El abecedario de Judea y Samaria: ¿Hacia una ruptura? – Por Prof. Hillel Frisch

Los tres tipos de jurisdicción en Judea y Samaria (Cisjordania) – A, B y C – se entendian como una solución a corto plazo hasta que un verdadero acuerdo de paz fuese alcanzado  entre Israel y Palestina. Más de 20 años después, ambas partes han vulnerado ampliamente estos parámetros. Israel penetra regularmente en la Zona A por razones de seguridad mientras que la AP (con el apoyo de la Unión Europea) está construyendo ilegal y peligrosamente en partes claves de la Zona C, zonas que son críticas para Israel. Israel debería detener estas invasiones con determinación.

Han pasado más de veinte años desde que los términos “Zonas A, B y C” comenzaron a existir, siendo que incluso los seguidores más ávidos de la escena política en Israel pueden sentirse confundidos ante su significado. Estos fueron utilizados por primera vez en los documentos legales durante las negociaciones de Oslo, en particular el acuerdo provisional entre Israel y la OLP firmado en septiembre de 1995, conocido como el Acuerdo de Oslo II. Ese acuerdo amplió la jurisdicción de la recién formada Autoridad Palestina (AP) hacia las principales ciudades de Judea y Samaria. La AP se había asegurado la jurisdicción sobre la mayor parte de Gaza y Jericó un año y medio antes (Oslo 1).

Estos tres tipos de jurisdicción, los cuales tienen diferencias importantes, fueron creados exclusivamente para que comenzaran a implementarse a lo largo de cinco años, el plazo en el que suponía se alcanzaría una solución definitiva al tema palestino. La fecha para esa solución final, según lo acordado por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, el entonces primer ministro israelí Ytzjak Rabin y el entonces líder de la OLP Yasser Arafat, iba a ser no mayor de cinco años a partir del establecimiento de la AP en mayo de 1994; es decir, en 1999.

Diecisiete años más tarde, un acuerdo final parece más distante que nunca. Las diferencias entre las definiciones legales de las zonas A, B y C y las realidades sobre el terreno se han incrementado. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, Israel, la AP, los Estados Unidos y la mayoría de casi toda la comunidad internacional siguen considerando vinculantes estas distinciones legales y los documentos en los que fueron inscritos, sólo para ser suplantados por la firma de un acuerdo final.

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La Zona A es el espacio en el que la AP posee jurisdicción política y militar sobre sus residentes, todos los cuales son árabes palestinos. Esto incluye a todas las grandes ciudades y su inmediato entorno, con la excepción parcial del Hebrón judío, que quedó bajo el control exclusivo de Israel de acuerdo al protocolo de Hebrón de 1997 entre Israel y la OLP. Esta área A comprende aproximadamente el 18% de toda la masa de tierra de Judea y Samaria.

Conforme a los Acuerdos de Oslo, a la AP nunca se le otorgó jurisdicción alguna sobre los ciudadanos israelíes y extranjeros. Los ciudadanos israelíes tienen derecho a entrar y pasar a través de la Zona A sin ser molestados, siempre y cuando no estén involucrados en actividades ilícitas, en cuyo caso la AP sólo puede arrestarlos temporalmente hasta que sean transferidos hacia las autoridades israelíes. El patrullaje conjunto israelí-AP tenía la intención de manejar este tipo de casos.

La Zona B significó las áreas menos urbanizadas, muchas de las cuales compartían espacio con los asentamientos creados en la unidad masiva de asentamientos en la década de 1980, puesta en marcha por el gobierno del Likud. En la Zona B, que comprende aproximadamente el 22% de Judea y Samaria, Israel comparte cierta cuota de jurisdicción con la AP. Israel goza de jurisdicción exclusiva sobre los habitantes judíos y detenta una autoridad exclusiva en temas de seguridad tanto para sus habitantes árabes como judíos. La AP tiene jurisdicción política, administrativa y policial sobre los habitantes árabes. Estos están sujetos a sus leyes, pagan los impuestos y gozan de los mismos beneficios en los mismos servicios públicos que ofrece la AP en la Zona A. En el sentido estricto de la palabra, sólo las FDI y la policía israelí pueden realizar arrestos en estas áreas.

