Atentado a la AMIA – El juzgamiento en ausencia o impunidad – Por Juez Dr. Franco M. Fiumara & Dr. Nicolás Grappasonno

En Argentina nuevamente ha cobrado notoriedad la discusión sobre el juzgamiento en ausencia y la necesidad de una ley que así lo habilite. No es ocioso recordar los atentados terroristas que ha sufrido nuestro país en el pasado, en la actualidad las investigaciones se encuentran “paralizadas”, pues los sospechosos principales han decidido no presentarse ante la justicia nacional y desconocen la jurisdicción del país. Recordemos que el atentado a la Embajada de Israel  dejó un saldo de 22 muertos y 242 heridos (año 1992) respecto del mismo se realizaron investigaciones en EEUU, Israel y Argentina; además el atentado a Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó 85 muertes y 300 heridos, sobre el mismo en el año 2006  el Estado argentino acusó oficialmente al gobierno de Irán por el atentado y volvió a realizar un pedido de captura internacional a Interpol para ocho ex funcionarios iraníes (alertas rojas).

Es preocupante que la investigación de este último atentado se encuentre “paralizada”, al margen de lo que puede resolverse sobre el fondo en algún momento, porque hoy día los actuales sospechosos se encuentran en rebeldía y por tal razón no puede avanzarse en el esclarecimiento de una vez por todas.

Erróneamente hace unos años se escogió el camino de un “memorándum de entendimiento” entre Argentina y la República Islámica de Irán, con ello la inconstitucional cesión de soberanía a una comisión y jurisdicción propia del Poder Judicial de nuestro país. Con acierto fue así catalogado  y ya no tiene vigencia en el marco de la causa judicial.  En esa oportunidad, la Cámara Federal sostuvo que “…lejos de  echar  luz para  alcanzar  la verdad  y  la  justicia sobre  uno  de  los  crímenes  internacionales  más  graves  de  la  historia,  arrojan  al vacío el incesante reclamo de los damnificados…”. En la misma resolución, uno de los magistrados arriesgó que la única solución consistía en la implementación de un procedimiento que regule el juicio en ausencia, ello  sería respetuoso de los parámetros de la Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así las cosas, diversos proyectos de ley se han presentado, debemos destacar el elaborado por la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) ante la Cámara de Diputados y aquél que lograra media sanción en el Senado, firmado por la mayoría de los bloques, oficialista y oposición. Ya han pasado tres años y el tema no fue saldado, esperamos que este año se arribe a una profunda discusión acerca de esta herramienta y su inmediata implementación. Este debate se ha visto sesgado por los argumentos jurídicos que algún sector enarbola  e irradia desde un “absolutismo” irracional, aducen básicamente que “afecta la defensa en juicio” y es contrario a la “tradición jurídica argentina”.

Esto es una contradicción jurídica insalvable, casi una vulgar excusa. La defensa que se restringe es la “material” –actos que el imputado puede realizar personalmente en el proceso en post de defenderse-, pues el sospechoso decidió no presentarse ante la justicia, pero en lo formal la realidad es que puede designar un abogado de su confianza o bien, será asistido por un defensor oficial. Como no hay derechos “absolutos”, la defensa en juicio incluida, sino no fuera así ninguna medida judicial en el marco de una investigación tendría éxito, como ser un allanamiento, un reconocimiento de personas, extradición de muestras para un examen comparativo de ADN, una intervención telefónica, etc. Hasta los códigos procesales establecen que en el juico oral el imputado puede decidir no estar presente, o bien ante un acto de indisciplina el juez puede excluirlo de la sala, por dar algunas casos donde desde el vamos hay una restricción regulada. Lo que no tiene que acontecer  es que ese derecho (defensa en su faceta “material”) sea vulnerado de modo irremediable, como se dijo sí puede ser restringido. Además esta afectación será compensada cuando decida presentarse en el proceso, puede habilitar una amplia revisión de la condena y hasta en algunos casos un nuevo juicio, todo depende del momento procesal en que aparezca y las razones que aluda sobre su ausencia.

Varios constitucionalistas aluden al principio de proporcionalidad y la teoría del “balancing” ante la colisión de derechos y su mecanismo para resolverlo. En prieta síntesis, la defensa “material” del juzgado en ausencia puede compensarse otorgando distintas potestades al sospechoso, lo que mal podría compensarse es la muerte de 85 personas y la afectación a la integridad física de  otras 300, el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas del atentado (tutela judicial efectiva), la soberanía del Estado argentina para esclarecer el hecho y aplicar sus leyes, y por supuesto el interés de la comunidad internacional en prevenir y castigar el terrorismo. Una justa ponderación de estos valores y derechos en juego conlleva esta única solución posible, algunos afectaciones pueden restablecerse, otras no;  la propia naturaleza sella la cuestión porque la “muerte” no tiene compensación posible.

