La Corte Penal Internacional (CPI) ha demostrado ser un órgano hostil y político que, sin ningún fundamento jurídico, ya ha inventado un “Estado de Palestina” inexistente y, reivindicando la jurisdicción para hacerlo, ha intentado fijar sus fronteras. Si bien los Acuerdos de Oslo, reconocidos internacionalmente, sólo conferían a la Autoridad Palestina (AP) un marco limitado destinado a administrar las zonas bajo su control, los Acuerdos estipulaban específica y reiteradamente que la AP estaría desprovista de toda jurisdicción penal respecto de los israelíes.
Según el Fiscal de la CPI, Khan, los Acuerdos de Oslo son irrelevantes a los efectos de los procedimientos ante la CPI.
La solicitud de la OLP de 2012 de un estatus mejorado en la ONU y, tras recibirlo, su posterior adhesión al Estatuto de la CPI en 2014 son violaciones fundamentales de los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, Israel optó por seguir implementando los Acuerdos, transfiriendo a la Autoridad Palestina más de 107 mil millones de shekels desde 2010. Los fondos que Israel transfiere a la Autoridad Palestina representan el 65 por ciento de sus ingresos totales.
Si la CPI accede a la petición de la Fiscal, Israel no tendrá otra opción que abandonar sus decenios de ingenua ceguera ante las violaciones palestinas de los Acuerdos de Oslo. En primer lugar, Israel debe anunciar que una decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto tendrá como consecuencia, entre otras cosas, la suspensión inmediata de todas las transferencias de fondos a la Autoridad Palestina, la suspensión de todos los privilegios concedidos a la OLP/ANP y a su dirigencia de conformidad con los Acuerdos de Oslo, y dará lugar a la necesidad de actuar para desmantelar y sustituir a la Autoridad Palestina.
La petición de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de arresto contra el Primer Ministro israelí Netanyahu y el Ministro de Defensa Galant está pendiente, y el fiscal de la CPI, motivado políticamente, está presionando al tribunal para que tome una decisión. La anticipación de la decisión de emitir las órdenes de arresto debe servir como una llamada de atención que exija un cambio urgente de política hacia la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP).
La Autoridad Palestina fue creada como parte de los Acuerdos de Oslo. Al dejar de ser un vehículo de autogobierno palestino limitado, tal como lo preveían los Acuerdos, la OLP la ha convertido, en flagrante violación de los Acuerdos, no sólo en un vehículo para promover el terrorismo palestino contra Israel, sino también en un vehículo para deslegitimar a Israel en la arena internacional.
Si bien Israel fue testigo de un cambio gradual pero constante, éste no estuvo acompañado de cambios críticos en sus políticas.
Cuando la OLP/ANP aprobó una ley para incentivar, promover y recompensar el terrorismo palestino (1) – una clara violación no sólo de los Acuerdos de Oslo sino también del derecho internacional que prohíbe la financiación del terrorismo – Israel optó por hacer la vista gorda. Cuando la OLP/ANP envió a la “madre del terrorismo” Latifa Abu Hamed (2), madre de seis asesinos terroristas responsables del asesinato de más de diez israelíes, para lanzar su candidatura a la condición de Estado en las Naciones Unidas, lo que constituyó otra clara violación de los Acuerdos de Oslo, Israel volvió a hacer la vista gorda. Cuando la AP utilizó su mejora de estatus en la ONU y solicitó que el inexistente “Estado de Palestina” se convirtiera en parte del Estatuto de la CPI, parece que Israel volvió a hacer la vista gorda.
Ahora, la política de ceguera ingenua de Israel está estallando en su cara.
El llamado “Estado de Palestina” se adhirió al Estatuto de la CPI el 13 de junio de 2014. La fecha no fue casual. En vísperas del 12 de junio de 2014, terroristas palestinos secuestraron y asesinaron a tres adolescentes israelíes. El secuestro y asesinato dieron lugar a una amplia operación militar israelí en Judea y Samaria, que a su vez derivó en una guerra con Gaza, denominada en código “Operación Margen Protector”. La fecha de adhesión elegida por los palestinos fue diseñada para perpetuar la mentira de que los esfuerzos de Israel por localizar a los adolescentes secuestrados eran totalmente arbitrarios y carentes de fundamento.