La mayor parte de Judea y Samaria (el 60% del área) está designada para la Zona C, sobre la cual Israel posee jurisdicción exclusiva tanto administrativa como en materia de seguridad. La característica distintiva de la Zona C es que está escasamente poblada por habitantes árabes y en la cual se han desarrollado la mayor parte de los asentamientos judíos. La mayor parte de esta área se encuentra al este de la populosa montaña espinosa desde Jenin, al norte, y hasta Hebrón en el sur. Las laderas orientales que descienden e incluyen el Valle Jordán se caracterizan por poseer un clima seco y con muy poca o nada de lluvia.

El Valle del Jordán, las Colinas del Sur de Hebrón y el área en las proximidades de Ma’aleh Adumim, desde el este del Monte Scopus a Jericó son los espacios políticamente más controvertidos en la Zona C, debido tanto a los asentamientos judíos y a las preocupaciones en el área de seguridad por parte de Israel.

Es importante señalar que una cuarta letra del alfabeto de las negociaciones fue dejada fuera de estas designaciones legales: La “J” de Jerusalén. El tema de Jerusalén en los documentos legales pertinentes fue mencionado sólo como uno de los cinco temas cruciales que debían ser resueltos en las negociaciones finales. Esto significaba que Jerusalén quedaba formalmente bajo jurisdicción exclusiva de Israel.

La división alfabética de la zona refleja claramente la lógica geoestratégica israelí más que los intereses palestinos, sugiriendo que Israel tuvo ventaja en el proceso de negociaciones. La división se suponía debía facilitar el control de seguridad israelí mientras aliviaba a Israel de la carga de atender a los habitantes árabes en la zona.

Sin embargo, la ventaja que demostró Israel en las negociaciones fue socavada por su política en el terreno durante los seis años entre la aparición de la AP y el estallido de la segunda Intifada. El Ministerio de Defensa de Israel, las FDI y el gobierno intentaron comprar tranquilidad al hacer la vista gorda a la ocupación de la AP con el apoyo de muchos gobiernos occidentales.

Las actividades del Orient House, la municipalidad palestina en la sombra ubicada al este de Jerusalén, encabezada por Faisal Husseini, fueron probablemente la más notable de las desviaciones de la lógica estratégica en relación a los acuerdos de Oslo. Husseini, aunque denominado “defensor de la paz”, fue de hecho uno de los líderes más extremistas e influyentes de Fatah hasta su muerte en el año 2000. Los agentes de seguridad palestinos pronto penetraron en Jerusalén oriental y, a menudo, secuestraban a árabes sospechosos de ser informantes, o por expresar su oposición a Arafat, o incluso por asuntos penales.

Paralelamente a estas infracciones que ocurrieron en Jerusalén, también ocurrieron otras en las Zonas B y C. El temor que estas crearon provocó que fuese difícil reunir información de inteligencia, una restricción que fue pagada duramente por el público israelí. En los dos primeros años de la segunda Intifada, escuadrones altamente sofisticados de hasta 12 terroristas pertenecientes a Hamás o la Yihad Islámica planificaron de forma experta grandes atentados suicidas sin ser detectados durante largos períodos de tiempo.

Mientras tanto, la AP logró una soberanía efectiva sobre la Zona A, en donde las autoridades israelíes tenían el derecho de “perseguir en el acto” (a un terrorista) y en donde los ciudadanos israelíes tenían derecho a circular y a negociar. Poco después de la firma del acuerdo de 1993, a los colonos y a la mayoría de los israelíes se les impidió entrar en la Zona A luego que algunos habitantes de Beit El y Ofra pusiesen en peligro sus vidas tratando de ejercer su derecho a circular. La Zona A también fue declarada fuera del límite de las FDI. Como resultado, santuarios del terrorismo aparecieron en las ciudades árabes de Nablus, Jenin, Tulkarem o Belén.

Tan arraigada se volvió la idea de la soberanía de la AP que cuando el ejército israelí entró en Gaza en abril de 2001, por primera vez desde la firma de Oslo II, el Secretario de Estado estadounidense atacó la operación como “excesiva y desproporcionada” y exigió a Israel retirar sus fuerzas, una demanda a la que Israel cumplió con rapidez. Trágicamente para las 1.050 víctimas del terrorismo palestino y sus familias, mientras la soberanía israelí estaba siendo violada en Jerusalén, Israel perdió de manera efectiva su derecho en impedir el terrorismo en la Zona A entre 1996 y el 2002.

