RESUMEN EJECUTIVO: Preocupados por las repercusiones de las amenazas de los EE.UU., Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya rechazaron la solicitud del fiscal jefe de la corte, Fatou Bensouda, para investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por los EE.UU. y sus aliados en Afganistán. Esta decisión tiene implicaciones importantes para las batallas de la ley que los palestinos están llevando a cabo contra Israel y las guerras de información que Israel está llevando a cabo contra organizaciones y movimientos hostiles como el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanción (BDS).
A veces, “poderosas amenazas“ son la única forma de proteger los intereses de los países democráticos contra los abusos del derecho internacional y los derechos humanos. En 2001, bajo una controvertida ley universal de la ley belga, los sobrevivientes de las masacres de 1982 en los barrios de Sabra y Shatila en Beirut, donde milicias cristianas mataron a cientos de palestinos, presentaron una denuncia penal contra el primer ministro israelí Ariel Sharon. Lo acusaron de ser el responsable de la masacre ya que en ese momento se desempeñaba como Ministro de Defensa. La queja fue tratada en varias rondas de sesiones en la corte, y durante ese período Sharon no pudo visitar Bélgica debido al peligro de que lo arrestaran.
En 2003, un legislador belga utilizó la misma ley para presentar una denuncia penal contra el general Tommy Franks, comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak, alegando que era responsable de numerosas víctimas civiles. Siguiendo este ejemplo, varios grupos amenazaron con acusar al presidente George Bush, al vicepresidente Dick Cheney y al secretario de Estado Colin Powell.
La respuesta de los Estados Unidos fue rápida y dura. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, amenazó a Bélgica: La sede de la OTAN se mudará de Bruselas si no anula la ley y detiene las denuncias penales. El gobierno belga se rindió, cambió la ley y suspendió los procedimientos tanto contra los funcionarios estadounidenses como contra Ariel Sharon. En ese caso, “se los obligó a hacer lo correcto” y se detuvo el abuso del derecho internacional por parte de Bélgica y de los enemigos de Estados Unidos e Israel, y en el proceso salvó a Bélgica de sí misma.
Una historia similar surgió en torno a la Corte Penal Internacional (CPI). El tribunal se estableció en 2002 para procesar a individuos por crímenes internacionales de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Los EE.UU. e Israel no ratificaron el Tratado de Roma que estableció el Tribunal debido a la preocupación por las sentencias politizadas y sesgadas. Esas preocupaciones resultaron justificadas.
En noviembre de 2017, el fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, solicitó al Tribunal autorización iniciar una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos contra detenidos por el ejército de los Estados Unidos y la CIA en Afganistán. Los Estados Unidos protestaron enérgicamente y advirtieron a la Corte de posibles medidas de represalia.
La Autoridad Palestina ha exigido repetidamente que la CPI investigue los “crímenes de guerra” de Israel en Cisjordania y Gaza. En julio de 2018, en un movimiento inusual y extraño para la Corte, tres jueces de la CPI ordenaron al registro de la Corte, un órgano neutral de la corte, proporcionar apoyo administrativo “para establecer, tan pronto como sea posible, un sistema de información pública y actividades de divulgación en beneficio de las víctimas y las comunidades afectadas en la situación en Palestina”. Además, los jueces dieron instrucciones al registro para abrir una “página informativa en el sitio web de la Corte” dirigida exclusivamente a los palestinos e informar sobre el progreso cada tres meses. Este procedimiento proactivo nunca ha sido adoptado contra ningún estado o persona.
Estos llamamientos a la CPI enojaron al Asesor de Seguridad Nacional y ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton. En septiembre de 2018, llamó a la Corte “no responsable” y “completamente peligrosa” para los Estados Unidos, Israel y otros aliados. “A todos los efectos, la CPI ya está muerta para nosotros”, dijo a la conservadora Sociedad Federalista en Washington. “Si la Corte nos persigue a nosotros, a Israel u otros aliados de los EE.UU., no nos quedaremos callados”. Bolton amenazó a la CPI con las siguientes sanciones: “Prohibiremos que sus jueces y fiscales ingresen a los EE.UU., sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de los EE.UU. y los enjuiciaremos en el sistema criminal de los EE. UU.”. Los funcionarios de la CPI rechazaron con arrogancia las amenazas de Bolton.