Sin embargo, como no existía un “Estado de Palestina”, el primer obstáculo que se le planteó a la CPI fue definir y delimitar el “territorio” del Estado inexistente. Para superar este obstáculo, en 2020, la entonces fiscal de la CPI, Fatou Ben Souda, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que se pronunciara sobre la “jurisdicción territorial” de la corte. En otras palabras, la fiscal pidió a la corte que decidiera sobre la soberanía y las fronteras geográficas del Estado inexistente.
Aunque la CPI es un tribunal penal y carece de la jurisdicción fundamental para fijar las fronteras, de novo, tanto de los Estados existentes como de los inexistentes, la CPI, no obstante, dictaminó 4 que la “jurisdicción territorial en la situación en Palestina se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967, a saber, Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental”. Al hacerlo, la CPI inventó la ficción de que las líneas de armisticio de 1949 acordadas entre Israel y Jordania e Israel y Egipto después de la Guerra de Independencia de Israel debían ser vistas como las “fronteras” del “Estado de Palestina”. Si bien esta decisión burló el lenguaje claro de los acuerdos de armisticio, que estipulaban expresamente que las líneas trazadas no serían consideradas como “fronteras” e ignoraron el principio bien establecido del derecho internacional – Uti Possidetis Juris (5) – esto no molestó a la corte.
Como parte de ese proceso inicial, los argumentos de muchos países y amici curiae (amigos de la corte) plantearon un argumento adicional que debería haber impedido que la corte ejerciera jurisdicción sobre el conflicto israelí-palestino.
La CPI funciona sobre la base de una jurisdicción delegada. De esta forma, cuando un Estado se incorpora a la CPI, transfiere a la corte parte de su jurisdicción penal sobre determinados delitos.
Como se señaló anteriormente, la Autoridad Palestina, que luego se transformó en el “Estado de Palestina”, fue creada por los Acuerdos de Oslo. Múltiples disposiciones de los Acuerdos de Oslo establecían específicamente que la Autoridad Palestina no tendría jurisdicción penal sobre los israelíes. En sus presentaciones, tanto los países como los amici curiae señalaron que, dado que el organismo que se unió a la CPI carecía de jurisdicción penal respecto de los israelíes, se deducía que no podía transferir a la CPI una jurisdicción que no poseía.
En la etapa inicial, el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre esa cuestión, alegando que “los argumentos relativos a los Acuerdos de Oslo en el contexto del presente procedimiento no son pertinentes para la resolución de la cuestión en consideración, a saber, el alcance de la jurisdicción territorial de la Corte en Palestina” (6).
Sin embargo, el tribunal agregó: “Cuando el Fiscal presente una solicitud para que se expida una orden de arresto o una citación para comparecer de conformidad con el artículo 58 del Estatuto, o si un Estado o un sospechoso presenta una impugnación de conformidad con el artículo 19(2) del Estatuto, la Sala estará en condiciones de examinar otras cuestiones de jurisdicción que puedan surgir en ese momento” (7).
Tras la decisión del tribunal, el fiscal anunció rápidamente la apertura de una investigación completa sobre la situación en “Palestina” (8).
Mientras se desarrollaba esta investigación, el 7 de octubre de 2023, la organización terrorista genocida palestina Hamás, junto con otros grupos terroristas en Gaza, llevó a cabo la peor masacre contra el pueblo judío desde el Holocausto. Israel respondió lanzando una guerra defensiva contra los terroristas. Mientras continuaban los combates, el actual fiscal de la CPI, Karim Khan, recurrió al tribunal y le pidió que emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Galant (9). Para simular imparcialidad, Khan también pidió al tribunal que emitiera órdenes de arresto contra los líderes de la organización terrorista Hamás: Yahya Sinwar, el jefe de Hamás en la Franja de Gaza, Mohammed Deif, el comandante en jefe del ala militar de Hamás, e Ismail Haniyeh, jefe del Buró Político de Hamás. Deif y Haniyeh han sido asesinados desde entonces.