Fue sólo después del 11 de Septiembre y la complicidad iraní en el envío masivo de armas a la AP, expuesta a través de la intercepción y la toma de control de la embarcación Karin-A en febrero de 2002 que los Estados Unidos le dieron luz verde a la penetración israelí en la Zona A. El ataque suicida en el Seder de Pesaj del 2002 celebrado en el Hotel Park, en donde murieron 33 israelíes, incluyendo muchos sobrevivientes del Holocausto, provocó la decisión de cambiar el rumbo de una política de “absorber esencialmente las bajas” dirigiéndonos hacia un importante asalto frontal.

A finales de marzo de 2002, Israel lanzó la Operación Muro Defensivo, reconquistando todas las grandes ciudades árabes en Judea y Samaria y, esencialmente, cambiando las Zonas A hacia una condición de zonas B, donde las FDI se volvieron responsables por la seguridad de todo el terreno. Nada caracterizo ese cambio más que los arrestos preventivos llevados a cabo por las FDI desde entonces casi a diario.

Las cifras de aquellos arrestados es algo alucinante para los estándares occidentales. En el 2007, las FDI, trabajando mayormente de noche, arrestaron a 7.000 árabes. Los arrestos se redujeron a la mitad en el 2012, pero se han incrementado desde entonces con el resurgimiento del terrorismo a gran escala. En el 2015, el número de personas detenidas se elevó a 6.000, con fuertes incrementos durante los meses que coincidieron con la continua ola de violencia. Para tener una idea de la proporción de estos arrestos, consideren que un alto funcionario de seguridad en el Ministerio del Interior británico anunció alarmado que las autoridades habían detenido a 281 sospechosos de terrorismo en Gran Bretaña durante el año 2014.

Las FDI y el Shin Bet (la Agencia de Seguridad Interna de Israel) incursionaron en territorio de la AP para realizar arrestos preventivos que han sido el medio más eficaz para reducir el terrorismo (al menos hasta la actual ola de terrorismo caracterizado por los “lobos solitarios”). De este modo, el terrorismo se redujo en un porcentaje mayor antes de la construcción de la barrera de seguridad que después de esta.

Israel no ha sido la única en querer cambiar el estatus quo en la división alfabética de Judea y Samaria. Mientras que Israel redujo el control de la AP en la Zona A en su lucha contra el terrorismo, la AP y la UE, con el apoyo financiero de los estados árabes tales como Qatar y Kuwait, han tratado en la última década de invadir activamente el dominio israelí en la Zona C, donde según los acuerdos, Israel posee el control exclusivo administrativo y en temas de seguridad.

La plaza principal de esta intensa guerra silenciosa se extiende desde Anata (bordeando el depósito de trenes ligeros del lado norte de la carretera entre Jerusalén y Jericó) hacia Abu Dis y Eizariya, tres kilómetros al sur, aterrizando en ambos lados de la carretera paralela a Ma’aleh Adumim hasta el camino a Jericó. La AP y el principal objetivo de la UE es el mismo: crear continuos asentamientos árabes desde el sur hasta el norte de Cisjordania.

Israel desea evitar ese planteamiento construyendo en el E-1, el área que puede crear un establecimiento judío continuo desde Ma’aleh Adumim hasta Jerusalén. Pero a medida que disminuyen las construcciones israelíes bajo la severa mirada del Tío Sam y un primer ministro israelí asustado, la AP, con la ayuda de la UE, ha tenido éxito en proveerles vivienda a 120.000 palestinos en un espacio no mayor a nueve kilómetros cuadrados. Esta cifra es más del doble del número de habitantes de Ma’aleh Adumim y las otras localidades israelíes en la zona que se extiende hasta Jericó.

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¿Ciento veinte mil habitantes? ¿Dónde viven todos ellos? La respuesta puede hallarse en Waze, pero es probable que uno no lo necesite. Vayan al cruce de la Guivat Tzorfatit (French Hill) y sigan por la Ruta 1 hacia Jericó. Cuando estén a un kilómetro del entrecruce literalmente, a metros de la barrera de seguridad, miren hacia el norte. Encontrarán una jungla urbana tan densa que hace ver a Bat-Iam como el Parque Central de Nueva York.