Tampoco resulta coherente sostener que este procedimiento es contrario a la “tradición jurídica argentina”, habida cuenta que nuestro país forma parte de la comunidad internacional y en particular del sistema interamericano de Derechos Humanos. Cabe rememorar que en el juicio de Nüremberg el nazi Martín Bormann fue juzgado en ausencia (a la postre se supo que había fallecido anteriormente), en el Estatuto para la creación del Tribunal Especial para el Líbano (caso Hariri) se habilitó el juzgamiento en ausencia (imputados: Mustafá Amine Badredine, Salim Hamil Ayyash, Hussein Hassan Oneissi y Assad Hassan Sabra, miembros de Hezbollah), se amparó en la Carta de la ONU (cap. VII). Es más, el tema hasta de orden legal, pues Argentina cuenta con la ley de cooperación internacional en materia y penal que  establece la extradición de personas condenadas en ausencia en otros países;  la Corte Suprema ha dictado numerosos fallos en este sentido, los más conocidos fueron los casos “Astiz” –extradición a Francia- y “Nardelli” –extradición a Italia. Cabe agregar que la comisión interamericana de Derechos Humanos estableció que el juzgamiento en ausencia es compatible con la convención interamericana de Derechos Humanos hasta para “delitos comunes”, siempre y cuando se garantice una adecuada revisión de la condena (caso “Tajudeen v. Costa Rica, año 1992, allí se debatía la extradición a Francia).

Lo más dramático es que el atentado terrorista  a la AMIA en suelo argentino no está esclarecido, creemos que el juzgamiento en ausencia no solo echaría luz al respecto sino que aportaría nuevos elementos de prueba para seguir adelante la investigación en relación a las conexiones locales y terroristas faltantes, y además sería una herramienta de prevención ante futuros atentados que algún grupo terrorista decida cometer en suelo argentino. El Estado está obligado a investigar, enjuiciar y sancionar a los culpables de toda violación a los Derechos Humanos, como norma internacional imperativa e inderogable.

El procedimiento no se limita al atentado y como herramienta de prevención, sino además sería sumamente eficaz  para combatir las organizaciones criminales transnacionales, castigar y prevenir el lavado de dinero, el tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas, aristas delictivas que últimamente también grupos terroristas han aprovechado de sus cometidos. Una cascada de Justicia opera como prevención futura, Carla del Ponte (ex fiscal ante el ex Tribunal para Yugoslavia y Ruanda) dijo “lo único que un Estado no se puede permitir es no investigar”.

Como corolario, entendemos que este procedimiento abona los postulados de “verdad y justicia”, otorga mayor seguridad jurídica a nuestro país y disipa cualquier duda de la posición que ocupa en la comunidad internacional. Contar con esta ley es también de suma importancia porque servirá como un método de prevención de crímenes de la misma categoría, operando la justicia como un método de contención de los actos terroristas. Desperdiciar la oportunidad de implementar los Juicios en Ausencia significa consagrar la impunidad.

 

Dr. Franco M. Fiumara: Juez en lo Criminal; Doctor en Ciencias Jurídicas; Doctor en Ciencias Políticas; Posgrado Universidad de Bari (Italia); Becario y profesor invitado de Yad Vashem (Israel); Condecorado como Ufficiale della Ordine della Stella d`Italia; Profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, Italia;  Cursos en Francia, Polonia, Alemania; Ciudadano y huésped ilustre de varias ciudades argentinas; Becario del programa Personnalité d´ avenir (Francia); Docente de grado y posgrado, Investigador y Consejero UNLaM; Disertante internacional, con numerosas publicaciones de artículos y libros, entre los más destacados, “Educación y Justicia como métodos de prevención de genocidios”, “El voto del ciudadano Italiano en el exterior”, “Rusia, turismo temático” y coautor (Lic. Karen Rebibo) de “Fascismo y Ustashas. Políticas del horror”.

Dr. Nicolás Grappasonno: Juez en lo Criminal, Especialista en Derecho Penal, Doctorando en Derecho Penal, docente de la materia, autor de libros y artículos varios.

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