De conformidad con la decisión inicial y después de que Kahn presentó la solicitud para emitir órdenes de arresto, el Reino Unido intentó intervenir y pidió que el tribunal volviera a considerar las implicaciones de las limitaciones impuestas a la AP por los Acuerdos de Oslo.
La solicitud del Reino Unido, que posteriormente abandonó (10), dio inicio a un nuevo procedimiento, que el tribunal abrió para nuevas presentaciones (11).
En respuesta a las alegaciones, el fiscal Khan rechazó por completo la idea de que la jurisdicción limitada otorgada a la AP en virtud de los Acuerdos de Oslo limitara de algún modo la jurisdicción del tribunal. Pasando por alto el hecho de que el “Estado de Palestina” no existe verdaderamente y, en realidad, nunca ha existido, Khan escribió que “los Acuerdos de Oslo son irrelevantes para la interpretación y aplicación del artículo 12 del Estatuto”.
Haciendo caso omiso de las limitaciones de Oslo, Khan añadió: “La competencia jurisdiccional plena –como aspecto de la soberanía – recaía en el pueblo palestino como grupo facultado por el derecho internacional para ejercer el derecho a la libre determinación” (14). En otras palabras, en opinión de Khan, el “pueblo palestino” –un grupo que nunca define– tenía jurisdicción penal inherente que podía transferir al tribunal, independientemente del hecho de que no exista un “Estado de Palestina”.
En la práctica, Khan sostiene sin fundamento que cualquier grupo de personas que reivindique el derecho a la “autodeterminación” tiene jurisdicción penal inherente que puede transferir a la corte, tengan o no un Estado. Khan nunca explicó qué sucedió con ese derecho inherente mientras Judea y Samaria estaban bajo control jordano (1948-1967) o mientras la Franja de Gaza estaba bajo control egipcio (1948-1967), cuando nadie reconoció la existencia de un “pueblo palestino”.
Como parte del nuevo proceso, algunos amici curiae también plantearon otro posible impedimento a la jurisdicción de la CPI: el argumento de la complementariedad.
De acuerdo con el artículo 17 del Estatuto de la Corte (15), un caso sería inadmisible ante la CPI si “el caso está siendo investigado o procesado por un Estado que tiene jurisdicción sobre él, a menos que el Estado no esté dispuesto o no sea realmente capaz de llevar a cabo la investigación o el procesamiento”.
Durante años, Israel ha sostenido que dispone de múltiples procedimientos y autoridades de investigación independientes y de un poder judicial independiente. Israel ha afirmado que estos órganos no sólo están dispuestos y son capaces de investigar presuntas infracciones de la ley, sino que, cuando se han reunido pruebas suficientes para indicar la comisión de un delito, también se han presentado acusaciones.
Al rechazar estos argumentos, Khan argumentó, basándose en una decisión anterior del tribunal, que la mera existencia de estos procedimientos potenciales es irrelevante y “que las ‘investigaciones nacionales que no están diseñadas para resultar en procesos penales’ o los ‘procedimientos nacionales diseñados para resultar en medidas no judiciales y administrativas en lugar de procesos penales’ no cumplen los requisitos de admisibilidad”.
Así, el Fiscal, sin ningún fundamento jurídico, inventó un Estado soberano inexistente de “Palestina”, determinó sus fronteras (sin jurisdicción para hacerlo) y decidió que las limitaciones a la jurisdicción penal de la AP acordadas entre la OLP e Israel en los Acuerdos de Oslo no impiden ni pueden impedir la jurisdicción del tribunal. En vista de esas acciones y determinaciones tan infundadas del Fiscal, cabe preguntarse si existe alguna posibilidad razonable de que los jueces del tribunal se inclinen ahora a decidir que el tribunal no tiene jurisdicción.