En marzo de 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos revocaría las visas de los funcionarios de la CPI que atacaron el estado de derecho de los Estados Unidos investigando las denuncias contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán o las acusaciones contra Israel. “Estamos decididos a proteger al personal militar y civil estadounidense y aliado de vivir con temor de un procesamiento injusto por las acciones tomadas para defender a nuestra gran nación”, dijo. Pompeo se refirió al argumento que los países democráticos como los EE.UU. e Israel tienen la capacidad de investigar los crímenes de guerra y, a menudo, tratan de castigar a quienes infringen la ley, mientras que los países autoritarios como Rusia, Siria e Irán no respetan el estado de derecho y estos últimos nunca son investigados por los crímenes de guerra que hayan cometido. Véase, por ejemplo, Rusia en Chechenia y Ucrania, e Irán en Siria.
El 5 de abril de 2019, los Estados Unidos revocaron la visa del fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Unos días más tarde, los jueces de la Corte rechazaron su solicitud de iniciar una investigación contra los Estados Unidos argumentando que es probable que falle debido a la falta de cooperación de las partes involucradas y las restricciones presupuestarias. Es casi seguro que si el fiscal hubiera pedido autorización para investigar presuntos crímenes de guerra israelíes, los jueces no habrían tenido problemas para aprobar la solicitud. Parece, entonces, que cuando Estados Unidos está involucrado, hay otra consideración crítica. Los jueces estaban más preocupados por perder su entrada de visa en los EE. UU. Y otras sanciones financieras estadounidenses que en el caso en sí.
El presidente Trump calificó la decisión de “una gran victoria internacional” y denunció a la corte internacional por sus “poderes fiscales amplios e irresponsables”, así como por lo que considera su amenaza a la soberanía estadounidense. “Cualquier intento de atacar al personal estadounidense, israelí o aliado para un proceso judicial será recibido con una respuesta rápida y vigorosa”, dijo Trump.
La mención específica de Israel es importante porque los palestinos han estado usando la ley, el abuso del derecho internacional con fines políticos, como un instrumento crítico de sus campañas de deslegitimación y deshumanización contra Israel. La estrategia de Estados Unidos podría socavar el esfuerzo palestino porque la Corte será sometida a acciones punitivas similares si decide continuar con las investigaciones de Israel.
La revocación de la visa estadounidense del fiscal tiene otras implicaciones importantes. Hace unos días, Estados Unidos canceló la visa de Omar Barghouti, cofundador del movimiento BDS, y prohibió su entrada a los Estados Unidos. Barghouti creó un movimiento antisemita que no está interesado en la paz palestino-israelí o en los derechos humanos palestinos. Ha negado el derecho de Israel a existir como estado judío, pidió el establecimiento de un estado palestino desde el río (Jordania) hasta el mar (Mediterráneo) y exigió el regreso de millones de refugiados palestinos a Israel. Estados Unidos revocó justamente su visa porque también es ávidamente antiamericano y alienta actividades provocativas y violentas contra estudiantes judíos y oradores pro israelíes en universidades estadounidenses.
Recientemente, Israel intentó impedir la entrada de activistas de BDS que se describen a sí mismos como defensores de los derechos humanos, pero en la práctica participan y, a veces, inspiran actividades provocativas e incluso violentas contra Israel. Los activistas y sus pocos partidarios en Israel afirman que esta acción viola la libertad de expresión, pero este es un argumento vacío y sin fundamento. Un estado tiene el derecho legítimo de impedir la entrada de aquellos que solicitan su destrucción y toman medidas, como BDS, para lograr ese objetivo.
Poder hacer el bien no es una buena norma para gobernar las relaciones internacionales, porque implica discriminación y dobles estándares. Sin embargo, cuando los tribunales internacionales y las agencias de las Naciones Unidas son culpables de aplicar dobles raseros y discriminación, tal vez el único remedio sea ejercer el poder.
El Prof. Eytan Gilboa es Director del Centro para la Comunicación Internacional y asociado principal de investigación en el Centro BESA para Estudios Estratégicos en la Universidad Bar-Ilan. Actualmente, es profesor visitante del Instituto de Israel en la Universidad de Pennsylvania.