Bienvenidos a Ras Khamis y a Ras Shahada, terrenos que bloquean la vista del pueblo de Anata, hogar del profeta Jeremías de Anatot. De acuerdo a los medios de comunicación palestinos Nasrin Alian, abogada de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, 120.000 habitantes viven en esta monstruosidad urbana, la cual fue erigida desde el 2007. Umm Ishak Al-Kaluti, del mismo portal mediático, confirma que hace diez años poseía una de las pocas casas en esta colina que era una vez estéril.

La mayor parte de esta área está dentro de la línea municipal oficial y por lo tanto formalmente está bajo soberanía israelí. El restante es la Zona C, que presumiblemente controla Israel. Sin embargo, cientos de edificios de apartamentos de seis a diez pisos son construidos allí, todos estos ilegales, tal como confirmó un alto oficial de la Policía Fronteriza a cargo de la seguridad en la zona. Este funcionario y Jamil Sanduqa, jefe del consejo expediente local Ras Khamis, apoyado por la AP y la UE, ambos estarían de acuerdo a pesar de su tranquila guerra que estos vecindarios son un desastre humano. Sanduqa caracteriza el vivir allí como vivir en “cadena perpetua”.

El único camino que atraviesa esta pesadilla urbana son dos carriles anchos. Este está continuamente obstruido hasta el puesto de control 24 horas, vigilado por la policía de fronteras, que permite el paso hacia Jerusalén. A los bomberos les resulta imposible llegar al lugar en caso de emergencias tales como incendios por cortocircuitos eléctricos o explosiones de bombonas de gas (la mayoría de las cuales son colocados de manera ilegal). A estos le será aún más difícil llegar en caso de un desastre de gran magnitud tal como un terremoto.

La quema de basura al aire libre provoca devastadores efectos para la salud de los habitantes y, probablemente para los habitantes de la Guivat Tzorfatit también. Esto también es cierto para A-Zaim, una versión más pequeña de Ras Al-Khamis, ubicada sólo dos kilómetros hacia el sur, que es Zona B. En A-Zaim, la construcción ilegal se lleva a cabo hacia la carretera en violación de los convenios internacionales que estipulan distancias obligatorias entre la línea de edificación y las principales arterias de tráfico.

Desde Ma’aleh Adumim en adelante, la UE ha ubicado campamentos beduinos improvisados como su arma principal para la transformación de la Zona C dentro del posible estado de palestina. Si a estos funcionarios hubiesen colocado estos campamentos en sus estados de origen, se encontrarían entre rejas por instigar la construcción de viviendas en contra de las ordenanzas municipales, tanto en los estados del tercer mundo como en los estados que componen la UE.

Estos campamentos de rápido crecimiento están demasiado cerca de una carretera importante y carecen de sistemas de alcantarillado y de recolección organizada de la basura. Las autoridades israelíes han nivelado un área justo al sur de Abu Dis que proveerá todos estos servicios, pero la UE continua instigando este asentamiento inhumano. Obviamente, la UE considera que cualquier medio ilegal justifica su propósito de crear un estado palestino. La historia se repite en las colinas sureñas de Hebrón.

El documento escrito y firmado en 1995, que creó las zonas A, B y C, aunque algo menos dramático a su propia manera de ser, preparó el escenario para los eventos dramáticos, a menudo dolorosos. Este se relaciona directamente con temas de la actualidad, tales como la reciente propuesta del Jefe de Estado Mayor Teniente General Gadi Eisenkot de regresar al control exclusivo de seguridad de la AP sobre algunas ciudades de la Zona A, comenzando con Ramallah y con Jericó.

¿Repetirá Israel el error de proveerle a Hamás y a la Yihad Islámica con santuarios desde los cuales lanzarán no sólo ataques con armas improvisadas, tal como en la actual ola de violencia, sino también atentados suicidas masivos tales como en la segunda Intifada?

Lo mismo puede decirse de la tolerante Israel ante las masivas construcciones ilegales instigada por la UE y algunos otros países árabes. Israel pudiera estar cometiendo el mismo error que hizo entre 1996 y el 2002, cuando le permitió a la AP usurpar las zonas B y C, por las que pagó un precio muy alto durante la segunda Intifada.

 

 

El Prof. Hillel Frisch es profesor de estudios políticos y estudios del Medio Oriente en la Universidad Bar-Ilan e investigador asociado en el Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat. http://besacenter.org/perspectives-papers/abcs-judea-samaria-towards-breakdown/

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