Una decisión del tribunal de acceder a la petición del fiscal con motivaciones políticas y emitir órdenes de arresto causaría un daño incalculable a Israel.
¿Quién está financiando el ataque legal palestino contra Israel?
Como parte de los Acuerdos de Oslo, declarados irrelevantes por el Fiscal de la CPI, Israel aceptó renunciar a una serie de impuestos en favor de la Autoridad Palestina. Como parte de esa renuncia, Israel ha proporcionado a la Autoridad Palestina, desde 2010 hasta agosto de 2023, fondos por más de 107 mil millones de shekels. Según los informes financieros de la Autoridad Palestina, el dinero recibido de Israel representa más del 65 por ciento de todo su presupuesto. En otras palabras, de cada 100 shekels que la OLP y la Autoridad Palestina gastaron incumpliendo los Acuerdos de Oslo, Israel financió y contribuyó activamente con 65 shekels.
Así, de cada 100 shekels que la AP ha gastado para recibir un estatus mejorado en la ONU, y de cada 100 shekels que la AP ha gastado persiguiendo y cazando a Israel en la CPI, Israel ha proporcionado 65 shekels.
Lamentablemente, mientras la OLP, la AP y el Estado de Palestina han pisoteado y prácticamente anulado la relevancia de los Acuerdos de Oslo, hasta el día de hoy Israel continúa transfiriendo a la AP cientos de millones de shekels al mes.
Necesidad urgente de una nueva política
Dado que no es razonable creer que Israel busca deliberadamente contribuir con fondos para su propia deslegitimación y permitir el arresto y procesamiento de su Primer Ministro y Ministro de Defensa, Israel debería anunciar públicamente que si el tribunal emite tales órdenes de arresto, la decisión de la CPI, en sí misma, anula los Acuerdos de Oslo y que tal decisión tendrá consecuencias inmediatas.
Esas consecuencias deberían incluir, como mínimo, entre otras cosas, la terminación inmediata de la transferencia de fondos a la Autoridad Palestina y la suspensión de todos los privilegios de que gozan la OLP/ANP y sus dirigentes de conformidad con los Acuerdos de Oslo. Además, Israel debe elaborar activamente un plan para desmantelar y reemplazar por completo a la Autoridad Palestina.
Estas sanciones permanecerían vigentes hasta que la Autoridad Palestina/el inexistente “Estado de Palestina” se retire de la CPI.
* * *
Notas
- https://jcpa.org/pagar-salarios-terroristas-contradictos-palestinos-votos-peaceful-intentions/
- https://palwatch.org/page/3057
- https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2020_00161.PDF
- https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2021_01165.PDF , párr. 18
- Uti possidetis juris (UPJ) es un principio de derecho internacional consuetudinario que sirve para preservar las fronteras de las colonias que surgen como Estados. https://www.law.cornell.edu/wex/uti_possidetis_juris
- Ibíd., párr. 129
- Ibíd., párr. 131
- https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-fatou-bensouda-respecting-investigation-situation-palestine
- https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state
- https://www.jpost.com/opinion/article-799095
- https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1808bb469.pdf
- https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180949087.pdf
- Ibíd., párr. 59
- Ibíd., párr. 73
- https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf
El teniente coronel (en reserva) Maurice Hirsch se desempeñó como director de la Fiscalía Militar para Judea y Samaria. Desde que se retiró de las Fuerzas de Defensa de Israel, Hirsch trabajó como jefe de estrategias jurídicas para Palestine Media Watch, como consultor militar superior para NGO Monitor, asesor del Ministerio de Defensa y jefe de un comité asesor en el Ministerio del Interior. Hirsch fue el arquitecto de la ley israelí que despoja de la ciudadanía a los terroristas israelíes que han sido condenados por delitos de terrorismo, sentenciados a una pena de prisión y reciben un pago de la Autoridad Palestina como recompensa por sus actos de terrorismo. https://jcpa.org/article/the-clear-and-imminent-legal-danger-posed-to-israel-by-the-icc/
