peled, Aviad Glickman, Ravid Drucker) de información, que a veces ni la defensa poseía, para crear en la opinión pública una sensación de sentencia segura que se va desvaneciendo a medida que avanza el juicio.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Una de las propuestas que se trataron de ejecutar fue implementar una autoridad de control para la Fiscalía. Lamentablemente, los nombramientos de jueces controladores fueron neutralizados por los “supervisados” bajo el argumento que se trataba de una afrenta a los valores democráticos.

3. El fruto del árbol envenenado – En muchas democracias occidentales la consecución de una prueba por medios ilegales la anula y los que cometieron la falta son procesados. Dejando a un lado el juicio contra Binyamín Netanyahu, en donde la sucesión de abusos a este principio es descomunal (entre otras cosas, la Fiscalía comenzó una investigación sin recibir la aprobación del Asesor Judicial, violando las Ley Básica El Gobierno de Israel), el caso más llamativo es la condena por asesinato que envió a Roman Zadorov a la cárcel. Es probable que el nuevo juicio termine eximiendo de culpa a Zadorov mientras se plantea los procedimientos que condenaron a este hombre a la prisión bajo la premisa que “la Fiscalía nunca se equivoca”. Otro caso preocupante es la sustracción de teléfonos móviles de Efi Naveh, presidente del Colegio de Abogados, en otra acción ilegal arropada por el Fiscal Shay Nitzan.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Desean establecer una definición clara sobre cuando una prueba pasa a ser inaceptable. El punto de partida de esta premisa es que tanto fiscales como policías pueden cometer abusos, incluso si lo hacen con el uniforme del Estado de Israel.

4. La legitimidad para demandar – En muchos países democráticos del mundo, una demanda puede nacer por iniciativa del afectado, de la fiscalía o de una ONG especializada en la temática a discutir. Esta también era la situación de Israel hasta los años 80’, cuando comenzó a imponerse la “revolución judicial de Aharon Barak”. Nuevamente gracias a la jurisprudencia de los jueces se la Corte Suprema de Justicia de Israel, hoy prácticamente cualquier persona puede intervenir en favor de cualquier causa. La legitimidad para demandar en Israel es una de las más amplias del mundo. Siendo así, le justicia israelí promueve que todos los asuntos políticos sean llevados al sometimiento y revisión de los jueces e incluso se vive un fenómeno único en donde jueces sugieren a ONG que sean ellos los que promuevan una demanda para que sean ellos (los jueces) quienes sienten jurisprudencia sobre temas que les interesan ideológicamente.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Suelen proponer retornar a lo que sucedía en Israel hasta los años 80’.

5. El principio de que “todo es judicializable” – Una de las principales innovaciones de la citada “revolución judicial”. Una Suprema Corte de Justicia conservadora optará por no someter a revisión decisiones del gobierno que son claramente políticas. En Israel sucede todo lo contrario y eso, a veces, ha sido fantástico. Por ejemplo, buena parte de los derechos adquiridos por minorías o grupos discriminados ha sido brindado por la intervención activista de los jueces de Israel. En especial, derechos que han conseguido grupos LGTB+.

Cuando una Corte de Justicia interviene en decisiones claramente políticas, los jueces pueden determinar la anulación de una medida del parlamento o del gobierno. Así ha ocurrido en 22 ocasiones. No es una cifra especialmente grande, afirmarán los defensores del activismo judicial. Sin embargo, se trata de un dato engañoso. Se debería revisar cuántas leyes y decisiones no se aprobaron porque el ministro sabía que la Corte Suprema las iba a anular o tantas otras que el Asesor Judicial del Gobierno le avisó al ministro que no defendería su decisión política ante el Supremo.

Los casos más graves en este sentido es cuando la Corte Suprema de Justicia acepta revisar las Leyes Básicas aprobadas por el Parlamento Israelí. Son muchos los juristas que sostienen que se trata de una acción imperialista puesto que los jueces no poseen base legal para tal proceder y mucho menos para anular tales leyes constitucionales. El summum de estas críticas las oímos cuando la Corte Suprema de Justicia decidió aceptar a revisión de la Ley Básica Estado Judío en lugar de descartar cualquier injerencia ante una decisión legal y política. 

Cuando la Corte Suprema de Justicia anula las leyes de un solo campo político en Israel, provoca que se ponga en duda la neutralidad de los jueces.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Los más enfadados suelen proponer la aprobación de una ley de superación (Piskat Ha-Hitgabrut) en donde el Parlamento pueda reaprobar una ley anulada por la Corte Suprema de Justicia con la pequeña mayoría de 61 diputados. Otros sugieren que para anular una ley del parlamento la Corte Suprema se vea obligada a cancelar con una mayoría entre 11 a 15 jueces. Otras propuestas se centran en dictar una renovada Ley Básica Poder Judicial en donde se establezca claramente que pueden hacer los jueces y que no pueden hacer frente a decisiones políticas.

Cabe la pena señalar que, a lo largo de los últimos años, se nota cierta tendencia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia a aceptar la revisión de decisiones políticas sin modificarlas (por ejemplo, cuando aprobaron que Binyamín Netanyahu conforme gobierno, a pesar de enfrentar un proceso judicial de soborno en su contra). De esta forma, mantienen la premisa que “todo sigue siendo judicializable” respetando lo que deciden los políticos. ¿Por qué puede que estén haciendo esto? La explicación más simple es que entienden que han despertado el enfado de demasiadas fuerzas políticas que pueden actuar en su contra con contundencia.

6. El principio de la razonabilidad “Ilat Ha-Sbirut” – Se trata de una de las expresiones más discutidas de la “revolución judicial” de los años 80’. En principio se trata de una opción que poseen los jueces para anular decisiones ejecutivas cuando estas son “no sensatas o no son razonables de forma extrema”. Hablamos de una prerrogativa heredada del Mandato Británico y de su estructura legal. El juez Aharon Barak definió razonabilidad de esta forma: “El concepto de razonabilidad no es un concepto físico o metafísico. El concepto de razonabilidad es un concepto normativo. La razonabilidad significa sopesar todas las consideraciones pertinentes y darles la debida importancia”. En otras palabras… es sensato lo que al juez Barak y a sus pares le parece sensato. Este principio es problemático por más que haya sido utilizado muchas veces de forma estupenda para defender derechos humanos. La dificultad reside, también, en el hecho que jueces conservadores no van a considerar razonable lo mismo que un juez universalista…. Lo que nos lleva a preguntarnos cómo está conformada la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Proponen anular por ley este principio o bien limitarlo a lo que sucedía antes de la revolución judicial. 

7. Las elecciones de los jueces en Israel – Y así llegamos a la guinda de las protestas de los reformistas. Los jueces en Israel no son elegidos por decreto presidencial. En Israel se han inspirado en el modelo francés. A los jueces los elige una comisión de tres jueces (entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia), dos ministros, dos diputados (uno del gobierno y otro de la oposición), dos representantes del Colegio de Abogados (que tienden a proteger a los suyos). Para elegir un juez, se requiere una mayoría de 7 de los 9 miembros del comité, con derecho de veto para políticos y jueces.

¿Cuál es el resultado de tal comisión? De acuerdo a los críticos, una ínfima minoría de los jueces (quizás dos de quince) son conservadores mientras que el resto disfrutan de una situación en donde “un amigo nombra a otro similar”. Los defensores afirmarán que se trata de un tema irrelevante y que es muy difícil saber que posición adopta cada uno de los jueces en circunstancias diversas. Tengan razón uno o los otros, lo cierto es que la “imagen pública” es que la Corte Suprema de Justicia tiene un perfil ideológico desbalanceado y que no representa al votante israelí ni mucho menos a sus gobiernos.

¿Qué suelen proponer los reformistas? Proponen nombrar masivamente jueces conservadores, entre otras técnicas, supeditando el nombramiento a las decisiones de los políticos y no por voto de los profesionales en el área de la justicia. Además, sugieren eliminar la tradición del “seniority” en donde se nombra como presidente de la Corte Suprema al más experimentado y mayor como sucesor al cargo.

¿Qué propone el ministro de Justicia de Israel Yariv Levin?

En base a las declaraciones anteriores del recién nombrado Ministro de Justicia podemos suponer que desea:

  • La aprobación de la Ley Básica: Legislación, que ya presentó en la última Knesset, que regulará el mecanismo de trabajo de la Knesset para promulgar leyes frente a la posibilidad de una revisión judicial de la Corte Suprema y a la capacidad de los jueces para invalidar dichas leyes.
  • Cambio en la elección de los jueces supremos de Israel y la cláusula de seniority. El deseo de Levin es balancear entre jueces conservadores y universalistas.
  • Según un proyecto de ley de Levin, la Corte Suprema no podrá invalidar leyes fundamentales de la Knesset, en contraste con la situación actual donde los jueces han ampliado su autoridad, incluida la invalidación de leyes fundamentales.
  • Esta misma ley equilibraría y limitaría la capacidad de la Knesset para promulgar leyes básicas con una mayoría de 61 diputados en cuatro lecturas, de modo que la cuarta lectura solo tendrá lugar en la próxima Knesset. El objetivo es evitar que una mayoría de coalición normal promulgue leyes fundamentales, para así fomentar y aumentar el consenso ideológico.
  • También propuso que los jueces de la Corte Suprema sólo podrán anular leyes ordinarias en audiencia celebrada por la composición plena de la Corte Suprema, 15 jueces, y solo si el 80% de los jueces apoya la anulación de la ley.

En el Israel del 2022 la Justicia se ha transformado en un tema político. Los habituales defensores de los derechos civiles prefieren mantener la situación actual, aunque dichos derechos fundamentales sean proclives a ser perjudicados. Frente a ellos, la alianza conservadora-religiosa se siente no representada por la justicia. Algunos de ellos no dudarán en dinamitar un sistema que, en general, enorgullece al ciudadano frente al mundo.

Sería juicioso y favorable si se alcanzase un acuerdo de consenso para implementar reformas puesto que, en muchas áreas de las detalladas en este artículo, son muchos los que entienden que se debe reconstruir lo que falla.

La sensación subjetiva del autor de estas líneas es que, en este momento, Israel sufre de un desbalance en donde el Poder Judicial se ha adjudicado poderes que la ley no le ha asignado. En base a la conformación del actual gobierno ultraconservador de Binyamín Netanyahu (2023), es de suponer que de no conseguirse un consenso, la contra reforma puede llegar a ser mucho más contundente y veloz que el trabajo de hormiga realizado, durante años, por la escuela de Aharon Barak.

Mi profundo agradecimiento al abogado León Amiras, por su consejo y sabiduría.

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